Jesús Cantú
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| Simpatizantes de AMLO protestan en San Lázaro en contra de la reforma energética. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO,
D.F. (Porceso).- La iniciativa de reforma energética presentada por el
presidente Enrique Peña Nieto fue modificada radicalmente para
adecuarla por completo a las demandas de las compañías petroleras
internacionales, idénticas a las establecidas en la iniciativa
presentada por el Partido Acción Nacional, con lo que –más allá del
lenguaje– se abre paso a los contratos de producción compartida y a las
concesiones, llamadas “licencias” en la reforma pero que en realidad
tienen los mismos alcances que aquéllas.
La
mala recepción por parte de la comunidad financiera internacional, las
compañías petroleras y el empresariado de la tímida iniciativa
presidencial (Proceso 1921) y la aprobación de una reforma hacendaria y
social, de la mano del PRD, que generó descontento en el sector
empresarial mexicano (Proceso 1932), obligaron al gobierno federal a
conceder más de lo que preveían las expectativas más optimistas.
La
influyente publicación inglesa The Economist señalaba en su edición del
pasado 23 de noviembre, al hacer un balance del primer año de gestión
de Peña Nieto y señalar el malestar que había causado la reforma fiscal
entre los empresarios: “Únicamente una audaz reforma energética lo
podrá apaciguar”.
En general la expectativa era que la reforma se
modificaría para permitir los contratos de producción compartida, punto
en el que se acaba de ubicar Brasil tras 16 años de otorgar concesiones
(Proceso 1920).
El país sudamericano abrió en 1997 la posibilidad
de otorgar concesiones, pero en 2010 modificó su legislación para
cancelarlas y limitarlas a la posibilidad de los contratos de
producción compartida y este año hicieron la primera asignación bajo
dicha modalidad. Sin duda la limitación a los contratos de utilidad
compartida no despierta ningún entusiasmo en los eventuales
participantes en una licitación, pero sí aceptan los de producción
compartida; obviamente prefieren las concesiones o licencias, pero los
países que recurren a ellas, como Noruega, lo hacen bajo medidas de
control muy rigurosas, que difícilmente podrá imponer un Estado tan
débil como el mexicano.
Las concesiones del gobierno federal y la
debilidad de las protestas de la izquierda de inmediato generaron
reacciones muy positivas en los medios internacionales; particularmente
los principales diarios estadunidenses (The New York Times, The
Washington Post y Los Angeles Times) lo festejaron de inmediato.
Seguramente en los siguientes días los mercados financieros también
reflejarán las buenas perspectivas que generó y algunos comentaristas
financieros mexicanos ya se atrevieron a señalar que se había
recuperado el llamado mexican momentum.
Sin embargo, aunque con
relativamente poca atención mediática, la semana pasada también se
aprobó la Ley Federal de Consulta Federal, que da viabilidad a la
demanda de la izquierda de someter, en las elecciones intermedias de
2015, al juicio de la ciudadanía la reforma constitucional. De último
minuto y como parte de las negociaciones con los perredistas se
introdujeron cambios en el dictamen de dicha ley para permitir que las
firmas ya recolectadas por el PRD para solicitar la realización de la
consulta sean contabilizadas, con lo cual se incrementa la posibilidad
de realizar el ejercicio en las elecciones intermedias.
El
gobierno federal muy hábilmente alternó a sus aliados en las dos
reformas críticas: fiscal y energética. En la primera apostó al
respaldo perredista y en la segunda, al panista. En ambos casos logró
reunir los votos necesarios para sacarlas adelante, pero polarizó
nuevamente el escenario político nacional y le abrió una inmejorable
oportunidad a la izquierda mexicana en su momento de mayor debilidad.
Desde
el inicio del sexenio fue evidente que en el Congreso de la Unión la
apertura del sector energético, particularmente en lo tocante a la
exploración y producción de hidrocarburos, a la inversión privada
–nacional e internacional– dependía exclusivamente de los límites
fijados por el PRI, pues el PAN estaba dispuesto a abrirla totalmente.
Sin embargo en estos meses también fue palpable (porque así lo muestran
todas las encuestas de opinión pública y la propia difusión
gubernamental de la reforma energética) que la mayoría de los mexicanos
no está de acuerdo con la misma.
Como en muchos otros temas la
distancia entre los legisladores y la ciudadanía es clara y abismal.
Para los sustentantes de las dos posturas eran manifiestas sus
fortalezas y debilidades: en el Congreso podían aprobar la apertura
total, como lo hicieron esta semana. En una consulta popular la
decisión está en el aire y depende de varios factores, entre los cuales
destacan la formulación de la pregunta y la capacidad de comunicación y
difusión de los grupos que respaldan cada una de las posiciones.
Todo
indica que por primera vez en la historia mexicana una reforma
constitucional tendrá que ser ratificada o rechazada por el voto
ciudadano, pues el asunto cumple los requisitos constitucionales y
legales para ser sometido a la consulta popular y es innegable la
existencia de un número suficiente de ciudadanos dispuestos a firmar la
solicitud de hacerlo; basta una mínima organización de las fuerzas de
izquierda para concretarla.
Sin embargo un asunto muy diferente
será el resultado que la consulta arroje, pues a favor de la reforma
confluirán los esfuerzos del gobierno federal, priistas, panistas y el
poder económico –nacional e internacional– y en contra estarán los
partidos y grupos que en la última elección federal conformaron el
Movimiento Progresista, un grupo de organizaciones de la sociedad civil
y una parte de la intelectualidad.
La oportunidad se presenta en
la era de mayor debilidad de la izquierda desde 1997, toda vez que la
decisión de Andrés Manuel López Obrador de conformar su propio partido
provocó una primera escisión; posteriormente la adhesión del PRD al
Pacto por México ocasionó más divisiones entre las tribus que
decidieron permanecer en el partido del sol azteca, lo cual ni siquiera
su reciente salida ha podido revertir; y finalmente el infarto de AMLO
cuando se iniciaba la discusión de la reforma en el Senado mostró que
Morena depende al ciento por ciento de su líder.
Hoy más que
nunca son evidentes los dos proyectos de nación: uno representado por
el PRI y el PAN, con el apoyo y respaldo del empresariado, para aplicar
ampliamente el neoliberalismo en lo económico y la “democracia
autoritaria” en lo político; y otro, que, atado a las tradiciones y
valores históricos, hasta hoy no es capaz de presentar una propuesta
alternativa, suficientemente sólida y articulada para construir un país
más justo, incluyente y democrático, agrupada alrededor de los partidos
llamados de izquierda, los movimientos sociales y una parte importante
de la intelectualidad mexicana.
Hasta el momento la partida la
van ganando los primeros, pero el flanco que abrieron al radicalizar su
propuesta energética es una oportunidad única e inmejorable para los
segundos.
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