Ciudad de México. La resistencia de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim) por decretar en Alerta de Violencia de Género (AVG) a la
Ciudad de México cuestionó los intereses de esta institución creada en
2009 para gestionar acciones encaminadas a frenar la violencia contra
las mujeres y niñas en todo el territorio mexicano.
Organizaciones de la sociedad civil, madres de
víctimas de feminicidio en la capital de México e integrantes de la Academia, sumaron
sus firmas el 8 de octubre en una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel
López Obrador y la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, en
la que reclaman la renuncia de la titular de la Conavim, Candelaria Ochoa
Ávalos, por obstaculizar el decreto del instrumento para salvaguardar la vida
de las mujeres y niñas en la Ciudad de México.
El pasado 13 de septiembre, el Juzgado Tercero de
Distrito en Materia Administrativa resolvió un amparo que interpusieron
organizaciones civiles y ordenó a la Conavim decretar la AVG en la Ciudad de
México en reconocimiento de un contexto de violencia feminicida. Pero la
Comisión ha dilatado el proceso al interponer un recurso de revisión del amparo
que tardará aproximadamente dos meses en resolverse.
La integrante del Grupo de Trabajo que atendió la
petición de AVG en la capital, la doctora en derecho Aleida Hernández
Cervantes, ha sido testigo de los obstáculos que ésta y la anterior
administración de la Conavim –bajo la dirección de Ángela Quiroga Quiroga- han
interpuesto para evadir la declaratoria de Alerta en la Ciudad de México.
En entrevista con Cimacnoticias, Hernández Cervantes
consideró que el problema se origina en que la Conavim es un organismo desconcentrado
de la Segob, la entidad encargada de la política interior del país y que está
en constante negociación con los gobiernos de las entidades federativas.
Con ello, las resoluciones de las Alerta de Género en
éste y otros casos han dependido de cálculos políticos; “qué les puede implicar
a las entidades federativas si le ponen la etiqueta de la AVG, qué costos
políticos tiene eso, costos electorales, de la imagen pública de quien está
gobernando”., cuestionó.
Y a ello hay que sumarle el menosprecio a las
temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres y de la violencia
feminicida que cobra la vida de 9 mujeres al día en el país, agregó la también
investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
El proceso para activar la AVG en la Ciudad de
México comenzó en septiembre de 2017 mientras Miguel Ángel Mancera gobernaba la
urbe. En medio del contexto electoral para la jefatura de gobierno, la Conavim
frenó la resolución del decreto de la Alerta hasta la entrada al poder de la
morenista Claudia Sheinbaum Pardo, violando así el proceso establecido en el
reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV).
El mismo Juez de Distrito reconoció en su sentencia
que la Comisión Nacional perdió de vista el estado de emergencia de la AVG, “prolongó
el estado de indefensión en el que se encuentran las mujeres y niñas de la
Ciudad de México”, y “no cumplió en todos los actos tendientes a salvaguardar
su integridad”.
Al final, dijo la doctora en
derecho, las titulares de la Conavim son las que tienen que pagar el costo. “De
pronto no se plantan para defender los derechos de las mujeres, con todo lo que
implica, si sus jefes les piden la renuncia. Prefieren que les pidan la
renuncia a quienes tienen que dar resultados concretos: las organizaciones, las
víctimas, la sociedad civil”.
Para tener una Conavim más autónoma y mejores resultados
en las Alertas de Género (que están activas en 18 entidades) la académica propuso
reformular la manera en que se elige a la comisionada, que actualmente es a
través del presidente.
Pugnar por un proceso más plural, articulado desde
la sociedad civil, la Academia y las organizaciones, “de tal manera que la
titular deba su puesto a la sociedad civil y no dependa de las órdenes de la o
el secretario de Gobernación en turno”.
Asimismo, asegurar que la Comisión cumpla con el
objetivo por el que fue creada; ser una institución pro activa para sancionar,
erradicar, eliminar la violencia contra las mujeres, en lugar de ser una
“institución obstáculo”, concluyó.
CIMACFoto: María Esparza Quintana
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