Estragos por Fernand en el norte del país en septiembre pasado. Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera semana de septiembre, la depresión tropical Fernand dejó severos daños en el noreste mexicano y, el caso de Nuevo León, fue especialmente llamativo por las consecuencias del meteoro, pero principalmente por las declaraciones del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Un día después de que las lluvias cesaron, el político expriista, que se ha promocionado como El Bronco en sus diferentes aventuras políticas, proclamaba que los daños ascendían a 7 mil 500 millones de pesos y que esa sería la cantidad que solicitaría al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Las lluvias por “Fernand” se registraron entre el 3 y el 5 de septiembre, pero el cálculo de 7 mil 500 millones estaba listo para la noche del viernes, una cuantificación de daños realizada aun con lluvias aisladas pero suficiente para que el mandatario estatal expusiera la mañana del 7 de septiembre que esa era la cifra que necesitaba. Sobra decirlo, nadie podría cuantificar un desastre natural en 24 horas.
El Fonden se convirtió, como mucho en la administración pública, en una caja chica de los gobernadores coludidos con altos funcionarios de la secretaría de Gobernación para usar el Fonden que, por sus características, está sujeto a pocos controles. Un gobernador solía hacer una cuantificación y un área de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encargaba de autorizar la cuantía, los recursos fluían en adjudicaciones directas sin verificación de lo adquirido en los diferentes rubros a los que suele destinarse el fondo.
Se trata más que de una sospecha de corrupción identificada desde hace tiempo, basta googlear las palabras Fonden-despensas-bodega, para que numerosas notas periodísticas aparezcan dando cuenta de casos en los que los apoyos para desastres fueron almacenados con presuntos fines electorales.
Esa es apenas la primera parte, se trata de aquello que tiene que ver con la atención inmediata a damnificados por un desastre natural: despensas, colchonetas, cobijas, alimentación. Las reglas de operación son mañosas, pues se establecen parámetros que sólo puede cumplir algún proveedor que, por tratarse de adjudicaciones directas en atención a una emergencia, quedaban a discrecionalidad de los servidores públicos de la federación y la entidad de que se trataba.
Además, está aquello que tiene qué ver con la atención inmediata, como reparar caminos vitales o abastos de agua. Otra vez la discrecionalidad. Y, finalmente, sigue la reconstrucción que implica obra y como se sabe, donde hay obra, sobra.
Por el ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior de la Federación revisó 26 mil millones de un total de 33 mil millones que ejerció el Fonden. Al revisar la forma en que se ejercieron los recursos, en un año en el que además de los desastres por inundación se registraron los terribles sismos del 7 y el 19 de septiembre, resultó que había 7 mil 567 millones de pesos que se ejercieron de manera injustificada.
Aun peor. La ASF concluyó que la forma en que se entregaban subsidios y apoyos para la atención de desastres naturales, era ineficaz, ineficiente y costosa y alertó sobre eventuales casos de corrupción; ausencia de reglas claras y un diseño institucional débil.
Aunque hasta ahora la normatividad es la misma, un dato llamó la atención en la conferencia de prensa matutina del lunes 14 de octubre. El coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, expuso primero que se han otorgado 34 declaratorias de emergencia y 16 por desastre, un total de 50 declaratorias, en contraste con las 112 de 2018.
Esas declaratorias han significado una erogación por 793 millones de pesos durante 2019, en contraste con los 42 mil millones de 2017 y los 14 mil millones de 2018.
El instrumento implica disciplina para no declarar desastre cuando no lo es ni asignar recursos que no corresponde a los daños, como parece ser el caso de lo solicitado por Rodríguez Calderón que, en el censo de verdad que se está realizando, Protección Civil-Fonden han cuantificado daños por 360 millones de pesos, esto es 20 veces menos de lo pedido por El Bronco.
Aunque el resultado de lo realizado en la actual administración es encomiable, hacen falta reglas más claras, una reforma que haga confiables los procedimientos y evite el robadero de otros momentos a costa de los damnificados. Un asunto de certeza. Y, naturalmente, faltan procesos de investigación exhaustivos para que aquellos que hicieron negocio con los desastres naturales –asunto este que ofende como pocos—no siga quedando impune.
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