2/21/2011

¿Daño colateral o sacrificio?



Carlos Fazio

El 10 de febrero, durante una audiencia del comité selecto sobre inteligencia de la Cámara de Representantes en Washington, James Clapper, director de Inteligencia del gobierno de Barack Obama, dijo que debido a la narcoviolencia en la frontera, México había sido elevado a categoría uno, la más alta en cuanto a las amenazas potenciales a la seguridad nacional de Estados Unidos. Según los protocolos y las directivas de la Dirección de Inteligencia (DNI) estadunidense, la definición de categoría uno pasa por el escritorio del Consejo de Seguridad Nacional y es aprobada por el inquilino de la Casa Blanca.

En su testimonio de evaluación entregado por escrito al comité, el funcionario calificó de insuficientes las capacidades militares y policiales dedicadas al combate a los cárteles criminales en México. Y como consignó David Brooks en La Jornada, Clapper señaló entonces que no se veían señales de que, debido a un cambio de estrategia, los líderes traficantes hayan decidido atacar de manera sistemática a funcionarios de Estados Unidos en México. Sin embargo, advirtió que la amenaza colateral a personal estadunidense continúa siendo real, y podría empeorar si los cárteles concluyen que la asistencia de Washington resulta esencial para cualquier mejora pronunciada en los esfuerzos mexicanos antidrogas.

Apenas cinco días después (15 de febrero) eran baleados en San Luis Potosí dos agentes especiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), adscritos a la Secretaría de Seguridad Interior en la misión de Paseo de la Reforma, a cargo del embajador Carlos Pascual. De acuerdo con la información oficial, los policías viajaban por la carretera Monterrey-México a bordo de una camioneta blindada, con placas diplomáticas, cuando fueron baleados por desconocidos. Jaime Zapata resultó muerto, Víctor Ávila sobrevivió al ataque. Entre las hipótesis se maneja que, tras sostener al menos dos encuentros con informantes y otros agentes estadunidenses, fueron víctimas de una emboscada o un ataque premeditado. Las teorías difieren: una indica que antes del atentado hubo una persecución; otra alude a un falso retén militar instalado en la carretera.

La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, declaró en Washington que un equipo encabezado por agentes de la FBI haría una intensa investigación en México. Y sin tapujos adelantó que los ejecutores de Jaime Zapata serán ajusticiados. Es decir, se les aplicará la pena de muerte; no aclaró cómo. La premisa es simple: si tocan a uno nos tocan a todos. Ergo, habrá venganza.

Más allá del desenlace quedan muchas interrogantes. ¿Cuáles eran las tareas de los policías estadunidenses en territorio nacional? ¿Eran agentes adscritos a la Oficina de Aduanas-Alianza Comercio contra el Terrorismo? ¿Cumplían alguna misión específica? ¿Realizaban labores de asistencia técnica y de intercambio de información con sus contrapartes en México? ¿De qué orden? ¿De aduanas? ¿De drogas? ¿De tráfico de personas? ¿Entregaron equipo técnico? ¿Eran asesores o instructores en la escuela de la Policía Federal ubicada en San Luis Potosí? ¿Formaban parte de alguna fuerza de tarea encubierta y, por tanto, de intervención directa y ejecutiva en territorio nacional, al margen de las leyes locales? ¿Es verdad que estaban desarmados en “territorio zeta”? ¿Conocían los agentes a sus agresores y por eso fueron sorprendidos? ¿Por qué los disparos fueron dirigidos al abdomen y a las extremidades inferiores de las víctimas? ¿Por qué dejaron con vida a Víctor Ávila? ¿Ávila no declaró ante autoridades mexicanas? ¿Por qué? ¿Fue una provocación dirigida a intensificar la guerra de Calderón y facilitar una mayor injerencia de los organismos de seguridad de Estados Unidos en México?

¿Fue una simple casualidad que el máximo jefe de la Inteligencia estadunidense, Clapper, advirtiera cinco días antes sobre un eventual cambio de estrategia de los cárteles locales, singularizado en el ataque a personal de seguridad de su país en México? ¿Habrá alguna relación de causalidad con que tras el atentado, casi en automático, los congresistas Michael McCaul, representante republicano por Texas, y el demócrata Henry Cuéllar, el de más alto rango en el Comité de Seguridad Interna, declararan que el ataque a Zapata y Ávila implica un cambio de reglas, lo que a su vez llevaría a un cambio de juego en la relación bilateral?

El atentado ocurrió tras una campaña de saturación propagandística de Washington, iniciada luego de que Calderón flaqueó en cuanto a seguir utilizando el concepto guerra en el combate a los grupos criminales. De inmediato, el jefe del estado mayor del Pentágono, almirante Michael Mullen, reivindicó la guerra en México. Y en vísperas de la visita de Hillary Clinton, el vocero del Departamento de Estado declaró que la violencia de los cárteles mexicanos amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Como para ambientar la llegada de Hillary, un coche bomba estalló en Tula, Hidalgo. Luego, la bipolar secretaria de Estado reivindicó aquí al Ejército Mexicano y marcó la línea: gane quien gane, la guerra debe seguir más allá de 2012. Después, el Capitolio reforzó la matriz de opinión sobre la insurgencia criminal y el terrorismo doméstico en México; el subsecretario del Ejército de EU, Joseph Westphal, contempló el envío de tropas; la Napolitano volvió a asustar con una alianza zetas-Al Qaeda –narcoterrorismo, pues–, y el zar de la Inteligencia, Clapper, vaticinó ataques contra agentes estadunidenses.

¿Fue una profecía autocumplida o simple daño colateral? ¿Qué sigue? ¿El cambio de juego y de reglas? ¿Acaso una intervención humanitaria del Pentágono? ¿La pedirá Felipe Calderón?

El nuevo Santa Anna

John M. Ackerman

Las demandas colonialistas del gobierno francés en el caso de Florence Cassez han servido como la perfecta cortina de humo para esconder el entreguismo del gobierno de Felipe Calderón a Estados Unidos. Este sábado, 19 de febrero, una aplastante mayoría (277 en favor, 149 en contra) de integrantes en lo que sería la Cámara de Diputados estadunidense aprobó una iniciativa que prohíbe al gobierno de ese país solicitar informes sobre la venta de armas de alto poder cerca de la frontera con México. Los informes no habrían implicado limitación alguna a la venta de las famosas armas de asalto, sino solamente una mínima transparencia para perseguir y castigar el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país.

Esta nueva muestra de la falta de voluntad política de Washington hacia México no mereció extrañamiento alguno de la Presidencia de la República, y ni siquiera un comunicado formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La única reacción fue un escueto mensaje de 140 caracteres del embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, en su cuenta personal de Twitter: Lamentable que mayoría en Camara de Representantes haya votado anoche para bloquear que el gobierno de EU obligue a armerías reportar ventas múltiples de armas de asalto.

Frente a este nuevo fracaso para la diplomacia mexicana, lo único que el representante de todos los mexicanos ha atinando a hacer ante el gobierno estadunidense es tomar un paño de lágrimas para lamentar la decisión. Ya en diciembre, la clase política de EU le había dado su espalda a México cuando el Senado paró en seco la dream act que habría legalizado a 800 mil jóvenes y estudiantes indocumentados (ver mi análisis sobre el tema en: http://bit.ly/gZT7gR).

Hoy, los políticos estadunidenses han ratificado su absoluta indiferencia, si no es que abierto desprecio, por nuestro país al permitir la total opacidad de las 8 mil 500 tiendas que venden armas asesinas en los estados fronterizos de California, Texas, Arizona y Nuevo México. Habría que recordar que, de acuerdo con los datos oficiales, 90 por ciento de las armas decomisadas en México tienen origen en EU. Así mismo, ya existe en ese país un sistema casi idéntico de informes para el caso de pistolas y armas cortas. El detalle es que estas armas cortas sí representan un peligro para los estadunidenses, porque son utilizadas frecuentemente en delitos de aquel lado de la frontera, mientras las largas son las armas favoritas para los delincuentes del lado mexicano.

Los 277 diputados que votaron en favor de la prohibición de la medida en los hechos están diciendo que están conformes con la matanza que hoy está diezmando una generación entera de la juventud mexicana. Es un grito a cielo abierto que a los políticos estadunidenses simplemente no les importa el derecho a la vida más allá de su frontera sur.

En este contexto, resultan simples bravuconadas la cancelación del año de México en Francia y el abandono del embajador en París de un acto en el senado galo. Lo que hacen falta son acciones verdaderamente contundentes para defender los intereses de los mexicanos y construir una solución de largo plazo para la actual tragedia nacional. Muy envalentonado, Calderón ha dicho: No se puede pensar que México, porque es un país en desarrollo, porque es un país con carencias, es un país que se va a dejar, pues por supuesto que no, y se equivocan quienes así piensan. Falta que ponga en práctica este supuesto interés en defender la soberanía nacional, ahora con respecto a los estadunidenses.

Por ejemplo, tal como ya lo hemos propuesto en un par de artículos recientes, tanto en Proceso (http://bit.ly/g8cPDB) como en The Guardian (http://bit.ly/dKpZEf), si el gobierno de EU no toma medidas definitivas para combatir el flujo de armas hacia México, el gobierno mexicano debería negarse a dar prioridad al combate al trasiego de drogas hacia allá, y de la mariguana en particular. Esta decisión liberaría importantes recursos en materia de seguridad pública para la persecución de delitos realmente dañinos para la sociedad mexicana, como el homicidio, el secuestro y el tráfico de personas. Si a los políticos estadunidenses únicamente les importa su propio país (evidenciado con el criterio contradictorio respecto de los informes sobre armas de asalto y sobre armas cortas), no tienen cara para exigirnos a los mexicanos sacrificar docenas de miles de nuestros jóvenes con tal de proteger los millones de consumidores en EU, la mayoría de las cuales además fuman su mariguana con gusto y muchos ya de manera legal.

Otra acción recomendable sería condicionar la entrada de agentes estadunidenses en el territorio nacional a desarrollar acciones claras en materia migratoria o de control de armas. La FBI ya se encuentra en los hechos a cargo de la investigación del ataque a los agentes Jaime Zapata y Víctor Ávila, la semana pasada. Los nuevos agentes vienen a engrosar las filas de los cientos (o quizás miles) que ya se encuentran operando en territorio nacional y cuentan con su base de operación en la nueva Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida.

La colaboración y la cooperación tienen sentido, siempre y cuando sea un camino de dos vías. Entregar todo a cambio de nada no es más que repetir el error histórico de Antonio López de Santa Anna de rematar el territorio nacional al vecino del norte.


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