Entrega total

Alejandro Encinas Rodríguez 

 El despojo se ha consumado. Al escribir estas líneas, más de 17 Congresos locales han ratificado la contrarreforma energética que pone en manos del capital privado, predominantemente transnacional, el petróleo, los demás hidrocarburos y la electricidad de la nación.

Se impuso una estrategia que conjugó una campaña de comunicación que engañó a la población sobre los alcances de la propuesta gubernamental, así como la evaluación sistemática del eventual rechazo de la población a la iniciativa presidencial, lo que permitió profundizar la contrarreforma.

La propuesta inicial de abrir el sector energético a los contratos de utilidad compartida, pasó a establecer nuevas modalidades para permitir contratos de servicios, de producción compartida y el otorgamiento de concesiones bajo la denominación de licencias. Finalmente, de manera subrepticia, en la madrugada previa al debate en el Senado, el dictamen fue modificado permitiendo todo tipo de contratos y concesiones, la entrega de bloques de territorio tanto en la zona marítima patrimonial como en el territorio nacional, permitiendo incluso la doble concesión a las explotaciones mineras, las que ya tienen concesionada al menos la tercera parte del territorio y que podrán hacer compartible la explotación de hidrocarburos junto con el saqueo que hacen de la riqueza mineral.

La contrarreforma afectará a los trabajadores petroleros y electricistas, ya que si bien la reforma constitucional romperá con una parte del engranaje corporativo y corrupto que alentaron las administraciones del PRI y del PAN, replica lo sucedido con la reforma educativa al generar una situación de excepción para liquidar a los sindicatos de petroleros y electricistas y sus contratos colectivos de trabajo, pues la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, régimen de remuneraciones y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, ya que la contrarreforma obliga a Pemex y a CFE a constituirse en empresas productivas.

Más allá del desaseo por la elusión de debate parlamentario, el adéndum subrepticio en el Senado y el turno directo al pleno de la Cámara de Diputados sin discusión en comisiones, el verdadero alcance de esta reforma no es si se privatiza Pemex o CFE, estamos hablando de la sesión del dominio de la Nación sobre los recursos del subsuelo.

Se trata de una modificación sustancial al concepto de propiedad originaria de la nación sobre su territorio, sus recursos naturales y los recursos del subsuelo. Cambios de fondo al régimen de propiedad, donde se da preponderancia al interés privado por encima del interés público, se cede el dominio de la nación y la exclusividad del Estado para asumir la responsabilidad de los sectores estratégicos, y se profundiza la vulnerabilidad de la propiedad social, particularmente del ejido y de la comunidad al establecer la posibilidad de expropiación de sus tierras sin acreditar la causa de interés público.

Se trata, en síntesis, de la ruptura de las bases fundamentales con las que se constituyó el Estado. Se rompe el pacto social y resurge una contradicción que confrontará nuevamente a los mexicanos. El pacto social es el acuerdo entre gobernantes y gobernados donde el Estado tiene la obligación de velar por la vida, la libertad y la propiedad de las personas, y cuando el Estado no garantiza esos derechos, el pueblo tiene la opción de revelarse y cambiar su forma de gobierno.

Esta reforma va a pasar a la historia, al igual que los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los que Santa Anna entregó la mitad del territorio nacional; que los convenios que firmó la aristocracia mexicana para imponer a un emperador extranjero; o los Tratados de Bucareli que empeñaban lo que hoy ponen a remate en el país, como una de las etapas de mayor ignominia en nuestra historia.

Senador de la República