R. Aída Hernández Castillo*
En el contexto de un taller de mujeres indígenas y afromexicanas defensoras de sus derechos, realizado el 25 y 26 de junio, en Pie de la Cuesta, Guerrero, las compañeras de la Conami cuestionaron la falta de documentación e indiferencia que existe por parte del estado y la sociedad mexicanas, ante las violencias extremas, cotidianas y estructurales contra mujeres indígenas y afrodescendientes. En contraste con la cobertura mediática que han tenido algunos casos de feminicidios de estudiantes o profesionistas en regiones urbanas, los asesinatos, desapariciones y violencias múltiples de mujeres que tienen lugar diariamente en territorios indígenas y afros, pasan desapercibidos y no son noticia para los medios, a excepción de las notas rojas de periódicos locales que tienden a presentarlos de manera sensacionalista y revictimizante.
Desde distintas regiones de Guerrero asediadas por el crimen organizado, las mujeres reunidas en este encuentro compartieron sus experiencias en la defensa de sus comunidades, los riesgos que enfrentan en su trabajo cotidiano con las mujeres y las violencias racistas que deben vivir cuando se acercan a las instituciones del estado. En sus testimonios dieron cuenta de cómo las violencias familiares se han profundizado durante la pandemia con el regreso de los hombres migrantes, la precarización de la vida y la exclusión y deserción escolar. Una preocupación común es cómo enfrentar las violencias de género cuando los perpetradores no son sólo hombres violentos, sino también sicarios, que tienen tras de sí ejércitos armados que amenazan y ponen en peligro la vida de las defensoras. Las estrategias de trabajo aprendidas en décadas de defensa de las mujeres, resultan limitadas en contextos en donde la complicidad del crimen con los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad, crea un clima de impunidad que da permiso para matar.
A pesar de esta crisis de violencia y de que en ocho municipios de
Guerrero se ha declarado alerta de género (Acapulco de Juárez, Ayutla de
los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta,
Ometepec y Tlapa), continúan los recortes presupuestales para el trabajo
con mujeres indígenas y afro. Las Casas de la Mujer Indígena (Cami)
luchan por sobrevivir con pocos recursos y el doble de trabajo que ha
traído la pandemia (https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/opinion/018a1pol).
La señora Inés Fernández Ortega, sobreviviente de violencia
institucional castrense, conmovió a las participantes con la fuerza de
su palabra en mepha’a, narrando la lucha que ella y sus compañeras han
tenido que dar para que el Estado mexicano cumpla con la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos creando la Casa de los Saberes
Gúwa Kúma. Centro Comunitario de la Mujer Mépháa y Tu’un Savi de Ayutla
de los Libres. Este centro, inaugurado con 10 años de retraso, corre el
peligro de convertirse en un elefante blanco
, si no se le
asegura el presupuesto completo y oportuno para permitir su
funcionamiento. Las profesionistas mepha’a y tu’un savi que están al
frente del proyecto, así como las mujeres de comunidad que forman su
cuerpo asesor (embajadoras), han tenido que desplazarse de sus lugares
de origen y dejar a sus familias, trabajando varios meses sin percibir
salarios por los problemas burocráticos de las instancias estatales que
lo financian.
Se compartieron historias de violencia obstétrica, de racismo judicial, de violencias extremas y cotidianas; los testimonios fueron tejiéndose en un memorial de agravios y resistencias, que nos llenó de indignación e impotencia, pero también de fortaleza y esperanza ante las posibilidades de articular esfuerzos. Una nueva generación de académicas-activistas jóvenes y varias que ya tenemos décadas caminando a su lado, hemos reconfirmado nuestro compromiso de acompañar sus luchas y hacer eco a sus denuncias. Sirva este texto para ratificar estas alianzas.
*Doctora en antropología, investigadora del Ciesas
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