Orlando Delgado Selley
Por diversos medios se han
hecho públicos pronósticos sobre la evolución probable del PIB para este
2019 y el año próximo. Prácticamente en todos hay coincidencia en que
habrá un crecimiento de entre 0.1 y 1 por ciento. El propio gobierno
federal, por conducto de Hacienda, sostiene que el crecimiento este año
estará entre 0.6 y 1.2 por ciento y el FMI, en su muy referido estudio
sobre la economía mexicana, ha reducido su estimación de 0.9 a 0.4 por
ciento. El reconocimiento de que existen problemas internos que, junto
con un entorno global claramente cargado hacia una desaceleración
generalizada, han abierto el debate sobre la estrategia de desarrollo
que está siguiendo el gobierno.
Desde el inicio de su mandato, AMLO estableció lineamientos que
condicionan su estrategia económica. Tres principios se señalaron como
centrales: primero, mantener las finanzas públicas federales en
condiciones de equilibrio presupuestal, es decir, operar con superávit
fiscal primario y un déficit financiero de menos de medio punto
porcentual. Segundo, en los primeros tres años de gobierno no habría
ninguna modificación a la estructura tributaria, es decir, no habría
reforma impositiva que incrementara los porcentajes cobrados a los altos
ingresos, ni impuestos nuevos. Tercero, no habría endeudamiento público
neto, es decir, que la deuda pública como porcentaje del PIB se
reduciría cada uno de los años de este gobierno. En el contexto de
desaceleración global, urge una revisión critica de estos principios sí
es que se quiere alcanzar la meta de reducir la pobreza o aumentar el
bienestar.
Junto con estos lineamientos, la estrategia gubernamental se sostiene
en programas sociales importantes: jóvenes construyendo el futuro,
apoyo a los adultos mayores, jornaleros construyendo futuro, a los que
se han dedicado recursos presupuestales significativos. Además, al
arranque de 2019 se incrementaron los salarios mínimos
significativamente al pasar de 88.76 pesos diarios a 102.86 pesos, un
incremento superior a 16 por ciento, y se creó la zona fronteriza en la
que se duplicó el salario mínimo.
Con este paquete redistributivo, AMLO ha sostenido la idea de que,
aunque el crecimiento de la economía sea raquítico, está habiendo
mejorías en el bienestar de la población. Sin embargo, un crecimiento
económico raquítico es insuficiente para un gobierno progresista y para
un país con tantas carencias.
Pese a estas significativas mejoras, lo cierto es que la economía
está en una situación de cuasi estancamiento, provocada por la indudable
contracción del gasto público, particularmente el gasto de inversión,
por una aguda contracción de la inversión privada y por un entorno
externo crecientemente desfavorable, entre otros factores relevantes.
Frente a este escenario, la pregunta crucial es: ¿qué está haciendo el
gobierno federal? Las medidas que se han anunciado son tan claramente
insuficientes que impiden dormir al secretario de Hacienda. Persistir en
que la economía va bien es pretender que el país puede sostenerse con
ilusiones. Lo que tiene que debatirse y llegar a conclusiones
rápidamente es cómo instrumentar una estrategia de desarrollo
contundente, que contrarreste el ciclo recesivo que viene de la economía
mundial y que inyecte a la economía recursos públicos para dinamizarla.
Voces económicas calificadas, como C. Tello y J.L. Calva, han
planteado en estas mismas páginas la urgencia de modificar la
estrategia. Es indispensable que la economía crezca aceleradamente, para
lo cual hace falta que aumente el gasto público destinado a la
inversión.
Crecer para distribuir mejor el resultado del esfuerzo productivo, es
la única manera de revertir los impresionantes rezagos sociales que
caracterizan al país. Un gasto público mayor, que deberá ser acompañado
por incrementos salarial reales significativos, tiene que ser financiado
sanamente mediante una reforma impositiva que haga marcadamente
progresiva la tributación. Además, la relación entre la deuda pública y
el PIB esta en niveles manejables, de modo que hay un margen
relativamente amplio para utilizar recursos por medio de emisiones de
deuda externa sin que se ponga en riesgo la hacienda pública.
Ésta no es sólo una postura de economistas de izquierda o
progresistas, incluso el FMI ha planteado la conveniencia de una reforma
tributaria, aunque ha propuesto impuestos inadmisibles.
El dato importante es que es posible que amplios grupos de la
población, incluyendo grandes empresarios, reconozcan que es necesario
modificar el régimen tributario y que debe hacerse de inmediato. Aun
haciéndolo, los impactos en el ingreso público serían perceptible hasta
2021, lo que hace necesario incorporar la otra variable para financiar
el incremento en el gasto público: la deuda.
Endeudarse no es en sí mismo inconveniente. Hacerlo sin que se
aplique adecuadamente los recursos, como se hizo en el gobierno de Peña,
es escandaloso, pero si se destina, como bien señala Tello, al
desarrollo social, educación, salud, obras de infraestructura, petróleo,
energía, comunicaciones y transporte, la deuda servirá como palanca del
crecimiento y, en consecuencia, generará los recursos para su propia
amortización.
El asunto está planteado en el debate público. Importa que lo retome
Morena y que impulse que la estrategia económica del gobierno se
modifique, que se libere de los dogmas neoliberales.
El respaldo popular con el que cuenta el presidente debe aprovecharse para un verdadero cambio de rumbo.
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