La negociación anticipada
del azúcar, considerada el prólogo de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que ayer inició sintetiza
una cadena de errores del gobierno mexicano, que lo colocan en una
posición de gran debilidad. La larga disputa por el azúcar se convirtió
en una moneda de cambio de la actual administración, sacrificable para
salvar la renegociación total y en un botón de muestra de cómo serán las
negociaciones entre la superpotencia y el gobierno débil y sin
consensos de nuestro país.
El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, planteaba
la importancia de encontrar una solución que mantenga el balance de edulcorantes en ambos mercados, pero nunca incluyó las importaciones de fructosa en el acuerdo.
A principios de los noventa, durante la negociación del TLCAN, México
era un importador neto de azúcar, pero tenía una pequeña cuota de
exportación a Estados Unidos de 8 mil toneladas. Los negociadores
mexicanos apostaban que la privatización de los ingenios aumentaría la
producción y la productividad y solicitaron a Estados Unidos una cuota
para exportar 1.65 millones de toneladas, que no fue aceptada. El TLCAN
aumentó a México la cuota de exportación libre de impuestos sólo hasta
25 mil toneladas entre 1994 y 2000, y hasta 150 mil toneladas entre 2001
y 2007 a condición de tener excedentes. Incluso en este último periodo
podría tener un acceso ilimitado si registraba superávit por dos años
seguidos.
Este acuerdo original levantó un fuerte debate, porque la industria
del azúcar en Estados Unidos había enfrentado ya en la década de los
ochenta el cambio de azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa en la
industria refresquera.
México había establecido 15 por ciento de arancel para las
importaciones de azúcar y 210 por ciento para las de fructosa, ambas a
eliminarse en 15 años. Las cartas paralelas sobre el azúcar firmadas
como condición para que el gobierno de Clinton aceptara el TLCAN,
especificaron que para que México fuera superavitario, debía considerar
también el consumo de fructosa. Así la condición de excedentario nunca
se cumplió en el periodo de transición entre 1994 y 2007.
A partir de 2008, los mercados de los dos países están liberalizados
para todos los productos agropecuarios. Las importaciones de fructosa
provenientes de Estados Unidos aumentaron rápidamente hasta alcanzar 900
millones de dólares en 2012. En contraparte las exportaciones mexicanas
de azúcar también se dispararon y alcanzaron 175 millones de dólares en
2013. La industria azucarera de Estados Unidos respondió solicitando a
la Comisión de Comercio Internacional una investigación antidumping
y por subsidios compensatorios. México fue encontrado culpable por esta
comisión que comprobó que el azúcar mexicana se exporta con márgenes de
dumping. Los subsidios se refieren a la expropiación y rescate
de los ingenios en quiebra que hizo el gobierno de Fox para después de
saneados devolverlos a sus antiguos dueños. Esto pemite a Estados Unidos
aplicar aranceles de cerca de 80 por ciento. Para evitarlos, los dos
países llegaron a un acuerdo de suspensión en 2014. México se
comprometió a cumplir con topes de volumen y precio y con un calendario
para las exportaciones. Así la liberalización del TLCAN quedó sin efecto
para el azúcar.
También los industriales mexicanos de azúcar solicitaron a la
Secretaría de Economía una investigación por la importación de fructosa a
precio dumping. Economía concluyó en 2015 que si bien las importaciones de fructosa se realizaron
con márgenes de subvaloración, no continuaría la investigación, pues no causaba daño a la producción de azúcar.
A fines del año pasado las corporaciones azucareras de Estados Unidos
reclamaron que los acuerdos de suspensión no las protegían
suficientemente y establecieron como fecha límite el 5 de junio pasado
para llegar a un nuevo acuerdo a riesgo de imponer los aranceles. El 6
de junio concluyó la disputa con un nuevo convenio.
Wilbur Ross, secretario de Comercio y responsable de la negociación
por Estados Unidos, declaró: “Hemos conseguido que la parte mexicana
acepte casi todas las demandas hechas por la industria azucarera
estadunidense para resolver los defectos del sistema actual y garantizar
un trato justo a los productores y refinadores de azúcar de América”.
En tanto que el secretario Guajardo, responsable de la parte mexicana,
intentaba difundirlo como un éxito, pues mantiene el acceso del azúcar
mexicana al mercado estadunidense y cualquier demanda adicional será
ofrecida a México. Los azu
careros
mexicanos declararon que ellos definitivamente sacrificaron mucho, en
tanto que la calificadora Moody's para América Latina resumió el sentir
general:
Lo que vimos es que México aceptó el castigo que le impuso Estados Unidos.
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