"Hace ocho años, cuando tenía 17 años, fui violada por militares en un arroyo donde estaba lavando", recuerda la mexicana Valentina Rosendo.
Tras casi una década de lucha judicial, el caso de esta mujer en el poblado indígena de Barranca Bejuco, Guerrero, mereció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se responsabiliza al estado mexicano de haber violado sus derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada.
"No me quisieron atender en el centro de salud ni me recibieron cuando fui a poner la denuncia porque no hablaba español. Tuve que dejar mi comunidad, sufría discriminación por ser "la mujer de los militares y me cerraron todas las puertas cuando buscaba justicia", le dijo Rosendo a BBC Mundo.
La sentencia de la CIDH, hecha pública el pasado viernes en una audiencia de Costa Rica, incluye igualmente la tortura y violación de Inés Fernández. Ella, también de Guerrero, denunció haber sufrido abusos por parte de soldados después de no haberles respondido en un interrogatorio por no hablar español.
Reparación
Tuve que dejar mi comunidad, sufría discriminación por ser "la mujer de los militares" y me cerraron todas las puertas cuando buscaba justicia
Valentina Rosendo
Según la corte, México tendrá ahora que conducir "eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal" para reparar a las víctimas, además de fortalecer la atención pública a quienes sufren la violencia sexual.
Con motivo de dicha sentencia, el Estado mexicano reconoció "su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos y su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y especializada".
Según reza el comunicado difundido por el gobierno mexicano, éste "reitera su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres".
Lucha contra el crimen
En Ciudad Juárez, un informe relaciona la presencia del ejército con aumento de violaciones a los DD.HH.
Los de Valentina e Inés no son los únicos casos en los que organizaciones civiles han acusado a miembros del ejército mexicano de cometer abusos contra la población.
Este martes, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), presentaron un informe en el que relacionan la presencia del ejército en la lucha contra el crimen organizado con "un dramático aumento en el número de violaciones a los derechos humanos" en Ciudad Juárez.
En esta ciudad, considerada la más violenta del país, la Policía Federal asumió en abril de 2010 el mando del llamado Operativo Conjunto Chihuahua en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, de acuerdo con el documento "Abuso y miedo en Ciudad Juárez", "los abusos cometidos por militares permanecen impunes".
"Los militares y las fuerzas policiales deben recibir un mensaje claro que serán sancionados ante cualquier acto criminal, ya sea actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos", aseguró Maureen Meyer, una de las autoras del informe.
"Respeto a los DDHH"
BBC Mundo se puso en contacto con varias dependencias del gobierno mexicano para conseguir su versión sobre este documento, sin obtener respuesta.
En denuncias anteriores sobre la participación del ejército en supuestos casos de abusos, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ratificó "su compromiso con la ciudadanía de actuar con estricto apego al Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos".
Desde que en 2006 se intensificara el combate al narcotráfico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México —un organismo autónomo encargado de investigar violaciones de los derechos en el país— ha enviado más de medio centenar de recomendaciones al gobierno de Felipe Calderón por supuestos abusos cometidos por el ejército.
La Sedena cuenta con una Dirección General de Derechos Humanos para garantizar el cumplimiento de tratados nacionales e internacionales en la materia, y según la secretaría, más de 200 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran bajo investigación dentro de la Jurisdicción Militar por dichas recomendaciones.
Desde que el ejército participa en el combate al crimen organizado, los militares están más cerca que nunca de la población
Marina Arvizu, titular de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena
Según le dijo a BBC Mundo Marina Arvizu, titular de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena, el ejército puso en marcha un programa permanente "para mejorar la relación" con los civiles y organizaciones de Derechos Humanos".
"Desde que el ejército participa en el combate al crimen organizado, los militares están más cerca que nunca de la población, en las calles o en los controles de carretera", explicó Arvizu. El objetivo de las autoridades, dijo, es potenciar "la responsabilidad y asertividad de los soldados, con el fin de que la población pueda sentirse más tranquila".
Entre las tareas de esta Unidad están el "transparentar la información sobre quejas y recomendaciones de la CNDH y atender las necesidades psicológicas o sanitarias de civiles afectados por acciones del ejército que pudieran resultar en quejas", reconoció Arvizu.
El accionar de las bandas de narcotraficantes ya dejó más de 28.000 personas muertas en los últimos cuatro años, según cifras oficiales. En los operativos de combate participan más de 45.000 soldados y policías federales.
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