Hospitales no identifican casos y ellas no acceden a la ILE
Los agresores sexuales están dentro de sus hogares, algunas son temerosas de ir a denunciar, otras detectan muy tarde que están embarazadas, hay quienes no acceden a la interrupción del embarazo y muchas son obligadas a ser madres pero lo peor es que son niñas de entre 10 y 14 años de edad que ven trastocado su proyecto de vida tras una violación sexual.
Se trata de niñas víctimas de violación sexual que presentan un embarazo no deseado y de gestaciones que no se registran en las estadísticas oficiales como producto de un delito.
Los casos existen aun cuando los estándares de la Organización Mundial de Salud (OMS) dicen que la edad reproductiva es a partir de los 15 años de edad. De 2012 a 2015 a nivel nacional el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contó 43 mil 093 nacimientos donde la madre tenía entre 10 y 14 años de edad.
De estos casos, dos por ciento tenía 10 años (808 casos); siete por ciento eran niñas de 11 y 12 años de edad (2 mil 817 casos); 16 por ciento tenía 13 años (6 mil 702); y la mayoría, 73 por ciento, tenía 14 años de edad. Aunque no hay información certera se presume que estas niñas fueron víctimas de un delito sexual.
Como evidencia de posibles relaciones sexuales forzadas, el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que, en promedio, las niñas entre 10 y 11 años de edad que presentan un embarazo, tienen una “pareja” de 10 o más años mayores. Es decir, una niña de 10 años pudo ser “pareja” de un hombre de 20 o más años.
En tres años (2012-2015) las entidades que concentraron el mayor número de casos de niñas-madres entre 10 y 14 años fueron Chiapas con 4 mil 166 casos, el Estado de México con 3 mil 808, Veracruz con 3 mil 173 casos, Guerrero con 2 mil 508 y Puebla con 2 mil 038 casos.
DELITO SIN DENUNCIA
Desde hace poco más de un año los servicios médicos del Estado están obligados a garantizar a las víctimas de violación mayores de 12 años de edad la interrupción legal del embarazo (ILE) sin necesidad de presentar una denuncia penal, esto luego de que en marzo de 2016 se reformara la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
Sin embargo, especialistas del Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatología (Inper), ubicados en la Ciudad de México, señalan en entrevista que la mayoría de las niñas entre 10 a 14 años de edad que atienden no acceden a los servicios de aborto porque acuden a las instituciones de salud con embarazos de más de 12 semanas de gestación.
El jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Mujer, Héctor Peña Dehesa, reporta que en 2016 la institución atendió a 52 niñas embarazadas de 10 a 14 años de edad; 48 de ellas llegaron con un embarazo avanzado por lo que tuvieron que concluirlo (se practicaron 19 cesáreas y 25 partos); únicamente ocho accedieron a un aborto.
“Cuando tenemos pacientes menores de 15 años es altamente probable que haya existido una relación no consensuada, una violación sexual”, señala el doctor Peña Dehesa.
A pesar de las sospechas de un delito, la coordinadora de la Unidad de Investigación en Medicina de la Adolescente del Inper, Josefina Lira Plascencia, reconoce que las instituciones de salud pública no están capacitadas para identificar si una niña menor de 15 años de edad que presenta un embarazo fue víctima de violación.
Por ejemplo, cuando el personal integra el historial clínico de una paciente se aplican cuestionarios para identificar entre otras cosas rasgos de violencia sexual, pero los reactivos son generales y no están especializados en la infancia, lo que dificulta tener un diagnóstico y registro certero, indica Lira Plascencia.
ESTRAGOS DE LA MATERNIDAD FORZADA
La psicóloga de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Diana Mireya Saldívar Moreno, afirma que la edad de la víctima y el contexto donde ocurre la violencia complica la denuncia; son niñas que están siendo violentadas dentro de sus hogares, por los padres, hermanos, tíos, primos o personas conocidas.
La especialista en niñez explica que es difícil para ellas verbalizar y dar testimonio de la violencia sexual que están viviendo por parte de sus familiares pues las someten bajo amenazas y engaños. A ello se agregan los estigmas dentro del hogar, que no permiten que las denuncias salgan del ámbito privado, precisa Mireya Saldívar.
El impacto que genera en la vida de las niñas entre 10 y 14 años de edad vivir una violación y asumir una maternidad que no desearon es radical, expresa la psicóloga de Adivac, organización que desde hace 27 años atiende a víctimas de violencia sexual.
Es necesario, advierte, que se les garantice una atención psicológica integral al estar en una etapa de desarrollo cognitivo social, emocional y físico.
Un embarazo causa en ellas situaciones de depresión, estrés postraumático, sensaciones de culpa por no querer ser madres y mayores posibilidades de desertar en la escuela, describe la psicóloga.
Su salud también entra en riesgo, indica el especialista en ginecología, Héctor Peña Dehesa. Por su edad, las niñas tienen riesgo de morir durante la gestación o el parto porque para ellas la muerte materna es cuatro veces mayor que para las adolescentes; son más propensas a presentar preeclampsia (presión alta), nacimientos prematuros e infecciones en el sistema urinario y el área vaginal.
Además, muchas de ellas no reciben la atención especializada que requieren durante los primeros meses del embarazo porque primero son atendidas en centros de salud y no son referidas a hospitales calificados para atenderlas porque el personal médico concibe como “algo normal” un embarazo a una niña menor de 15 años, asegura el doctor Héctor Peña.
EL CICLO DE VIOLENCIA
Para la consejera de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Jennifer Haza Gutiérrez, la atención a niñas víctimas de una violación “ha sido ignorada” durante años por los gobiernos federales y estatales, quienes no han generado estrategias para la prevención y denuncia de este delito que se mantiene como un fenómeno normalizado.
Con ello, dice la también directora de la organización chiapaneca, Melel Xojobal, se ha perdido la oportunidad de que ejerzan su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE) y una atención psicológica integral, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez.
Sin acceso a los servicios médicos y a la justicia, dice Haza Gutiérrez, las niñas continúan en un “ciclo de violencia”: viven en los hogares donde fueron violentadas, son obligadas a convivir con los agresores y muchas veces forzadas a ser madres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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