La Cámara de Diputados aprobó ayer sancionar con prisión
preventiva oficiosa la emisión de facturas que amparen operaciones
inexistentes, un fenómeno que se acrecentó, según explicó Morena, en el
sexenio pasado y facilitó el florecimiento de empresas fantasma y la
elusión fiscal.
Incluso, Mario Delgado sostuvo que, al considerar la defraudación
fiscal como delincuencia organizada y un delito contra la seguridad
nacional, las cárceles se llenarán de evasores.
PAN, PRI y PRD alertaron que la medida desincentivará la inversión y
se corre el riesgo de que, por error de contadores, cualquier
contribuyente pueda ser encarcelado o, incluso, que las empresas sean
sujetas de extinción de dominio.
Abril Alcalá (PRD) expresó:
¡Aguas! Porque hay por ahí dos contadores, el de Yeidckol Polevnsky y el de Ana Gabriela Guevara, que podrían meter a mucha gente a la cárcel.
Durante la discusión de las reformas a las leyes Federal Contra la
Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como a los códigos
Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal
Federal, el Partido del Trabajo admitió que aplicar la prisión
preventiva de oficio es desproporcionado, pero que también lo ha sido
el saqueo al país. Es un exceso, sí, pero venimos de los excesos y hay que pararlos así, argumentó Óscar González. Incluso señaló que grandes empresas, como América móvil, Peñoles, Grupo México, Walmart de México, Maseca o Televisa, que tienen utilidades multimillonarias, sólo han pagado entre 2 y 6 por ciento el ISR.
Y mi fuente es la Bolsa Mexicana de Valores, dijo.
En la tribuna, Enrique Ochoa Reza (PRI) explicó que con la reforma se
criminaliza al contribuyente, al aplicarse la prisión preventiva de
oficio y la extinción de dominio.
Propuso excluir la defraudación fiscal de las leyes Contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional.
Argumentan que no quieren criminalizar al contribuyente. Esta es la oportunidad: corrijan la minuta del Senado.
Sin embargo, la mayoría rechazó todas las reservas, incluida una de
Lorena Villavicencio (Morena), que antes había votado en contra del
dictamen, al igual que sus compañeros de bancada Sergio Mayer Bretón,
Martha Patricia Ramírez Lucero, Ulises Murguía y Javier Castañeda
Pomposo.
Villavicencio resaltó que la reforma afecta el principio
constitucional de presunción de inocencia que la cámara está obligada a
preservar.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
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