Desenredo
Inculpar a las madres de las niñas y adolescentes, quienes estaban
institucionalizadas en el gubernamental Hogar Virgen de la Asunción y
fallecieron quemadas en un cuarto que estaba bajo llave, y no al Estado
de Guatemala, muestra una visión deshumanizada de lo ocurrido el 8 de
marzo pasado.
Mientras continúan las audiencias de este caso, de nuevo se escuchan
voces que estigmatizan a las niñas y adolescentes que estaban bajo
resguardo del Estado en ese albergue, por decisión de los jueces
respectivos.
Hay que responder a esos comentarios porque representan una actitud
discriminatoria contra quienes son pobres, viven múltiples violencias
patriarcales y carecen de oportunidades, además porque reproducen
prejuicios racistas, de género y de clase.
Conforme sigue la etapa intermedia del proceso contra tres de los ocho
inculpados, se conoce de la aceptación definitiva de la organización
Mujeres Transformando el Mundo como querellante, misma que presentó el 4
de agosto una querella penal por el delito de tortura contra los
imputados, misma que fue aceptada.
Esto significa que se seguirán dos caminos en la búsqueda de la
justicia. Uno conducido por el Ministerio Público que señala delitos
culposos (son aquellos en los que se reconoce algún grado de acción
lícita por el encierro de las y los jóvenes); otro que inicia, el cual
vincula todos los hechos que dañaron a niñas, niños y adolescentes de
los hogares Virgen de la Asunción y San Gabriel, en los que tuvo lugar
una acción ilícita de castigo y llevó a la pérdida de 42 vidas.
Han pasado cinco meses, en los que se ha conocido más detalles de los
hechos ocurridos en un hogar bajo responsabilidad de la Presidencia de
la República, en un país cuyo contexto se distingue por las relaciones
jerarquizadas, y se va evidenciando -a partir del 2015- los tentáculos
de la corrupción ejercida por funcionarios del Ejecutivo, diputados,
grandes empresarios y sus empleados de confianza.
En lugar de circunscribir el proceso judicial de manera fraccionada para
demostrar si hubo o no negligencia por parte de los funcionarios
públicos encargados del cuidado y protección de niñas y adolescentes;
con la participación de Mujeres Transformando el Mundo se abre la
posibilidad de analizar de manera integral si ocurrió una acción ilícita
al encerrar en un auditorio a 43 jóvenes y en un cuarto con barrotes a
56 niñas y adolescentes con la clara intensión de reprimirlos.
Cabe preguntar qué persiguen quienes siguen criminalizando a las
personas menores de 18 años de edad que están bajo resguardo del Estado,
debido a que en sus casas familiares no cuentan con condiciones dignas
para vivir o carecen de un hogar, han sufrido violación sexual o
amenazas por individuos vinculados a grupos delictivos, enfrentan otros
tipos de violencia o son potenciales víctimas de los delitos de trata.
Hay que refutar esa corriente de opinión, ya que al inculpar a las
madres de niñas y adolescentes buscan descalificar que ellas merezcan
una reparación digna o bien minimizar la pésima actuación de
funcionarios públicos que avalaron el uso excesivo de la fuerza,
desconocieron las denuncias presentadas e ignoraron las causas que
originan la institucionalización de niñas, niños y adolescentes en el
Hogar Virgen de la Asunción.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.-
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