CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México.- En los procesos de solicitudes de
las Alertas de Violencia de Género (AVG) la participación de las
organizaciones de la sociedad civil debería garantizarse porque son las
principales interesadas en accionar una intervención del Estado frente a
la violencia feminicida contra mujeres y niñas.
Así lo consideró la integrante del Grupo de Trabajo que atendió la
petición de la sociedad civil de activar el mecanismo de AVG en la
Ciudad de México, la doctora en derecho Aleida Hernández Cervantes.
Cimacnoticias consultó a la investigadora del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM) quien habló en
entrevista sobre el proceso judicial que enfrenta el mecanismo de Alerta
en la Ciudad de México y el papel de la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en éste.
Hernández Cervantes fue una de las que votó a favor de activar la AVG en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México,
pero su opinión así como la del resto de integrantes del Grupo de
Trabajo, no fue considerada por la Conavim. El organismo desconcentrado
de la Secretaría de Gobernación (Segob) concluyó el 7 de junio de 2019
que la declaratoria de AVG para la capital del país no procedía pues
consideró suficientes las medidas que impulsaba la jefa de Gobierno en
turno, Claudia Sheinbaum Pardo.
Las organizaciones civiles peticionarias (Justicia Pro Personas y el
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria) interpusieron un
amparo contra la resolución y consiguieron que un Juez de Distrito ordenara a la Conavim activar el mecanismo el pasado 11 de septiembre
pero la Comisión se inconformó con la medida de “otorgar participación
activa a las organizaciones peticionarias” que consideró el Juez dentro
de su sentencia, estancando así la activación de protección para las
capitalinas.
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La doctora en derecho puntualizó que la Conavim al cerrarse a la participación de las organizaciones civiles en el seguimiento de la AVG está
haciendo una interpretación restrictiva del Reglamento de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)
toda vez que la Ley y su reglamento aunque sólo consideran a las
organizaciones de la sociedad civil para plantear una petición de AVG,
sí tienen un interés legítimo de conocer el proceso, al ser ellas las
representantes de las mujeres afectadas por la violencia feminicida, tal
como lo tiene la parte señalada, que son los gobiernos estatales.
Por ejemplo, señaló Hernández Cervantes, el gobierno de la Ciudad de México sí tiene participación en el proceso de AVG por medio de la Secretaría de las Mujeres,
quien lo representa dentro del Grupo de Trabajo, el equipo encargado de
investigar los hechos denunciados en las peticiones de AVG, emitir
recomendaciones a las autoridades y estudiar si las cumplieron.
Cabe recordar que el artículo 36 del Reglamento, señala que el Grupo
de Trabajo para cada solicitud de Alerta admitida debe constituirse por
cuatro representantes de las instituciones: la Conavim, el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el mecanismo para el adelanto de
las mujeres de la entidad federativa de la que se trate, y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Así como cuatro académicas (dos a
nivel nacional y dos de la entidad federativa en la que se pidió la
AVG).
La profesora en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que el Reglamento que regula el proceso de AVG no restringe explícitamente la participación en el proceso de la sociedad civil,
incluso el Grupo de Trabajo tiene la facultad de invitar a
organizaciones y organismos internacionales. De ahí que se podría
permitir a las agrupaciones civiles seguir “momentos clave”, con voz,
pero sin voto, como vigilar las acciones que emprenden los gobiernos
locales, escuchar el informe que emite el Grupo de Trabajo y cuando este
informe se presente a las autoridades correspondientes, propuso.
De fondo, dijo la doctora Aleida Hernández, “la Conavim no debería litigar si las organizaciones civiles deben estar en el proceso o no,
sino en estar pendientes de que otras instituciones de procuración e
impartición de justicia, así como de atención a la violencia contra las
mujeres, estén cumpliendo su deber. Concentrarse en ese tipo de detalles es obstrucción para garantizar los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia”, aseveró.
Las organizaciones y su participación en procesos de AVG
Aunque no está clara su intervención en la normativa, las organizaciones civiles han formado parte activa en las distintas fases de los procedimientos de AVG
dependiendo la apertura de los gobiernos estatales. Por ejemplo,
acercan información relevante a los Grupos de Trabajo sobre los
contextos locales de violencia; les facilitan el contacto con víctimas
directas e indirectas de esta violencia; participan en las mesas de
seguimiento a las acciones; o son consultadas por las autoridades
estatales.
Para las organizaciones de la sociedad civil el mecanismo de AVG ha
sido una herramienta de presión política para que los gobiernos
estatales corrijan marcos normativos violatorios de los Derechos Humanos
de las mujeres y situaciones de violencia feminicida que están
desatendidas. De acuerdo con el diagnóstico al instrumento que hizo la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 90 por ciento de las
peticiones de AVG las han presentado organizaciones civiles.
Inclusive, han sido
las agrupaciones civiles quienes han motivado los ajustes al mecanismo para sus
mejores resultados. Antes de la reforma del Reglamento de la LGAMVLV, en 2013,
el procedimiento establecido no permitió que las solicitudes de Alerta
presentadas fuesen admitidas porque dependían de la opinión de las 32 entidades
federativas. Las únicas solicitudes que prosperaron fueron mediante recursos de
amparo interpuestos por las organizaciones civiles, tal es el caso emblemático
del Estado de México que evidenció las barreras políticas que enfrentaba el
mecanismo.
“Lo que veo es una cerrazón para activar un mecanismo que fue producto de luchas de demandas historias de las mujeres desde Ciudad Juárez hasta ahora que sigue el problema de feminicidio”.Aleida Hernández, integrante del Grupo de Trabajo de la AVG en Ciudad de México
Actualmente en 18 entidades federativas está activo el mecanismo de
Alerta de Género, desde la Secretaría de Gobernación se ha dicho que se
está evaluando pues no ha tenido los resultados deseados. El mismo
argumento utilizó la jefa de Gobierno Sheinbaum Pardo, para insistir que
no se necesita el instrumento de protección para las mujeres en la
Ciudad de México.
En tanto, será un Tribunal Colegiado quien determiné si la Conavim
tiene razón en sus argumentos de no aceptar la participación de las
organizaciones civiles.
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