Según los manifestantes, algunos de los activistas agredidos solicitaban justicia ante la desaparición o asesinato de una persona cercana.
Los defensores de los derechos humanos son víctimas frecuentes de la violencia que gira en torno al narcotráfico en varias partes de México.
En las últimas semanas varios activistas han sido asesinados, sus casas fueron incendiadas o familiares cercanos desaparecieron.
La violencia se ha presentado especialmente en el estado de Chihuahua, en el norte de México, donde los carteles de Sinaloa y Juárez disputan el control de una de las principales rutas de narcotráfico.
Hasta ahora las autoridades no han identificado a los responsables. La impunidad alienta más atentados, afirma Edgar Cortéz, del independiente Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
"En la casi totalidad de los ataques a defensores de derechos humanos no ha habido una investigación profunda y efectiva", dice en conversación con BBC Mundo.
Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado al gobierno mexicano que proteja la vida de algunos activistas. La Secretaría de Gobernación no ha emitido ninguna posición oficial sobre el tema.
Protestas
Algunos de los activistas agredidos solicitaban justicia ante la desaparición o asesinato de una persona cercana.
Es el caso de Marisela Escobedo, madre de Rubí Frayre quien presuntamente fue asesinada por su pareja.
La permisividad a los delincuentes genera un contexto donde la vida de los defensores de derechos humanos está cada día más expuesta
Edgar Cortéz, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
El acusado, Sergio Barraza, fue liberado por tres jueces a pesar de que había pedido perdón por el homicidio, y de que las autoridades habían encontrado los restos de la joven.
Barraza ha sido acusado de pertenecer a un grupo vinculado al cartel de narcotráfico de Los Zetas, uno de los más peligrosos de México y Centroamérica.
Escobedo inició una jornada de protestas, como una caminata semidesnuda por carreteras de Chihuahua. En diciembre pasado fue asesinada frente al Palacio de Gobierno, donde había instalado un campamento.
No fue el único caso. Semanas después, el 7 de febrero, tres familiares de la activista Josefina Reyes fueron secuestrados por un comando armado.
Reyes protestaba por el asesinato de su hijo Julio César, quien murió en el ataque de un grupo armado a la fiesta donde se encontraba. La activista había enfrentado a militares que pretendieron detener a otro de sus hijos.
Uno de sus hermanos, Rubén, fue asesinado en agosto de 2010.
"Piedrita en el zapato"
Un grupo de activistas, entre ellos dos hermanas de Josefina, iniciaron una huelga de hambre para exigir la reaparición de los secuestrados.
Sin embargo, mientras realizaban la protesta desconocidos incendiaron la casa de la madre de la familia, Sara Salazar, y después hicieron lo mismo con la vivienda de otra activista, María Luisa García.
Amnistía Internacional condenó el asedio a la familia Reyes, y demandó a la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Chihuahua que proteja la vida de los defensores de derechos humanos.
Hasta ahora no hay respuesta de las autoridades. Marisela Reyes asegura que es una persecución en contra de los activistas sociales.
"Nos quieren callar, somos una piedrita en el zapato del gobierno. No quieren que hablemos de la violencia", le dice a BBC Mundo.
El gobierno mexicano ha dicho que la mayoría de las agresiones contra activistas provienen de la delincuencia organizada.
Exilio
El asedio a defensores de derechos humanos ha provocado el exilio de varios de ellos.
Cipriana Jurado, quien protestaba por abusos de militares en Chihuahua, huyó de México para proteger su vida.
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Gustavo De la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese mismo estado vive la mayor parte de su tiempo en El Paso, Texas, después que recibió amenazas de muerte.
María Luis García abandonó Ciudad Juárez y radica temporalmente en Ciudad de México, al igual que Marisela y Olga Reyes.
Pero lo más grave es que no parece haber respuesta a las demandas de los activistas, recuerda Edgar Cortéz.
"La permisividad a los delincuentes genera un contexto donde la vida de los defensores de derechos humanos está cada día más expuesta", insiste.
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