NACIONAL
Trabajo comunitario de 20 años para abatir exclusión
Por: Daniela Mendoza Luna, corresponsal
Cimacnoticias | Monterrey.- A casi 20 de años de que indígenas migrantes fundaron colonias en las afueras de la capital del estado de Nuevo León (NL), organizaciones civiles reivindican su legado étnico y la defensa de sus derechos.
Hasta 1995 la presencia de las y los indígenas migrantes (sobre todo las mujeres) en la zona metropolitana de Monterrey se concentraba en las residencias de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, donde ellas laboraban como empleadas domésticas.
Al buscar otro tipo de labores y sobre todo para conformar una familia, indígenas migrantes conformaron pequeñas comunidades en zonas irregulares. Los márgenes de ríos fueron los espacios predilectos o los únicos disponibles, y en la afluente del cerro de La Silla (símbolo emblemático de la ciudad norteña) varias comunidades se extendieron.
Fue así que Esthela Tolentino Martínez y sus vecinos fundaron lo que tiempo después sería la colonia Arboledas de los Naranjo, en el municipio de Juárez.
Sin un piso firme o un techo, pero con la certeza de que de ese lugar no serían removidos, Esthela convocó tiempo después a las mujeres de la colonia y creó Zihuame Mochilla (Mujeres con esperanza), una asociación al servicio de la comunidad indígena migrante en el estado de NL.
Este 10 de diciembre se cumplió una década de aquella primera reunión, y la labor de la organización se amplió a 21 colonias donde habitan personas originarias de nueve grupos étnicos.
“Recuperé mi identidad, la que perdí a los 11 años cuando me vine a la ciudad a vivir una vida que no era la mía”, dice la mujer de origen náhuatl.
Narra que Zihuame Mochilla comenzó el rescate de expresiones artísticas como el baile y la artesanía, así como a fomentar el sentido de comunidad y las lenguas nativas. Después, pasó a la defensa de derechos, la salud sexual y reproductiva y la equidad de género, y el combate a la violencia intrafamiliar.
“Por primera vez se le habló a las mujeres de sus derechos y se nos enseñó a no avergonzarnos de dónde venimos; a nuestros jóvenes no les gustaba hablar en su idioma y ahora estamos rescatando lo que queríamos dejar olvidado”, relata.
A la labor de Zihuame Mochilla se han sumado otras agrupaciones como Procuración y Justicia Étnica, Fundación Nueva Castilla y UNIR, las cuales además de congregar a la población indígena migrante, establecen vínculos entre estas comunidades y las autoridades tanto municipales como estatales.
La Secretaría de Desarrollo Social de NL ubica siete puntos de reunión de las comunidades migrantes. En Juárez están mixtecos y nahuas, principalmente en las colonias Héctor Caballero y Arboledas de los Naranjos.
En Monterrey, el Sector de la Alianza y San Bernabé se agrupa la población mazahua, y en las colonias Genaro Vázquez y Lomas Modelo se encuentran las y los otomíes.
El trabajo de estas organizaciones derivó en la promulgación de la Ley para proteger los derechos de los indígenas en Nuevo León, en 2011, aunque falta mucho por hacer para que los beneficios de la norma sean palpables para estos pueblos.
Así lo señala Carmen Farías, directora de Zihuame Mochilla, quien sin bien reconoce algunos avances recuerda que está pendiente la armonización de las demás leyes.
“El impacto de esta reforma aún no se ve reflejada, faltan presupuestos etiquetados específicamente para la atención a personas y comunidades indígenas”, advierte. Agregó que también falta la representación indígena migrante en los gobiernos municipales de la entidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario