Editorial La Jornada
Sin precisar el número ni el
nombre de las empresas implicadas, la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) anunció ayer que ha iniciado un procedimiento contra
varios bancos que operan en el país, debido a prácticas de colusión para
manipular los precios de los bonos gubernamentales.
Según la información, durante tres años el organismo autónomo encontró probable responsabilidad por
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno; es decir, los corporativos bancarios investigados –que por ley deben competir entre ellas– habrían realizado
contratos, convenios o arreglospara concertar sus posturas para
manipular el precio de los valores de deuda o establecer obligaciones para no comercializar o adquirir una parte de éstos. En concreto se considera que hubo colusión para hacer caer el precio de los Cetes.
Tras escuchar los argumentos de los representantes de los bancos
involucrados en la pesquisa, la entidad reguladora podría, en caso de
encontrarlos culpables, imponerles una multa hasta por 10 por ciento de
sus ingresos anuales.
El país padece por un conjunto de bancos ineficientes, voraces,
depredadores y elitistas, cuyo accionar generó entre enero y junio de
este año 5 millones 419 mil 546 quejas por un monto total reclamado de
17 mil 13 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), lo que representa un incremento de más de 20 por
ciento de inconformidades respecto del mismo periodo de 2018.
Setenta y seis de cada cien quejas fueron resueltas en favor de los
usuarios, lo que subraya lo ineficaz, en el mejor de los casos, o lo
tramposo, en el peor, de las entidades de la banca privada.
A la falta de cobertura territorial, las prácticas discriminatorias
en contra de los pequeños cuentahabientes, los costos excesivos de las
comisiones –que por regla general son mucho más altas en México que en
los países de procedencia de la mayor parte de los bancos–, a las
prácticas abusivas de comercialización y a los usos intimidatorios de
cobranza, debe agregarse ahora que los bancos privados que operan en el
país han conformado un sistema semejante a un cártel –la
expresión es de la propia Cofece– y que ha podido hacerse con el poder
para incrementar o reducir a su antojo, y con el simple propósito de
incrementar sus ganancias, el monto de la deuda gubernamental.
Cierto que, una parte sustancial de la responsabilidad por este
indeseable y preocupante escenario recae en las autoridades que durante
muchos años han sido incapaces de detectar, impedir y sancionar las
prácticas referidas y, por el contrario, han sido omisas, complacientes y
hasta cómplices de los excesos, abusos y atropellos que las
corporaciones bancarias y financieras cometen en el país.
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