El turno de Romero Deschamps
De lo sindical a
lo judicial
¿Castigo proporcional o diluido?
Bonillazo y (otros)
extravíos
Carlos Romero Deschamps es uno
de los más depurados símbolos de la corrupción mexicana. No es el
personaje de la tragedia nacional que más riqueza hubiera acumulado ni
sus abusos son una excepción en los altos niveles de la política
nacional. Pero su desfachatez y persistencia (superviviente de varios
sexenios presidenciales, como muchos líderes sindicales del sistema) le
han fijado en la percepción popular como una de las fichas más
repudiables del tablero político tradicional.
Ahora parece haber entrado el citado dirigente sindical petrolero en
el camino irreversible de la salida de escena, en una trama parecida a
la que llevó a Eduardo Medina-Mora a dejar la Suprema Corte de Justicia
de la Nación: expedientes judiciales relacionados con la corrupción
estarían por empujarlo a la renuncia a la gerencia del gran negocio del
sindicato petrolero que siempre estuvo plegado a los intereses de los
poderes priístas y panistas.
Ayer, el propio Presidente de la República tocó el tema y dijo con un
aire aparentemente informal que Romero Deschamps tendría que tomar una
decisión personal en cuanto a seguir o no en la dirigencia de los
trabajadores y, de esa manera, determinar desde cuál posición enfrentará
las acusaciones que procesa la Fiscalía General de la República. Pero
también consideró que en el caso de estas denuncias
lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal. Habrá de verse si hay justicia suficiente en el tratamiento al dirigente caído en desgracia sexenal, con penalidades proporcionales al gran daño a la nación que él cometió de manera sistemática, o su suerte va aparejada a alguna forma de benevolencia al adversario que huye.
Ha de decirse que el faraónico líder sindical no tiene una
adscripción grupal específica, así que no puede interpretarse el golpe
judicial contra él como si fuera dirigido a una facción definida: Romero
Deschamps formó parte del bando y la banda correspondiente a cada
sexenio, de tal manera que su procesamiento judicial no debería ser
interpretado como un golpe político al más reciente de sus aliados,
Enrique Peña Nieto.
La llamada Ley Bonilla se mantiene en un nivel alto de la discusión
pública. La farsa de consulta realizada el pasado domingo parece
hundirse en su intrascendencia de origen: es una marrullería mal hecha
con la que se pretende apoyar la pretensión de asignar tres años más de
gobierno en Baja California a Jaime Bonilla Valdez. Hay otro dato propio
de la peor factura tramposa del pasado que se considera superado: está
perdidael acta de la sesión del congreso local que aprobó las reformas que buscan pasar de dos a cinco años en el ejercicio bonillista.
No es un extravío inocente: el proceso de impugnación de la ley Bonilla sólo puede iniciarse a partir de que ese acuerdo, sustentado en el acta legislativa correspondiente, sea publicado en el Diario Oficial de Baja California.
Hacer perdediza tal acta pospone el arranque de impugnaciones
judiciales, de tal manera que podría ser publicada en el citado diario
oficial a última hora, antes de la toma de protesta de Bonilla, para que
así no se vea ajado de inmediato el inicio de la gubernatura
bajacaliforniana, aunque ello no significará mella o atenuante a las
varias impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
ya tienen listas varios oponentes, entre ellos el mismo Instituto
Nacional Electoral.
Astillas
Resulta peculiar que el gobernador Silvano Aureoles
(formalmente perredista aunque, en realidad, impulsado por Enrique Peña
Nieto) llame al Presidente de la República a
enfrentar juntosacontecimientos trágicos como el asesinato de 13 policías en Aguililla, Michoacán... Y, mientras el diario español El País ha informado que Andorra embargó 83 millones de dólares al litigante pro élites mexicanas Juan Collado, ahora preso, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
No hay comentarios.:
Publicar un comentario