Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y
Alejandro Solalinde Guerra, integrantes de la Comisión de la Verdad de
Oaxaca. Foto: Jesús Cruz
OAXACA, Oax. (apro).- Los integrantes de la Comisión de la Verdad
entregaron al presidente y al secretario ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James L. Carvallo y Emilio
Álvarez Icaza, respectivamente, el informe titulado: “Ya sabemos. No más
impunidad en Oaxaca”, donde documentan y denuncian las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006 y 2007 durante el
conflicto sociopolítico en la entidad.
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, la antropóloga Marina
Patricia Jiménez y el periodista Diego Enrique Osorno remitieron el
reporte durante una reunión en la sede de la CIDH en Washington.
Dicho documento también fue entregado de manera formal a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado el 29 de febrero pasado.
A una década del conflicto de 2006, el informe precisa que se
impusieron intereses políticos para cometer las graves violaciones a los
derechos humanos. El entonces presidente Vicente Fox –apunta– actuó
para dar salida a la crisis postelectoral que se vivía en ese momento,
debido a que el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López
Obrador, había denunciado un fraude, y Felipe Calderón Hinojosa,
aspirante del PAN, necesitaba del PRI para legitimarse.
Como moneda de cambio, el Revolucionario Institucional pidió la
protección para el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, responsable de la
represión en Oaxaca.
De acuerdo con Osorno, el Estado mexicano ensayó en la entidad, en
2006, un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer
la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional
derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis
nacional de derechos humanos, cuyo epicentro fue la ejecución y
desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en
septiembre de 2014.
En su informe, los integrantes de la Comisión de la Verdad reiteran
que Ruiz Ortiz es responsable de las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007, derivadas
de la ingobernabilidad, por lo tanto hay una responsabilidad de Estado.
En el Resumen Ejecutivo explican que la Comisión de la Verdad inició
sus funciones en septiembre de 2014, de conformidad con el Decreto
legislativo 2056, y ejerció un presupuesto total de 18 millones 173 mil
pesos durante su periodo legal de existencia (entre septiembre de 2014 y
febrero de 2016), cantidad que equivale al gasto que hizo el gobierno
federal para publicitarse en medios de comunicación en tan sólo tres
días.
Entre sus conclusiones menciona que a partir del 14 de junio de 2006,
tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal,
con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó
con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que a la
postre conformarían el movimiento social con un objetivo común:
destituir a Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.
Y mientras el movimiento se dio a la tarea de incrementar las
acciones colectivas, entre ellas la toma de instituciones, bloqueo de
carreteras, instalación de barricadas, paros sindicales y
manifestaciones, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales
e ilegales para contener la inconformidad generalizada.
Con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, el
gobierno de Ruiz puso en marcha los operativos Plan General de
Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza
de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de
octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de
2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de
2007).
Así, de manera masiva y sistemática el Estado violó el principio de
presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales,
además de que ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos
y degradantes, e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y
ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de
derechos humanos.
La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que
duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones
acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la
existencia de crímenes de lesa humanidad, subraya el reporte de la
Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO).
A casi una década de ocurridos los hechos, la población oaxaqueña no
ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se
erogaron para publicitar al gobierno de Oaxaca en medio de la crisis
social, y se desconoce el monto destinado a los distintos medios de
comunicación, que recibieron el dinero bajo el concepto de publicidad
oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de
transparencia, acceso a la información y gasto público.
Según los registros de la CVO, al menos 33 periodistas, comunicadores
o miembros de medios de comunicación fueron agredidos físicamente,
algunos en más de una ocasión, además de la ejecución, entre octubre y
diciembre de 2006, de Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.
La Comisión también destaca la existencia de 373 víctimas, sin
incluir a familiares ni a otros afectados que por diversas razones no se
han presentado a declarar ante ninguna instancia.
Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó
formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados
con el conflicto, incluido al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, pero el
llamado sólo fue atendido por el expresidente de la República, Vicente
Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez
Villanueva.
En el apartado de anexos del informe entregado a la CIDH se mencionan
los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno
que, según las víctimas entrevistadas, son los perpetradores directos
del conflicto.
Sobre los casos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez
Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández,
Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Roland Will, Raúl
Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluye que existen
elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones
extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.
El reporte sostiene que durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca,
las detenciones respondieron a un patrón de acción por parte del Estado:
en primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas
por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran
mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, que llevaban a
las personas detenidas a sitios desconocidos donde las torturaban.
El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a
torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio
Público.
Después de la entrada de la PFP esta capital fueron incluidos en la
cadena de custodia elementos del Ejército bajo el formato de “personal
comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información
proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por consiguiente, según la información recabada por la CVO, tanto en
documentación oficial como mediante la recolección de testimonios,
existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz;
el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez; el secretario de
Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía
Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores, y el coordinador de
Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una
serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales
incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad,
tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, operado por las secretarías de Gobernación y Defensa
Nacional, así como por la Presidencia de la República, se tienen
documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35
de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca.
De estas cifras, 97 desapariciones se registraron durante el periodo
de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de
Gabino Cué Monteagudo, hasta julio de 2015. De las 216 desapariciones,
18 pertenecen al fuero federal (en el periodo de 2005 a julio de 2015),
mientras que 198 corresponden al fuero común (de 2007 y 2015). De esas
cifras, 115 corresponden a varones y 101 a mujeres. La media de edad es
de 27 años.
Finalmente, el informe destaca que la gran mayoría de las víctimas de
violación de derechos humanos entrevistadas por la CVO coinciden en
señalar que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no brindó
justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados y las
víctimas no han sido reparadas de manera integral.
Las víctimas dicen sentirse engañadas, ya que los presuntos
perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la
alternancia, y a últimas fechas algunos de ellos o ellas se han
postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes
elecciones.
Al respecto, la CVO considera que mantener a los perpetradores y
encubridores del conflicto en cargos públicos fortalece la impunidad y
daña el proceso de transición democrática.
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