Se reproduce íntegro el desplegado publicado este jueves en La Jornada, en el marco del inicio de la renegociación del TLCAN:
Las y los participantes en el Encuentro de Organizaciones
Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, ante el inminente proceso
de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), condenamos este modelo porque ha afectado gravemente el desarrollo nacional, siendo contrario a los intereses de los pueblos,
del medio ambiente y de nuestro sistema democrático. Además, los
tratados de libre comercio han fracasado políticamente por no haber
cumplido con las promesas y expectativas de prosperidad anunciadas para
los trabajadores del campo y la ciudad, detonando una severa crisis
social.
Apostamos por la construcción de un nuevo modelo de integración,
cooperación e intercambio entre los países, que garantice la
participación democrática de la sociedad en la negociación de cualquier
acuerdo, que sea transparente en todos sus términos y condiciones y que,
con base, en la cooperación internacional y la soberanía de cada país,
promueva la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales,
regionales y locales, con pleno respeto a los derechos humanos,
políticos, económicos, sociales, culturales y del medio ambiente.
Además, debe garantizar el trabajo digno y el salario remunerador,
independientemente del origen o condición migratoria.
Ya que desde la implementación del TLCAN en 1994, han sido los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en los tres países han sufrido, mientras que los inversionistas ricos,
las grandes corporaciones y sus ejecutivos han cosechado más ganancias y
han adquirido más derechos y poder. Ese poder ha tenido un efecto
negativo en nuestras democracias.
Cualquier tratado comercial debe revertir estas tendencias
innegables y conducir hacia un desarrollo sustentable, sostenible y
ampliamente compartido en toda América del Norte.
Hasta ahora, no son alentadores los signos de que un nuevo TLCAN
contribuya a las necesidades de las personas y las comunidades de
América del Norte y al medio ambiente que todos compartimos. Varios
funcionarios en los Estados Unidos han mencionado utilizar el Tratado de
Asociación Transpacífico (TPP) como punto de partida, para su revisión,
aunque los trabajadores y las comunidades se oponen ampliamente al TPP
con argumentos concretos y buenas razones.
Las organizaciones, movimientos de la sociedad civil y
comunidades originarias rechazamos no sólo los detalles técnicos del
actual TLCAN y los posteriores acuerdos comerciales dirigidos por
Estados Unidos en las Américas, sino también las posiciones
beligerantes, militaristas, xenófobas y misóginas del Presidente Trump.
Por lo que exigimos la plena vigencia del derecho internacional y la no
intervención para garantizar la paz mundial.
Nos oponemos a los muros fronterizos en América del Norte y
defendemos los derechos humanos y laborales de las personas que emigran,
así como su derecho a no ser obligados a emigrar por la pobreza y la
inseguridad.
Por estas razones, cualquier Tratado y proceso de negociación debe:
1) Avanzar a través de un proceso transparente, democrático y
participativo en el que participen los pueblos y el poder legislativo de
cada país.
2) Incluir en el texto del acuerdo normas laborales y ambientales
claras y efectivas, vinculantes y ejecutables, con plazos que se
cumplan, y que vayan más allá de los estándares internacionales
establecidos.
3) Eliminar los privilegios de los inversionistas extranjeros,
así como el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y
Estado (ISDS), así como respetar el derecho de los pueblos a ejercer
controles democráticos sobre las políticas públicas en cada país.
4) Establecer normas vinculantes que garanticen la preponderancia
de los Derechos Humanos con base en los acuerdos y pactos
Internacionales.
5) Instaurar políticas integrales de género, que garanticen la
equidad y la no discriminación como principios transversales, así como
la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
6) Garantizar la participación y el consentimiento previo e
informado de las comunidades y pueblos originarios, con el fin de
respetar la soberanía de los pueblos sobre sus recursos, sus territorios
y sus culturas.
7) Incluir medidas en la legislación y prácticas que aumenten los
salarios y el acceso al trabajo decente en los tres países, promoviendo
la democracia y la libertad sindical y la negociación colectiva
transnacional en los casos en que un empleador opere en dos o más
países.
8) Garantizar la educación pública, gratuita, en todos los
niveles como un derecho social, indispensable en la construcción de
sociedades democráticas, con justicia social y para la emancipación de
nuestros pueblos y la exclusión de la educación de los tratados de libre
comercio, pues no es una mercancía.
9) Impulsar una política industrial en América del Norte, que
proteja de manera efectiva una producción compartida, aumentando los
requisitos cuantitativos para las reglas de origen y fortaleciendo el
monitoreo para garantizar el origen norteamericano de componentes en
industrias claves.
10) Salvaguardar la soberanía alimentaria, los mecanismos de
gestión de la producción y su abastecimiento, la subsistencia rural y el
derecho a saber qué hay en nuestra alimentación y cómo y dónde se
produce.
11) Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad; la
educación, la salud, la seguridad social, la energía, el agua,
etcétera. Proteger los derechos de las naciones a expandir la propiedad
pública de los recursos y los servicios.
12) Incluir compromisos compartidos sobre los derechos de los
trabajadores migratorios y los pueblos indígenas y mecanismos
ejecutables para protegerlos, así como, garantizar su organización
sindical.
13) Rechazar los capítulos de propiedad intelectual y comercio
electrónico por violar los derechos de libertad de expresión, privacidad
y acceso al conocimiento y medicamentos. Preservar un internet libre y
abierto integralmente, evitar la criminalización de los usuarios finales
e impedir que los derechos de autor sean mecanismos de usura.
14) Incorporar compromisos compartidos para mejorar la
infraestructura pública y la sostenibilidad, en los tres países,
promoviendo la justicia fiscal a través de impuestos justos, equitativos
y progresivos sobre los beneficios.
15) Incluir obligaciones fuertemente vinculantes y ejecutables
para enfrentar el cambio climático, la deforestación, la contaminación
del aire y el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, así
como preservar la propiedad social de bosques, tierras, la biodiversidad
y el agua. Se debe requerir a cada país que cumpla con su contribución
determinada para el acuerdo de París sobre cambio climático.
Las organizaciones de la sociedad civil de América del Norte no
aceptarán un TLCAN tóxico y cooperarán a través de las fronteras para
monitorear, movilizar, educar, abogar y exigir que estos objetivos sean
conquistados.
Fortalecer nuestro compromiso de trabajar conjuntamente e
implementar un plan de acción trinacional; que incluirá un conjunto de
manifestaciones, movilizaciones, campañas, declaraciones políticas y el
uso de todos los recursos jurídicos, políticos y de cabildeo necesarios
para lograr un nuevo modelo de comercio que anteponga a los pueblos y al
planeta por encima de las ganancias de las corporaciones.
Con base en lo expuesto, convocamos a los pueblos de los tres
países a construir un movimiento amplio y diverso, que desarrolle
estrategias de movilización, propuesta e interlocución política para
lograr una mayor incidencia en el rumbo de la globalización, en las
políticas públicas y en la construcción de alternativas de desarrollo
sustentable.
* Esta Declaración fue aprobada en lo general por unanimidad, por
los participantes presentes en el Encuentro de Organizaciones Sociales
de Canadá, Estados Unidos y México, celebrado en la Ciudad de México 26 y
27 de mayo de 2017.
Firmantes:
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