John M. Ackerman
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Domínguez, Penchyna y Lozano festinan la aprobación de la reforma energética. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Las expresiones de júbilo de los legisladores
federales al aprobar la contrarreforma energética recuerdan los
depravados banquetes del clan de los Borgia en Italia en el siglo XV.
Aquella poderosa familia controló política y economía en El Vaticano
durante décadas y terminó hundiéndose en un oscuro pozo de decadencia
ética y moral. Para entender lo que está pasando hoy en la política
nacional se recomienda ver la película de Antonio Hernández (Los
Borgia) que retrata a todo color el robo, las traiciones, los
asesinatos, la corrupción y las depravaciones de este antecedente
histórico del PRIANRD. Y para complementar la cartelera durante esta
época navideña se recomienda volver a ver La ley de Herodes, de Luis
Estrada y con la insuperable actuación de Damián Alcázar, estrenada en
1999 pero hoy más vigente que nunca por retratar de manera fiel el
corrupto, hipócrita y entreguista estilo de gobernar del PRI y de sus
aliados panistas y perredistas.
En lugar de corregir los graves problemas y peligros de la
iniciativa de reforma energética originalmente presentada en septiembre
(video de mi análisis aquí: http://ow.ly/rFXcO),
en total sigilo Enrique Peña Nieto junto con sus más cercanos aliados,
socios y amigos abrieron todos los candados para permitir casi
cualquier tipo de “contrato” o “licencia” con particulares y así
permitir el control total sobre el petróleo nacional por empresas
extranjeras. En lugar de “modernizar” o combatir la corrupción en
Pemex, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en apenas cuatro
días y en flagrante violación de los procedimientos legislativos,
convierte esta empresa estatal primero en un contratista más de la
Secretaría de Energía para posteriormente proceder a su total
desmantelamiento y desaparición.
El proceso de reparto del territorio nacional entre las diferentes
empresas y contratistas privados estará enteramente en manos del
Ejecutivo federal sin intervención alguna del Poder Legislativo. A
todos y cada uno de los cómplices de Peña Nieto les tocará su parte,
incluyendo los representantes de la supuesta “izquierda”, quienes hoy
fingen su oposición a la reforma pero que con el Pacto por México
generaron las condiciones necesarias para su aprobación. “Para todos
hay” y “No me des, ponme donde hay” son lemas típicos del priismo
histórico que hoy retornan con una fuerza sin precedente.
Las instituciones públicas y la clase política entera se rinden ante
los cañonazos de 50 mil dólares que hoy ya empiezan a repartirse entre
cualquiera dispuesto a agachar la cabeza y estirar la mano. El enorme
fraude histórico del rescate bancario del Fobaproa, orquestado por
Ernesto Zedillo otro fatídico 12 de diciembre (de 1998) y que hoy todos
los mexicanos seguimos pagando, resultará peccata minuta en comparación
con el enriquecimiento ilícito que se generará a raíz de las nuevas
“reglas” para la explotación del petróleo nacional.
A Peña Nieto y sus cómplices simplemente no les importa la enorme
desaprobación ciudadana a su gobierno o el contundente rechazo popular
a la privatización de la industria petrolera. Los mecanismos
“democráticos” les tienen sin cuidado. Ellos mismos han señalado
públicamente que no les interesa la “popularidad” ciudadana o siquiera
la legitimidad institucional. Lo único que les preocupa es acumular
personalmente suficientes recursos para comprar la siguiente elección y
así evitar cualquier rendición de cuentas histórica con respecto a los
atracos de su gestión.
Una vez que se publique la contrarreforma energética en el Diario
Oficial de la Federación podremos olvidarnos de la falsa fachada de
“mesura” y pluralidad política que ha venido simulando el PRI-gobierno
desde su retorno a Los Pinos. Ya con “los pelos de la burra en la mano”
y con la urgente necesidad de cubrir el enorme “hueco fiscal” generado
por la privatización de la renta petrolera, Peña Nieto no dudará en
implementar un aumento generalizado al IVA, exprimir aún más a los
contribuyentes cautivos, impulsar onerosas cuotas para los estudiantes
de las universidades públicas e inventar miles de otras maneras para
financiar al saqueo.
En 1938 miles de ciudadanos acudieron al Zócalo de la Ciudad de
México para donar voluntariamente sus humildes posesiones para ayudar
al gobierno del general Lázaro Cárdenas a pagar las indemnizaciones de
la expropiación petrolera. Hoy el pueblo trabajador pagará de nuevo,
pero en esta ocasión el monto será mucho mayor, las contribuciones
serán obligatorias y no serán motivo de orgullo, sino de indignación.
Esta inaceptable actuación de la clase política está tipificada en
el Código Penal Federal en su artículo 123, fracción I, donde señala
que comete el delito de “traición a la patria” quien “realice actos
contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana
con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
Difícilmente podríamos encontrar una mejor descripción para las
acciones tomadas por el Congreso de la Unión en los últimos días. Los
legisladores de la supuesta “oposición” tendrían que tener la dignidad
y la valentía de renunciar inmediatamente a sus cargos para no ser
cómplices del atraco.
Quienes cifran sus esperanzas en la realización de una eventual
“consulta” sobre la reforma energética (en 2015) se engañan a sí mismos
o de plano le mienten al pueblo. Buscan volver a darnos “atole con el
dedo”. La Ley de Consulta Popular incluye tantos candados que
difícilmente podría aplicarse en el caso energético. El PRI-gobierno
trabajará de la mano con sus amigos en la Suprema Corte para asegurar
que ello no ocurra. Argumentarán, por ejemplo, que el tema energético
está íntimamente relacionado con “los ingresos y gastos del Estado” y
por lo tanto excluido como materia de consulta por el artículo 35
constitucional.
La única esperanza en este momento sería detener la publicación de
la reforma energética en el Diario Oficial de la Federación y después
evitar la aprobación de las leyes secundarias en la materia. Pero ello
solamente será posible si se multiplican las muestras de desobediencia
civil pacífica a lo largo y ancho de la República.
Recordemos que apenas 21 meses después del cobarde asesinato de
Francisco I. Madero por Victoriano Huerta, el 22 de febrero de 1913,
los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron victoriosos a
la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914. Peña Nieto ya ganó su
lugar en la historia como el Victoriano Huerta de nuestros tiempos.
Pero en lugar de esperar la llegada de un nuevo Zapata u otro Villa,
inspirémonos todos en su legado con el fin de tomar acción desde hoy
mismo para juntos salvar la patria del saqueo.
Recordemos que el artículo 39 de nuestra gran Constitución
revolucionaria señala sin rodeos que “la soberanía nacional reside
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su
gobierno”. Hagamos valer nuestros derechos y defendamos nuestra Carta
Magna de los traidores a la patria.
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