Prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio a factureras

La Cámara de Diputados aprobó ayer sancionar con prisión preventiva oficiosa la emisión de facturas que amparen operaciones inexistentes, un fenómeno que se acrecentó, según explicó Morena, en el sexenio pasado y facilitó el florecimiento de empresas fantasma y la elusión fiscal.

Incluso, Mario Delgado sostuvo que, al considerar la defraudación fiscal como delincuencia organizada y un delito contra la seguridad nacional, las cárceles se llenarán de evasores.

PAN, PRI y PRD alertaron que la medida desincentivará la inversión y se corre el riesgo de que, por error de contadores, cualquier contribuyente pueda ser encarcelado o, incluso, que las empresas sean sujetas de extinción de dominio.

Abril Alcalá (PRD) expresó: ¡Aguas! Porque hay por ahí dos contadores, el de Yeidckol Polevnsky y el de Ana Gabriela Guevara, que podrían meter a mucha gente a la cárcel.

Durante la discusión de las reformas a las leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como a los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, el Partido del Trabajo admitió que aplicar la prisión preventiva de oficio es desproporcionado, pero que también lo ha sido el saqueo al país. Es un exceso, sí, pero venimos de los excesos y hay que pararlos así, argumentó Óscar González. Incluso señaló que grandes empresas, como América móvil, Peñoles, Grupo México, Walmart de México, Maseca o Televisa, que tienen utilidades multimillonarias, sólo han pagado entre 2 y 6 por ciento el ISR. Y mi fuente es la Bolsa Mexicana de Valores, dijo.

En la tribuna, Enrique Ochoa Reza (PRI) explicó que con la reforma se criminaliza al contribuyente, al aplicarse la prisión preventiva de oficio y la extinción de dominio.

Propuso excluir la defraudación fiscal de las leyes Contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional. Argumentan que no quieren criminalizar al contribuyente. Esta es la oportunidad: corrijan la minuta del Senado.

Sin embargo, la mayoría rechazó todas las reservas, incluida una de Lorena Villavicencio (Morena), que antes había votado en contra del dictamen, al igual que sus compañeros de bancada Sergio Mayer Bretón, Martha Patricia Ramírez Lucero, Ulises Murguía y Javier Castañeda Pomposo.

Villavicencio resaltó que la reforma afecta el principio constitucional de presunción de inocencia que la cámara está obligada a preservar.

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Facturas: fraude astronómico

Editorial La Jornada

Ayer, en la conferencia presidencial de las mañanas, la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, dio a conocer que la dependencia que encabeza ha detectado 8 mil 204 empresas que de 2017 a la fecha emitieron entre 8 y 9 millones de facturas de operaciones falsas por el total de un billón 600 mil millones de pesos, lo que representa una defraudación fiscal de 354 mil millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

De lo dicho por la funcionaria se desprende que las cifras señaladas son sólo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio, en el que participan tanto empresas que facturan operaciones simuladas (Efos) como empresas que deducen operaciones simuladas (Edos), unas y otras vinculadas por redes delictivas de extremada complejidad.

Las primeras suelen tener como denominador común la escasez o ausencia de activos materiales, el surgimiento y la desaparición súbitas y la ubicación en zonas marginadas. Las segundas, en cambio, suelen ser compañías estables que presentan sus declaraciones fiscales en forma regular, si bien adulteradas por un componente de falsedad.

Ríos-Farjat destacó que las facturas con operaciones falsas pueden amparar transacciones de compra-venta que nunca fueron realizadas, con la finalidad de reducir los montos a pagar de impuestos sobre la renta o al valor agregado, o bien, intercambios monetarios con propósitos de lavado de dinero.

Entre 2014 y 2018 el número de Efos detectadas se incrementó 31 veces y el pasado 20 de junio el SAT intervino en diversas entidades, 150 de éstas son empresas fachada.

Las implicaciones del filón de criminalidad y corrupción detectado por la dependencia referida son difícilmente mensurables. De entrada, es claro que durante muchos años la práctica de las facturas de operaciones falsas han significado pérdidas astronómicas para el erario, lo que se ha traducido necesariamente en menor desarrollo económico, incapacidad gubernamental para cumplir con las obligaciones constitucionales hacia la población y descomposición institucional.

Significativamente, el SAT detectó dentro de su propio equipo a media docena de funcionarios que operaban favoreciendo la construcción de empresas, los cuales ya fueron separados del cargo y enfrentan las consecuencias legales.

Más allá de esos impactos, resulta insoslayable el hecho de que las transacciones inexistentes amparadas por medio de facturas simuladas otorga un enorme margen de acción a actividades delictivas de todo tipo, empezando por el lavado de dinero.

Otra consecuencia de las prácticas referidas es que introducen de manera inevitable distorsiones mayúsculas en las mediciones económicas, lo que impide tener una idea precisa del desempeño del comercio, la industria, las finanzas y hasta los servicios profesionales en el país.

Es claro, pues, que el combate a la simulación mediante documentos fiscales aparentemente válidos es una tarea impostergable de la autoridad federal y que en ese propósi-to deben aportar todo el apoyo necesario los gobiernos estatales y municipales, los otros poderes de la Unión, los organismos de la iniciativa privada y los ciudadanos en general.

El gobierno va contra la gran transa del tráfico de facturas

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que a partir de las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se va a acabar con el tráfico de facturas falsas, “que es una gran transa que se permitió. El huachicoleo en las facturas, dijo, causa evasión fiscal de miles de millones de pesos”.

El SAT detectó de 2014 a la fecha el funcionamiento de 8 mil 204 empresas factureras que emitían documentos originales para amparar operaciones simuladas y evadir el fisco o lavar dinero por 1.6 billones de pesos. Este esquema permitió la evasión fiscal en ese periodo por 354 mil millones de pesos, informó la titular del organismo, Margarita Ríos-Farjat.

Este mecanismo de defraudación mediante el cual se colocan en el mercado comprobantes fiscales auténticos sobre conceptos no ejercidos o montos menores, tiene implicaciones agresivas para el fisco. Para el caso del impuesto al valor agregado (IVA) implica que se generen saldos a favor que se compensan contra el mismo impuesto (que no ingresa) o, peor, que se pida la devolución de un IVA en realidad inexistente.

Ríos-Farjat subrayó que el SAT desplegó un operativo la semana pasada en contra de 150 de estas empresas factureras que se ubicaron como las más representativas de este modelo, o aquellas donde la discrepancia era muy acentuada por su reciente creación y montos facturados que ascendían a 282 mil millones de pesos desde 2017 a la fecha, provocando una posible evasión fiscal de 62 mil millones de pesos.

Al ofrecer detalles del operativo efectuado el 20 de junio, destacó que se visitaron estas empresas presuntamente factureras (48 de ellas en la Ciudad de México, 32 en Jalisco y 19 en Nuevo León, entre otras). Explicó la mecánica: ¿ Por qué se finge pagar, o por qué se pagaría por algo que no existe? Cuando el dinero no existió, es por evasión fiscal, y cuando sí lo hay es por evasión fiscal y lavado de dinero.

Explicó que en el escenario general que han encontrado, desde la fecha en que iniciaron el análisis, en 2014, dichas empresas factureras han crecido 31 veces tan sólo considerando hasta 2018. Reportó que se tiene estimado que cada una de éstas han emitido alrededor de mil facturas de operaciones simuladas.

La funcionaria informó que bajo el modelo ideado por el SAT para detectar estas operaciones fraudulentas, ya se presentaron 23 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de empresas que han deducido, entre las cuales hay algunas que el SAT identifica como desvío de recursos públicos. Además hay otras cinco en vísperas de presentarse.

Ligado con estos esquemas, también presentamos una denuncia, mediante la Administración General de Evaluación, contra ex funcionarios, vamos a decirlo así, de entidades de Hacienda que se han vinculado con estos esquemas. En abril se presentó la querella ante la FGR.

En conferencia, la titular del SAT denunció que dentro de ese organismo se identificaron a media docena de funcionarios que participaban en la creación de empresas fantasma. ¿Qué significa esto? Esas vienen siendo empresas fantasmas, porque no tienen soporte documental.

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada