Laurence Pantin y Alejandra Quezada
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 4 de septiembre,
el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró, pues se ha vuelto
una constante en sus conferencias matutinas, la necesidad de “no
permitir la corrupción en jueces, en magistrados”.
Y contrastó la falta de ética de ciertos juzgadores con la entrega y
compromiso de algunos elementos de las fuerzas de seguridad: “Imagínense
el esfuerzo que hacen, el sacrificio. Arriesgan hasta la vida quienes
detienen a delincuentes, muchos reciben amenazas; y van a la cárcel y
salen porque tienen muy buenos abogados, muy buenos para sobornar (…)
Muchos de ellos ni siquiera aplican la teoría del derecho, más que nada
son influencias y dinero. Entonces, liberan a presuntos delincuentes”.
Este discurso se ha vuelto muy popular entre una población harta de la impunidad e indignada por los “privilegios”
de los que gozan los responsables de la impartición de justicia. Sin
embargo, creemos que obvia una parte de la realidad. ¿Por qué?
Partamos del hecho de que muchas veces los juzgadores acaban
“soltando” a presuntos delincuentes porque su detención no cumplió con
los estándares legales, porque se violó el debido proceso o porque la
investigación que la respalda no es lo suficientemente sólida.
Pero, cuando no parece ser ése el caso y un juez emite una resolución
que podría ser cuestionable –y no lo dudemos: todos los ciudadanos
tenemos derecho a cuestionar el trabajo de un juez–, es válido
preguntarse si el fallo se debe a una falta de ética y profesionalismo o
a una posible amenaza en contra del juzgador o de su familia.
Lamentablemente tal escenario no es imaginario. Basta recordar al
juez federal Vicente Bermúdez Zacarías, asesinado el 17 de octubre de
2016 a plena luz del día con un arma de fuego en el municipio de
Metepec, Estado de México, y quien manejaba varios casos contra el crimen organizado.
Resolvió, por ejemplo, la medida de arraigo en contra uno de los capos
del Cártel Jalisco Nueva Generación y la intervención de las
conversaciones de Emma Coronel (esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán
Loera). Frenó una petición de extradición del propio Chapo y le negó un
amparo, además de impedir el traslado del presunto responsable de la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Pero la amenaza no ronda sólo a nivel federal, sino también estatal y municipal. De diciembre a la fecha, fueron asesinados un juez penal de Tamaulipas, un juez calificador del municipio de Celaya en Guanajuato y otro del municipio de Huauchinango en Puebla. También fue atacado un juez civil de Jalisco y recibieron amenazas un juez de control de Chihuahua y otro de Zacatecas.
Estos altos picos de violencia motivaron a algunos tribunales
superiores de justicia a implementar protocolos de seguridad, como fue
el caso en Guanajuato.
Sin embargo, en la mayoría de los estados, los poderes judiciales no
cuentan con los recursos suficientes para poder garantizar la seguridad
de sus integrantes.
Llamada de auxilio
No es casualidad, entonces, que para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) haya solicitado 756.8
millones de pesos para “garantizar la protección y seguridad de jueces y
magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada a
los embates de la delincuencia organizada”, y señalado este
tema como uno de sus cinco grandes retos para 2020. De hecho, llama la
atención que dicho Consejo no haya incluido este punto dentro de sus
ejes prioritarios antes.
Ahora bien, por desgracia, el CJF no detalla de qué manera piensa reforzar la seguridad de jueces y magistrados. Por
el modo en que el Poder Judicial Federal presenta su política de gasto y
reporta el ejercicio de su prespuesto, tampoco es posible saber cuánto
solía gastar en este rubro en años anteriores, ni mucho menos cómo.
Lo que se sabe es lo que el CJF reporta en sus informes anuales de
labores. Así, en el más reciente, el último presentado por el entonces
ministro presidente Luis María Aguilar, se reportó, como parte de las
actividades encaminadas a salvaguardar la integridad de los funcionarios
de la institución, que la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial
de la Federación realizó 244 evaluaciones de riesgo y gestionó la
instalación de 68 servicios de protección. A su vez, la Comisión de
Vigilancia determinó 30 asignaciones, 115 continuaciones y 27
conclusiones de autos blindados; así como 38 asignaciones, 110
continuaciones, 25 conclusiones, siete modificaciones y dos
sustituciones de servicios de escolta, en diversos estados de la
República. Estos datos, que no son muy detallados, permiten
asumir que cerca de 150 de los 48 mil 775 funcionarios del Poder
Judicial Federal[1] gozaron el año pasado de cierto grado de protección personalizada.
Pero no queda claro si el CJF pudo atender todas las necesidades
existentes o si algunos fucionarios se quedaron sin protección por falta
de presupuesto.
También se sabe que existe un Acuerdo General del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal que regula la asignación, empleo y
retiro de medidas de seguridad a servidores públicos del Poder Judicial
de la Federación, con Excepción de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y del Tribunal Electoral, aunque no se encuentra publicado
en el apartado de normatividad de la página web del CJF, ni en su portal
de transparencia, ni en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Por supuesto, se puede entender que, tratándose de cuestiones de
seguridad, a lo mejor no es conveniente difundir ese tipo de
información. Sin embargo, sería deseable que el CJF explicara con mayor
detalle por qué incrementaron las necesidades en materia de seguridad de
los jueces y magistrados y de qué manera planea ejercer el monto que
está solicitando al Congreso para estos efectos, para evitar que éste le
niegue los recursos por falta de una apropiada justificación.
El tema no es menor. No se puede esperar una impartición de
justicia imparcial e independiente si la vida de los juzgadores y sus
familiares está en la línea de fuego. Por ello, es urgente el
despliegue de una política detallada, estudiada y pública en este
ámbito, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal.
– – – – – – – – –
* Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Alejandra Quezada (@quezada_as) es investigadora. Las autoras agradecen la revisión de Pablo García y la colaboración de Ariadna Uriona y Adriana Aguilar.
[1] De acuerdo con el Censo
Nacional de impartición de Justicia Federal 2019 publicado por el Inegi,
el Poder Judicial Federal contaba a finales de 2018 con 48 mil 775
funcionarios, de los cuales mil 425 eran jueces y magistrados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario