"La salida del GIEI de México me parece preocupante, por el aspecto de acompañamiento que se va a hacer de los familiares de los 43 normalistas", dijo Carlos Ríos.
El gobierno mexicano ha insisto en la salida del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; sobre ello, Édgar Cortez,
integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia,
dijo que “vale la pena poner esta decisión en perspectiva. Yo sí creo
que en una historia, del año pasado para acá, de cerrazón y mayor dureza
de la política general del gobierno en temas de derechos humanos… hay
un proceso en donde la política general de derechos humanos se viene
cerrando, algunos de los cambios en el gabinete también mandan ese
signo, una política de mucha más confrontación, cuestionamiento e incluso de descalificación”.
“Creo que esta decisión se inscribe en ese proceso. Un grupo que no acaba de gustar
y que hay una alta probabilidad de que por parte del gobierno haya una
persistencia de su decisión de no ampliar el mandato, es cierto que va a
ser decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero
tampoco podemos perder que en el origen hay una petición de asistencia,
entonces eso va, sin duda, a pesar. No es una decisión unilateral e
impuesta por la CIDH, sino una respuesta a una petición en el origen del
gobierno”, aseveró en entrevista para Aristegui CNN.
Esta política “en lugar de buscar soluciones, más bien está negando los problemas... nos pone en un escenario de ‘no vamos a resolver este problema, no vamos a resolver problemas más grandes’.
Recordó “que en nuestra Constitución está establecido desde 2008, que
los objetivos de la justicia penal, la que investiga delitos, es esclarecer los hechos, proteger a los inocentes
y procurar que los culpables sean sancionados y se repare el daño. Si
ponemos estos aspectos como el propósito y obligación del Estado, lo que
decimos es que no tenemos satisfechos esos cuatro elementos”.
Además “el papel del grupo de expertos no es resolverlo, eso es una obligación del Estado, era una cooperación, un apoyo, una coadyuvancia para lograr que finalmente el Estado cumpla”.
Ante el cuestionamiento de las consecuencias que podría tener la
filtración de una supuesta llamada del abogado de los padres de los 43
normalistas, Vidulfo Rosales, en la que se refiere a sus clientes como
‘indios piojosos’, comentó que “hay que insistir que este tipo de intervenciones son absolutamente ilegales,
tienen un propósito de cuestionar la calidad, la integridad de Vidulfo,
y con un efecto de que pueda poner en duda la legitimidad del reclamo
de los padres”.
“Espero que Vidulfo tome las medidas legales para
cuestionar esto, pero me parece inaceptable. Aunque lo hubiera dicho, lo
que hay es una intervención de sus llamadas personales”, insistió.
Por su parte, Carlos Ríos, consultor de derechos
humanos y justicia penal, señaló que “hay un descontrol respecto de cómo
reaccionar frente a esta situación del grupo de expertos y cuál es la
función del grupo, que precisamente es coadyuvar en la investigación de
hechos gravísimos de violaciones a derechos humanos. La salida del grupo
de México, me parece preocupante por el aspecto de acompañamiento que se va a hacer de los familiares de los 43 normalistas.
“Bien que mal, todos debemos entender que cualquier procedimiento de
búsqueda en un caso de desaparición forzada, es en si mismo
revictimizante, y al Estado le correspondería en buena medida hacer un acompañamiento para palear el dodolor y afectación que produce estar buscando ya más de un año, y sin respuestas claras”, indicó.
Señaló que “todo parece indicar, esperemos que no sea así, que no se va a renovar el mandato del grupo.
Sería muy importante que sí se hiciera, porque si no quedan
desarropados en buena medida estas personas, en general es una mala
señal”.
Tenemos que “entender que la coadyuvancia en la investigación lo que tiene que hacer es abrir cualquier tipo de información,
es lo que nos rige… no se ha explorado del todo, no se ha agotado, se
ha insistido en líneas de investigación que se han visto muy
cuestionadas”, indicó.
“Tendría que explorarse cualquier línea de investigación que aún esté abierta, y las que sugiere el grupo de expertos”, enfatizó.
Ante el informe sobre derechos humanos que presentó Estados Unidos,
en el que se señala tortura en México, entre otras cosas, indicó que ” es un reflejo clarísimo de la gravísima situación de derechos humanos que tenemos en México”.
También habló de los desplazados, de los que se cree que hay “250 mil”,
sin embrago no se tiene una cifra con certeza. “Es poco visible, caen a
cuentagotas, las personas van saliendo de sus comunidades por las
extremas formas de violencia que se viven, y se van al completo
desamparo”, explicó.
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