Editorial La Jornada
la oportunidad de abordar los esfuerzos conjuntos, revisar el estado actual de la Iniciativa Mérida y refrendar el apoyo que México necesita de Estados Unidos en estos momentos.
Resulta imposible desvincular este encuentro de los datos aportados por las filtraciones de Wikileaks, publicadas en este diario a lo largo de las dos semanas recientes: tales documentos han puesto al descubierto una relación bilateral caracterizada por la supeditación del gobierno mexicano al estadunidense; por los allanamientos constantes y progresivos a la soberanía nacional por parte del vecino país y, en general, por la subordinación de la política gubernamental –en ámbitos más amplios que la seguridad pública– a los intereses de Washington.
Con estas consideraciones en mente, es preocupante que en el comunicado emitido ayer por Los Pinos para confirmar el encuentro del jueves próximo se haya insistido en presentar un supuesto interés común
de ambos países en el terreno de la seguridad, cuando no hay relación alguna entre la aguda crisis de seguridad pública que vive el país a consecuencia de las acciones de los cárteles de la droga y las obsesiones estadunidenses de perpetuar la desastrosa guerra contra el terrorismo
emprendida por la administración Bush.
La divergencia de intereses se expresa claramente con el hecho de que, mientras el gobierno calderonista pide al estadunidense mayor compromiso en el combate a la violencia asociada al narcotráfico, diversos sectores de Estados Unidos parecen interesados en que ese flagelo se mantenga y profundice. Tal es el caso de la industria armamentista del vecino país, para la cual la violencia en México constituye una excelente oportunidad de negocio, pero también de la cúpula política estadunidense, que se dice alarmada por el baño de sangre en México, pero no hace nada por impedirlo: cabe recordar el rechazo mayoritario de la Cámara de Representantes de Estados Unidos –el sábado pasado– a establecer regulaciones mínimas y deseables a la venta de armas en aquel país, como el requerimiento de que los comerciantes de armamento en los estados fronterizos con México informen sobre compras de dos o más rifles de asalto por una misma persona.
Por lo demás, el desempeño de Washington en materia de combate al narcotráfico dista mucho de corresponderse con el compromiso
al que se refieren los portavoces de ese gobierno: recuérdese, por ejemplo, la documentada intromisión de agencias de inteligencia de Estados Unidos para promover el tráfico de drogas ilícitas dentro del territorio nacional, en el contexto del operativo Irán-contras, a mediados de los años 80 del siglo pasado. Por añadidura, actualmente el gobierno de ese país tolera el trasiego ilícito de estupefacientes dentro de su propio territorio –el cual fluye con normalidad, sin los escenarios de violencia que se reproducen al sur del río Bravo– y se muestra indolente en lo que toca al control del tráfico de armas hacia México y la erradicación del lavado de dinero en los circuitos financieros estadunidenses.
Las soluciones de combate contra el narcotráfico promovidas por Estados Unidos al sur de la frontera, y adoptadas por la administración calderonista en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada
, no sólo han sido ineficaces y generadoras de efectos contraproducentes para el país –decenas de miles de muertos, violencia exacerbada, deterioro institucional y pérdida de control en amplias franjas del territorio–, sino también han puesto de manifiesto la inverosimilitud y la doble moral del discurso de Washington y, lo más grave, han exhibido el interés de su aparato gubernamental por allegarse de justificaciones para el intervencionismo en nuestro país.
Por ello, es pertinente y necesario que la sociedad exija a las autoridades que informen con veracidad y transparencia sobre lo tratado en el encuentro de la semana entrante, a efecto de evitar que la ocasión sea utilizada por el gobierno estadunidense como nueva oportunidad para incrementar las presiones injerencistas sobre el mexicano.
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