COLUMNA
Zona de Reflexión
Lucía Lagunes Huerta*
México, D.F, 22 feb 11 (CIMAC).- Muchas de ellas no son conocidas, hacen su trabajo todos los días por convicción; algunas cuentan con recursos para hacerlo, otras usan los propios; están en todos lados y en muchos de los casos enfrentan agresiones, amenazas y muerte.
Ellas son las defensoras de Derechos Humanos, labor fundamental para la construcción de la democracia; su trabajo muchas veces incomoda a los poderosos y son acosadas; por ello hace 13 años Naciones Unidas aprobó, por consenso, la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos.
La Declaración establece que toda persona defensora en el ejercicio de su trabajo tiene total derecho a la protección de la ley en contra de la violencia o represalia; también explica los deberes específicos de los Estados, como son: promover, proteger y aplicar los Derechos Humanos en la ley y en la práctica, así como su deber de tomar todas las medidas necesarias para proteger a las y los defensores de la violencia y acciones arbitrarias.
Cuando en la actualidad México es el segundo país más peligroso para las defensoras de Derechos Humanos, vale la pena recordar el marco legal que protege esta labor y que responsabiliza al Estado de salvaguardarla.
Marisela Escobedo, Susana Chávez, Silvia Vázquez, Blanca Mesina, Josefina Reyes Salazar (asesinada el 3 de enero de 2010), Rosa Isela Pérez, Emilia González Tercero, Alicia Salaíz Orrantia, Luz Estela Castro, Obtilia Eugenio Manuel y su hermana Andrea Eugenio Manuel, Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Mercedes Murillo.
Son sólo algunas de las defensoras a quienes se les violenta y asesinan, faltando con ello al deber de protección del Estado mexicano.
Este lunes las hermanas Marisela y Olga Reyes Salazar, junto con su madre, Sara Salazar, comenzaron movilizaciones en la Ciudad de México para demandar el cese de las agresiones contra su familia y la presentación con vida de Luisa Ornelas y Elías y Malena Reyes Salazar, quienes están desaparecidos desde el pasado 7 de febrero.
La semana pasada, el incendio a la casa de Malú García Andrade, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, demuestra la urgencia de las medidas de protección que debe el Estado a las Defensoras.
Argumentar que “se hace lo que se puede” si no es cinismo es falta de compromiso con la vida de cientos de activistas de Derechos Humanos.
Hace unos días Margaret Sekaggya, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, aseguró que en cinco años (de 2004 a 2009) México suma 27 casos de amenazas contra defensoras de Derechos Humanos.
Tras sus investigaciones, la relatora especial expresó “estar consternada” por los graves riesgos que corren las defensoras en México.
Condenó las detenciones, acoso judicial y criminalización de la labor de las defensoras, los malos tratos y el uso generalizado de una fuerza excesiva por agentes estatales, por lo cual exhortó a los gobiernos a reconocer públicamente la función concreta e importante que desempeñan las defensoras y a protegerlas con medidas de seguridad eficaces.
Dos familias completas han sido expulsadas de Chihuahua por su activismo en la defensa de los Derechos Humanos. La familia de Malú hoy está fuera de Ciudad Juárez porque “por primera vez vi de cerca la muerte; no sólo me preocupó mi vida sino que me aterra la idea de que a mis niños les pueda pasar algo”, explicó en un comunicado transmitido esta fin de semana a través de las redes sociales.
Pese a ello, dijo: “Seguiré en la defensa de los Derechos Humanos de las familias del feminicidio, la investigación de mujeres y niñas desaparecidas y trata de personas, así como seguir evidenciando a un gobierno inepto, corrupto, omiso negligente y culpable por las amenazas a los defensores de los Derechos Humanos”.
Para Sara Salazar las cosas no son muy distintas, por eso ayer aseguró: “Vengo aquí a pedir justicia; quiero que me devuelvan a mis hijos vivos, ya es mucho lo que me han hecho. Las autoridades están ciegas y sordas”, afirmó. Y agregó: “Quiero que escuchen, que vean la necesidad y el dolor que tengo. Ya perdí a tres hijos y a estos quiero que me los regresen vivos”.
Con tanta evidencia, ¿qué falta para que los gobiernos federal, estatal y municipal actúen y apliquen la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos?
* Directora general de CIMAC A.C.
México, D.F, 22 feb 11 (CIMAC).- Muchas de ellas no son conocidas, hacen su trabajo todos los días por convicción; algunas cuentan con recursos para hacerlo, otras usan los propios; están en todos lados y en muchos de los casos enfrentan agresiones, amenazas y muerte.
Ellas son las defensoras de Derechos Humanos, labor fundamental para la construcción de la democracia; su trabajo muchas veces incomoda a los poderosos y son acosadas; por ello hace 13 años Naciones Unidas aprobó, por consenso, la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos.
La Declaración establece que toda persona defensora en el ejercicio de su trabajo tiene total derecho a la protección de la ley en contra de la violencia o represalia; también explica los deberes específicos de los Estados, como son: promover, proteger y aplicar los Derechos Humanos en la ley y en la práctica, así como su deber de tomar todas las medidas necesarias para proteger a las y los defensores de la violencia y acciones arbitrarias.
Cuando en la actualidad México es el segundo país más peligroso para las defensoras de Derechos Humanos, vale la pena recordar el marco legal que protege esta labor y que responsabiliza al Estado de salvaguardarla.
Marisela Escobedo, Susana Chávez, Silvia Vázquez, Blanca Mesina, Josefina Reyes Salazar (asesinada el 3 de enero de 2010), Rosa Isela Pérez, Emilia González Tercero, Alicia Salaíz Orrantia, Luz Estela Castro, Obtilia Eugenio Manuel y su hermana Andrea Eugenio Manuel, Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Mercedes Murillo.
Son sólo algunas de las defensoras a quienes se les violenta y asesinan, faltando con ello al deber de protección del Estado mexicano.
Este lunes las hermanas Marisela y Olga Reyes Salazar, junto con su madre, Sara Salazar, comenzaron movilizaciones en la Ciudad de México para demandar el cese de las agresiones contra su familia y la presentación con vida de Luisa Ornelas y Elías y Malena Reyes Salazar, quienes están desaparecidos desde el pasado 7 de febrero.
La semana pasada, el incendio a la casa de Malú García Andrade, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, demuestra la urgencia de las medidas de protección que debe el Estado a las Defensoras.
Argumentar que “se hace lo que se puede” si no es cinismo es falta de compromiso con la vida de cientos de activistas de Derechos Humanos.
Hace unos días Margaret Sekaggya, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, aseguró que en cinco años (de 2004 a 2009) México suma 27 casos de amenazas contra defensoras de Derechos Humanos.
Tras sus investigaciones, la relatora especial expresó “estar consternada” por los graves riesgos que corren las defensoras en México.
Condenó las detenciones, acoso judicial y criminalización de la labor de las defensoras, los malos tratos y el uso generalizado de una fuerza excesiva por agentes estatales, por lo cual exhortó a los gobiernos a reconocer públicamente la función concreta e importante que desempeñan las defensoras y a protegerlas con medidas de seguridad eficaces.
Dos familias completas han sido expulsadas de Chihuahua por su activismo en la defensa de los Derechos Humanos. La familia de Malú hoy está fuera de Ciudad Juárez porque “por primera vez vi de cerca la muerte; no sólo me preocupó mi vida sino que me aterra la idea de que a mis niños les pueda pasar algo”, explicó en un comunicado transmitido esta fin de semana a través de las redes sociales.
Pese a ello, dijo: “Seguiré en la defensa de los Derechos Humanos de las familias del feminicidio, la investigación de mujeres y niñas desaparecidas y trata de personas, así como seguir evidenciando a un gobierno inepto, corrupto, omiso negligente y culpable por las amenazas a los defensores de los Derechos Humanos”.
Para Sara Salazar las cosas no son muy distintas, por eso ayer aseguró: “Vengo aquí a pedir justicia; quiero que me devuelvan a mis hijos vivos, ya es mucho lo que me han hecho. Las autoridades están ciegas y sordas”, afirmó. Y agregó: “Quiero que escuchen, que vean la necesidad y el dolor que tengo. Ya perdí a tres hijos y a estos quiero que me los regresen vivos”.
Con tanta evidencia, ¿qué falta para que los gobiernos federal, estatal y municipal actúen y apliquen la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos?
* Directora general de CIMAC A.C.
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