Miguel Carbonell
El presidente Felipe Calderón volvió a decir, en el desayuno por el Día de las Fuerzas Armadas, que México está ganando la lucha (que no es guerra, según el propio Presidente), en contra de la delincuencia organizada. Al escucharlo, estoy seguro de que millones de mexicanos se preguntaron qué es lo que debemos entender por “ganar” esa lucha.
La pregunta es importante y el Presidente seguramente también se la ha formulado en repetidas ocasiones. De hecho, estoy cierto de que Calderón debe haber tenido muy clara la respuesta incluso desde antes de haber iniciado su cruzada, pues toda lucha se inicia sabiendo con claridad qué objetivo se persigue y en qué momento deben cesar las hostilidades.
¿Cómo podemos saber si vamos o no ganando en la lucha contra la criminalidad? Creo que hay dos parámetros objetivos que dan cuenta del posible éxito. Uno de ellos tiene que ver con el control territorial: un Estado se impone a los grupos criminales cuando éstos no controlan partes del territorio o cuando son permanentemente hostilizados por la fuerza pública en los lugares en que se encuentran. El segundo parámetro tiene que ver con la disminución de la violencia en nuestras calles: que haya menos robos, menos secuestros y menos homicidios. Utilizando esos dos factores de medición, podemos evaluar si el Presidente tiene o no razón en ser optimista. ¿La tiene?
El control territorial se ha ido afianzando desde hace un tiempo. La presencia de fuerzas federales (militares o civiles) en lugares que habían estado controlados por el narcotráfico es evidente. El amplio despliegue en Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán debe ser valorado. Queda sin embargo, mucho trabajo por hacer, ya que aun en esas entidades con operativos constantes, las personas no pueden salir a la calle con tranquilidad. Muchas veces parece el juego del gato y el ratón: entran unos y salen otros.
El segundo parámetro de medición es mucho más complicado y arroja datos que no nos permiten ser tan optimistas como el Presidente. De hecho, si tomamos en cuenta las cifras de la violencia (homicidios, secuestros, etcétera), tal parece que no solamente no hemos ganado nada, sino que vamos en retroceso.
Es probable que cuando los mexicanos acudamos a las urnas para elegir un nuevo presidente, lo hagamos pensando que en el sexenio de Calderón se habrá alcanzado la cifra de 50 mil personas ejecutadas. El secuestro se ha incrementado en muchas partes del país. La extorsión o cobro del “derecho de piso” es una realidad en ciudades grandes y medianas. Incluso los homicidios no vinculados con la criminalidad organizada han aumentado de forma dramática.
Entiendo que el Presidente quiera motivar a las tropas y haga discursos basados en su propia percepción, pero en nuestras calles hay miles de niños que han perdido a sus padres o a sus madres por balas perdidas, por operativos mal planeados y peor ejecutados, o incluso por haber sido ejecutados sin más por agentes del orden. Human Rights Watch ya ha documentado que en Nuevo León hay al menos 10 casos de ejecuciones a manos de la fuerza pública: el Estado matando, de forma totalmente impune.
El Presidente puede decir que vamos ganando, pero eso no le devolverá la vida a Bryan y Martín Almanza, los niños de seis y nueve años asesinados por el Ejército en Tamaulipas. Tampoco los dos estudiantes del Tec de Monterrey que fueron literalmente ejecutados por soldados podrán celebrar la victoria. Ni la señora que vivía en un lujoso fraccionamiento de Cuernavaca y tuvo la mala idea de salir de su casa para recibir más de 60 impactos de bala de elementos de la Marina. Son solamente unos ejemplos, que podrían ser multiplicados por miles si además de los muertos sumamos los torturados, los desaparecidos o a los que las autoridades no han podido proteger (como Marisela Escobedo).
A veces se olvida que el primer deber de todo gobierno es evitar la violencia. No a costa de permitir que la criminalidad florezca, desde luego. Pero no se puede construir una democracia sólida incendiando el país. Si va a haber un despliegue de fuerza estatal, debe haber primero trabajo de inteligencia. Y absoluto respeto a los derechos humanos de todos. No se puede combatir la criminalidad cometiendo delitos.
Pero todo eso se vuelve secundario en la imaginación del primer círculo presidencial, ya que están convencidos de que vamos ganando… Menos mal; no quisiera imaginar lo que sucedería si estuviéramos perdiendo.
Investigador del IIJ-UNAM
El presidente Felipe Calderón volvió a decir, en el desayuno por el Día de las Fuerzas Armadas, que México está ganando la lucha (que no es guerra, según el propio Presidente), en contra de la delincuencia organizada. Al escucharlo, estoy seguro de que millones de mexicanos se preguntaron qué es lo que debemos entender por “ganar” esa lucha.
La pregunta es importante y el Presidente seguramente también se la ha formulado en repetidas ocasiones. De hecho, estoy cierto de que Calderón debe haber tenido muy clara la respuesta incluso desde antes de haber iniciado su cruzada, pues toda lucha se inicia sabiendo con claridad qué objetivo se persigue y en qué momento deben cesar las hostilidades.
¿Cómo podemos saber si vamos o no ganando en la lucha contra la criminalidad? Creo que hay dos parámetros objetivos que dan cuenta del posible éxito. Uno de ellos tiene que ver con el control territorial: un Estado se impone a los grupos criminales cuando éstos no controlan partes del territorio o cuando son permanentemente hostilizados por la fuerza pública en los lugares en que se encuentran. El segundo parámetro tiene que ver con la disminución de la violencia en nuestras calles: que haya menos robos, menos secuestros y menos homicidios. Utilizando esos dos factores de medición, podemos evaluar si el Presidente tiene o no razón en ser optimista. ¿La tiene?
El control territorial se ha ido afianzando desde hace un tiempo. La presencia de fuerzas federales (militares o civiles) en lugares que habían estado controlados por el narcotráfico es evidente. El amplio despliegue en Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán debe ser valorado. Queda sin embargo, mucho trabajo por hacer, ya que aun en esas entidades con operativos constantes, las personas no pueden salir a la calle con tranquilidad. Muchas veces parece el juego del gato y el ratón: entran unos y salen otros.
El segundo parámetro de medición es mucho más complicado y arroja datos que no nos permiten ser tan optimistas como el Presidente. De hecho, si tomamos en cuenta las cifras de la violencia (homicidios, secuestros, etcétera), tal parece que no solamente no hemos ganado nada, sino que vamos en retroceso.
Es probable que cuando los mexicanos acudamos a las urnas para elegir un nuevo presidente, lo hagamos pensando que en el sexenio de Calderón se habrá alcanzado la cifra de 50 mil personas ejecutadas. El secuestro se ha incrementado en muchas partes del país. La extorsión o cobro del “derecho de piso” es una realidad en ciudades grandes y medianas. Incluso los homicidios no vinculados con la criminalidad organizada han aumentado de forma dramática.
Entiendo que el Presidente quiera motivar a las tropas y haga discursos basados en su propia percepción, pero en nuestras calles hay miles de niños que han perdido a sus padres o a sus madres por balas perdidas, por operativos mal planeados y peor ejecutados, o incluso por haber sido ejecutados sin más por agentes del orden. Human Rights Watch ya ha documentado que en Nuevo León hay al menos 10 casos de ejecuciones a manos de la fuerza pública: el Estado matando, de forma totalmente impune.
El Presidente puede decir que vamos ganando, pero eso no le devolverá la vida a Bryan y Martín Almanza, los niños de seis y nueve años asesinados por el Ejército en Tamaulipas. Tampoco los dos estudiantes del Tec de Monterrey que fueron literalmente ejecutados por soldados podrán celebrar la victoria. Ni la señora que vivía en un lujoso fraccionamiento de Cuernavaca y tuvo la mala idea de salir de su casa para recibir más de 60 impactos de bala de elementos de la Marina. Son solamente unos ejemplos, que podrían ser multiplicados por miles si además de los muertos sumamos los torturados, los desaparecidos o a los que las autoridades no han podido proteger (como Marisela Escobedo).
A veces se olvida que el primer deber de todo gobierno es evitar la violencia. No a costa de permitir que la criminalidad florezca, desde luego. Pero no se puede construir una democracia sólida incendiando el país. Si va a haber un despliegue de fuerza estatal, debe haber primero trabajo de inteligencia. Y absoluto respeto a los derechos humanos de todos. No se puede combatir la criminalidad cometiendo delitos.
Pero todo eso se vuelve secundario en la imaginación del primer círculo presidencial, ya que están convencidos de que vamos ganando… Menos mal; no quisiera imaginar lo que sucedería si estuviéramos perdiendo.
Investigador del IIJ-UNAM
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