Editorial La Jornada
La renuncia de Carlos Romero
Deschamps a la secretaría general del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cargo que ocupó por 26
años, marca el fin del más notorio cacicazgo en el sindicalismo mexicano
que se mantuvo intocable en tres administraciones federales priístas y
dos panistas, pese a la escandalosa ostentación de lujos inexplicables
por parte del dimitente y a los múltiples señalamientos de abusos,
atropellos y uso patrimonialista de los bienes públicos.
La perpetuación de ese liderazgo corrupto por un cuarto de siglo fue
posible, en primera instancia, por las prácticas antidemocráticas del
sindicalismo charro, solapadas en la legislación laboral por
décadas y, en segundo lugar, debido al sistemático encubrimiento del
poder público mediante un entramado de complicidades que supuso el
incuantificable quebranto para el Estado. En este último aspecto, es
ineludible recordar el Pemexgate, esquema de desvío de recursos
públicos que aportó más de mil millones de pesos del sindicato
petrolero a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, candidato
presidencial priísta en 2000.
La llegada de una administración federal que no se encuentra atada a
los pactos que sostuvieron esa clase de cacicazgos sindicales, así como
la reforma en materia laboral que finalmente permite a los trabajadores
elegir a sus dirigentes gremiales mediante el voto secreto, volvieron
insostenible la continuidad de un personaje como Romero Deschamps, por
lo que su destino parecía sellado meses atrás.
Sin embargo, la caída del líder petrolero no necesariamente supondrá el derrumbe de la estructura charra
en cuya cúspide se encontraba y el que dicha estructura sea
desmantelada o reciclada en el nuevo contexto depende, a fin de cuentas,
de los trabajadores afiliados al STPRM: si bien es cierto que la
transformación política y jurídica referida brinda las condiciones de
posibilidad para la democratización de la vida sindical en el país, este
saneamiento de la dinámica interna de las organizaciones gremiales es
una tarea en la que las autoridades no deben interferir, pues
corresponde en forma exclusiva a los sindicalizados.
Por último, aunque no puede soslayarse el hecho de que la renuncia de
Romero Deschamps se produjo apenas unas horas después de que el
presidente Andrés Manuel López Obrador ratificara la existencia de dos
denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, no puede
darse por sentado que la defección del otrora poderoso dirigente vaya a
ser el prefacio de un proceso penal en su contra: es necesario
distinguir con claridad lo que toca al ámbito laboral (el fin de este
pernicioso cacicazgo) de lo que corresponde al Poder Judicial (la
investigación para fincar o deslindar responsabilidades al ex líder con
respecto a diversos ilícitos); en lo inmediato, pues, lo más relevante
de la caída de Romero Deschamps son sus implicaciones para la vida
sindical de los trabajadores petroleros y, por extensión, para el resto
de las organizaciones gremiales del país.
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