Ciudad de México.- “¿Cómo ha sido su vida a raíz de
la muerte de hija?”, cuestionó en tono amigable el agente de la
Procuraduría de Justicia capitalina (PGJDF) a Araceli Osorio Martínez,
madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio en la UNAM
en 2017. Sentada frente a los jueces que darán sentencia por el
feminicidio de hija, Araceli toma aliento; “ha sido con algo que voy a
vivir toda mi vida, hasta Jorge Luis, nos levantamos y acostamos
pensando en Lesvy”.
Ayer 16 de octubre continuó la
audiencia sobre las medidas de reparación del daño que deben recibir los
familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio, una vez que el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México (TSJ) determinó la culpabilidad de Jorge Luis
González Hernández en el feminicidio de Lesvy, perpetrado el 3 de mayo de 2017
en una caseta telefónica frente al Instituto de Ingeniería del campus de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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A Araceli le cuestionaron qué medidas podrían
satisfacer la irreparable pérdida de su hija. Reflexionó. Sabe que es imposible
regresar el tiempo para volver a estar con su hija. Así que pidió al Tribunal
“lo humanamente posible” que la Justicia mexicana podría garantizarle: retomar
su proyecto de vida.
Que un día le dejen de llamar la “mamá
de Lesvy”, para simplemente estar frente a un grupo de alumnos e impartirles
clases, que es su profesión; concluir su segunda carrera de psicología;
después, estudiar una maestría. Aceptar e incluir en su vida cotidiana la
ausencia de “Ber”, como llama a su hija.
En esta parte del proceso judicial para el acceso a la justicia en el
caso de Lesvy, antes de llegar a una sentencia y la definición de años
que Jorge Luis González pasará en prisión, el Tribunal debe determinar
las medidas de reparación a las que accederán los familiares de Lesvy
como víctimas indirectas, por lo que comparecieron siete testigos
quienes hablaron del impacto que generó el feminicidio de Lesvy en sus
familiares y comunidad cercana como sus amigas.
Para ello la psicóloga Ximena Antillón
Najlis, experta en acompañamiento de casos de violaciones a Derechos Humanos
consultada por la asesoría legal de la familia, elaboró un peritaje de los
impactos psicosociales del feminicidio de Lesvy y las medidas de reparación que
serían deseables en este caso.
Antillón recomendó al Tribunal cuatro
dimensiones de reparación del daño acorde a los estándares establecidos por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH): 1) Rehabilitación: que la familia tenga atención psicológica, médica y
reconstrucción de su proyecto de vida; 2)
Medidas de satisfacción: dignificar la memoria de Lesvy Berlín y la lucha
de sus familiares en búsqueda de verdad y justicia, tener un sentencia
emblemática, sancionar a los servidores públicos que obstruyeron el acceso a la
justicia, crear un memorial para la joven y otras víctimas de feminicidio en
México; 3) Medidas de no repetición:
estas son de alcance estructural, que las instituciones generen protocolos de
atención para víctimas indirectas del feminicidio, y protocolos para el manejo
de casos de feminicidio por parte de medios de comunicación; 4) Compensación económica.
Sobre este último punto, Antillón
Najlis explicó al Juzgado que la indemnización a la familia podría calcularse
restando la edad de Lesvy (22 años de edad) a la edad promedio que viven las
mujeres en México, 76 años. La cifra se multiplica por la profesión que hubiera
desarrollado Lesvy, quizá maestra porque dominaba cinco idiomas. Se suma además
el suelo que la familia dejó de recibir por abocarse a buscar justicia. De esta
manera –dijo la experta- la CoIDH calculó la indemnización que debía pagar el
Estado mexicano en el caso conocido “Campo Algodonero” por los casos de
feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Mañana 18 de octubre el Tribunal conformado por tres jueces
dará un fallo de la reparación del daño que debe asegurarse en el caso, a partir de esta recomendación y los deseos externados por la familia de Lesvy. Después, en un periodo de cinco días hábiles darán la sentencia final en el caso.
La PGJ ha solicitado la pena máxima para Jorge Luis, 60 años de
prisión. En esta audiencia la defensoría pública del acusado externó a
los jueces que desean la pena mínima para el hombre de 31 años, 30 años
de prisión.
“Un dolor para toda la vida”
Cuando cuestionan al señor Lesvy Rivera Calderón sobre cómo afronta
el dolor de la pérdida de su hija, no tiene forma de responder. Él y
Araceli Osorio coinciden que no han tenido tiempo de trabajar el duelo,
pues han volcado sus esfuerzos en la búsqueda de justicia y verdad para
su hija a lo largo ya, de 2 años y medio.
Ximena Antillón explicó que el impacto traumático del
feminicidio no sólo está dado por el hecho en sí mismo que es
extremadamente violento y genera un “sin sentido” en los familiares.
También en la respuesta que tengan las autoridades del Estado y la
sociedad. En este caso, fue la propia Procuraduría de Justicia
quien culpabilizó a la víctima y expuso a la sociedad que la joven de 22
años de edad se había suicidado, no estudiaba y consumía alcohol y
drogas. Mientras los medios de comunicación se encargaron de difundir
esa voz oficial.
Tanto Araceli como Lesvy han abandonado sus trabajos para
concentrarse en demostrar que su hija no cometió suicidio, sino que
Jorge Luis la violentó por meses hasta privarla de la vida con el cable
de un teléfono público en la UNAM.
Como consecuencia de la pérdida de su hija, las circunstancias tan
violentas que rodearon su muerte y la violencia institucional que han
enfrentado, ambos han experimentado depresión moderada, estrés
postraumático, tristeza, angustia, tensión, ansiedad, incertidumbre que
se manifiesta en dolores en el cuerpo, trastornos de sueño y
posiblemente en enfermedades en el futuro.
Estas manifestaciones fueron corroboradas por tres peritajes: el
elaborado por la psicóloga Ximena Antillón, otro por la perita psicóloga
de la PGJ, Coral Santiago Aguilar, y uno que elaboró personal de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) para la
integración de la Recomendación 01/2018, en que se determinó la falta de
debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy. Todas
comparecieron ante el Tribunal.
A pesar de estas afectaciones Araceli y Lesvy Rivera manifestaron que
no han podido acudir a una terapia de rehabilitación. Y es que no sólo
no tienen tiempo para el duelo, de acuerdo con las tres psicólogas no
hay institución en México especializada en la atención de víctimas
indirectas de delitos graves como es el feminicidio; aún cuando en el
país, 9 mujeres y niñas son asesinadas al día, de acuerdo con datos de
Naciones Unidas.
La PGJ, por medio del Centro de Apoyo
Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento (Adevi), sólo se encargó de
diagnosticar el tipo de terapia que necesitan los padres de Lesvy. Recomendaron
llevar una sesión cada semana por un año. El costo, 29 mil pesos en promedio
por cada uno. Todo lo tendrían que cubrir de sus bolsillos.
Encima, las sesiones sólo servirían para “estabilizar” a los
familiares, explicó la perita Coral Santiago, porque un proceso de duelo
lleva entre dos años o más. Además, Lesvy no murió por una enfermedad,
accidente o como quisieron afirmar en un inicio, un suicidio. A sus 22
años de edad fue violentada por cuatro meses por su entonces pareja,
Jorge Luis González, hasta que la asesinó de forma violencia. Esto causa
un trauma en los familiares dijo Ximena Antillón.
De acuerdo con la experta, no sería
deseable que las instituciones del Estado den la atención psicológica a la
familia de Lesvy, porque como ocurre en otros casos de feminicidio, existe una
pérdida de confianza en ellas al ser quienes propician la impunidad, los
revictimizaron y estigmatizaron. En el Adevi, ejemplificó, se dijo a la familia
de Lesvy que “iban a salir con cheque”.
“Se pierde el sentido de la reparación del daño, que sea de manera digna y con estándares. El dolor no se puede hacer un monto”, dijo la psicóloga perteneciente a la asociación civil Fundar.
El feminicidio de Lesvy también trastocó su entornó inmediato. Su
mejor amiga, Lizeth habló a los jueces de los planes que tenían:
terminar la carrera, poner un negocio, viajar y seguir en la
estudiantina. Lesvy pertenecía al grupo de estudiantina femenil de la
UNAM, seis de sus integrantes la abandonaron a partir de su
feminicidio.
Pero el dolor de los familiares también
se ha transformado en resistencia, Antillón señaló que la búsqueda colectiva de
justicia con jóvenes, colectivas feministas, estudiantes se ha convertido una
de las formas principales de la familia de Lesvy en el afrontamiento del
feminicidio.
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