El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió ayer con 12 gobernadores y, en Twitter, aseguró que en dicho encuentro
acordamos trabajar juntos para generar las mejores condiciones hacia las elecciones locales del 5 de junio. En Aguascalientes, adonde fue para apoyar la campaña de su candidato a gobernador, Martín Orozco, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, había señalado que el desbordamiento de la violencia criminal ha vuelto
complicado hacer campañaen algunos estados, sobre todo en Tamaulipas y Veracruz.
Aspirar a las
mejores condiciones, como plantea Osorio Chong, es en estos momentos una candorosa utopía. En la inmensa mayoría de las entidades donde habrá relevo de gobernador están enquistados en el poder estatal determinados grupos empresariales, políticos y delincuenciales que apoyan a alguno de los candidatos a la sucesión y están dispuestos a imponerlo mediante las marrullerías
pacíficasya tradicionales (compra del voto, alteraciones documentales, etcétera) o por la violencia física directa, ejecutada por grupos del Crimen Políticamente Organizado que ejercen funerarias advertencias y vetos a la par que financian y promueven a los abanderados con los que ya llegaron a arreglos de continuidad en los negocios compartidos.
Son muy ilustrativos los ejemplos de complicación extrema que dio el
descafeinado dirigente nacional del partido conservador. En Tamaulipas
parece virtualmente imposible que llegue a darse una alternancia en el
poder estatal. El poder real lo ejercen los grupos delictivos que a
sangre y fuego hacen valer sus leyes en toda la geografía de esa
entidad, sustraída a cualquier pretensión de normalidad, con el eje
Matamoros-Reynosa-Nuevo Laredo en constante ebullición, sobre todo en la
segunda ciudad citada, donde día tras día hay enfrentamientos, narcobloqueos, incendios de automóviles y crímenes contra la población. En la propia capital del estado, Ciudad Victoria, la fuerza de los cárteles se muestra de manera implacable.
En esas pésimas condiciones para la población en general, el
candidato priísta, Baltazar Hinojosa Ochoa, tiene el camino libre para
hacerse del gobierno estatal. Lo envía
el centro, es decir, Los Pinos, con un sello grupal que en aquellas tierras aseguran se debe a que es familiar de Juan Armando Hinojosa Cantú, el famoso constructor que ahora lo sería de gubernaturas, y ante tales indicios los grupos locales se han alineado. El desajuste más reciente en el entendimiento estructural de Tamaulipas se dio justamente seis años atrás y desembocó en el entonces candidato priísta, Rodolfo Torre Cantú, puesto de rodillas en una carretera rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria para recibir disparos que le quitaron la vida a él y a algunos de sus acompañantes, a escasos días de las elecciones
constitucionales, en una ejecución fulgurante, realizada por expertos, de la que hasta ahora no hay más que silencio y muchas ganas de no moverle más al asunto.
En Veracruz el escenario presenta en cerrada competencia a dos
figuras representativas del mismo esquema que dicen combatir. El priísta
Héctor Yunes Landa (HYL) trata de hacer creíble una promesa de
confrontación tajante con el actual gobernador, Javier Duarte de Ochoa,
pero, a pesar de que el propio HYL tiene razones personales que
motivarían una venganza ejemplar contra Duarte, a fin de cuentas ambos
son parte de un sistema que requiere de simulaciones que no rompan las
complicidades establecidas.
La presunta alternativa, el panista Miguel Ángel Yunes Linares
(primo de HYL), tiene un historial político tan denso y oscuro que
ningún cambio positivo puede esperarse de su eventual triunfo en la
minigubernatura veracruzana. Un ejemplo de la voracidad presupuestal
está en Los papeles de Panamá y las referencias a Omar Yunes
Márquez, hijo del candidato MAYL, aunque, con su desparpajo
acostumbrado, papá Yunes dijo que tal vez se trataba de un homónimo de
su vástago, pues en su familia hay muchos miembros con esa combinación
de nombre y apellidos. En suma, en Veracruz el Crimen Políticamente
Organizado está dividido en dos bandos fuertemente confrontados, con
control institucional del priísmo.
También hay condiciones densas y oscuras en Chihuahua, donde César Duarte ha logrado una
regularizaciónde los negocios aún dominantes; en Sinaloa, donde tampoco se mueve la hoja de un árbol electoral sin el respaldo de los personajes históricos (estén presos o en libertad); Durango, que es otro de los museos del priísmo dinosáurico, con una consolidada presencia definitoria de capitales y grupos de riqueza de origen nada desconocido; Hidalgo, tierra de caciquismo también relacionada con determinada marca y políticamente concesionada en esta administración federal a los socios, específicamente a quien pretende ser candidato presidencial de tres colores en 2018; Oaxaca, donde el movimiento oscuro se ha mantenido más allá de alternancias partidistas en el poder y ahora pretende reinstalar relaciones añejas; Quintana Roo, con plazas de fama mundial que al mismo tiempo son centros de distribución y consumo que compran y demandan protección oficial… Y así por el estilo, en esa geografía electoral convulsionada, condicionada, dominada, en la que no hay ni habrá, al menos en estos comicios, las
mejores condiciones, sino las peores.
Tal como con claridad se prefiguraba, el gobierno mexicano dio por
terminada la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), sin que hasta el momento se tenga claridad
respecto de lo acontecido en Iguala, y presuntamente en Cocula, pero sí
con la seguridad de que hubo militares que supieron lo que sucedía y no
actuaron (y tampoco se permitió a ese GIEI dialogar directamente con
esos testigos de verde olivo) y con el derrumbe documentado de la
presunta
verdad histórica. Falta ver lo que decida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero Los Pinos ya cree haber bajado el pulgar, al menos en su ámbito inmediato. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Una de las garantías
constitucionales consagra el libre tránsito. En el caso de las
autopistas concesionadas, las autoridades se han brincado la
Constitución. ¿Pensarán hacer lo mismo con las calles? Una de las
propuestas que están considerando es cobrar por el tránsito de vehículos
en zonas como el Centro Histórico y Polanco. Sería necesario comprar
oootro engomado para tener acceso. En la práctica sería otro impuesto.
¡Qué ocurrentes son! Eso no va a disminuir la contaminación, como ya se
ha visto en otras ciudades del mundo. En Londres, inclusive es tema de
debate electoral. ¿Cómo no se les ocurren, por ejemplo, estas otras
medidas? Parar la corrupción en los permisos de uso de suelo y de
construcción, desterrar las transas en los verificentros y desmantelar
el negocio de las fotomultas. Eso sí contribuiría efectivamente a abatir
los niveles de contaminación. La mayoría de los capitalinos opina que
el gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera está resultando muy
negativo.
El más mínimo del mundo
El gobernador de California, Jerry Brown, firmó
recientemente una ley que aumentará el salario mínimo de manera gradual
hasta llegar a 15 dólares por hora. Ya antes la ciudad de San Francisco
había dado ese histórico paso. ¿Y no subirá la inflación, como dicen
algunos economistas mexicanos? Brown opina que en California,
considerada la octava economía más grande del mundo, será, por el
contrario, un mayor poder adquisitivo de los trabajadores conlleva a un
mayor impulso económico. ¿Y el mínimo mexicano? En enero la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos estableció el nuevo sueldo único en
73.04 pesos que, dividido entre ocho horas, resulta en 9.13 pesos la
hora, y convertido en dólares es de 0.51 centavos de dólar la hora. Un
récord: es el más bajo del mundo.
Diputados verdes
No se trata de los muchachos del Niño Verde, sino de los picudos de todos los partidos. Para que puedan transportarse cuando les toque Hoy no circula,
la Cámara de Diputados rentará 80 autos eléctricos e híbridos. De paso
no tendrán que usar el Metro, como algunos habían prometido. El
presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho Quiroz,
dice que los vehículos serán bajos en emisiones contaminantes. (El Prius
de Toyota cuesta alrededor de 400 mil pesos, bien equipado).
Lemas de campaña
El candidato a gobernador de Tamaulipas de Movimiento
Ciudadano, Gustavo Cárdenas, ya definió el lema de campaña y lo muestra
en espectaculares:
Más cabrón que bonito. Así el nivel. Y los contribuyentes pagamos las campañas.
En el México
peñanietista nada ha crecido tanto y tan rápido como la deuda pública,
pues en lo que va del actual gobierno su saldo se incrementó en
alrededor de 50 por ciento, de tal suerte que el saldo histórico de los
requerimientos financieros del sector público (SHRFSP, el concepto más
amplio de tal débito del país) hasta sumar, en febrero pasado, 8.9
billones de pesos, con un costo cada día mayor.
El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
(IDIC) explica que el anuncio de recorte al gasto de gobierno en 2016 y
2017 por más de 300 mil millones de pesos (superior a 1.5 por ciento
del PIB) “deja en claro que el sector público no será factor de
crecimiento económico, particularmente porque la mayor parte del ajuste
se realizará en inversión. La opción de mayor endeudamiento también se
ha terminado, la baja en la calificación de Moody’s a Petróleos
Mexicanos y el propio sector público refuerzan las declaraciones del
gobernador del Banco de México, en el sentido de que las finanzas
públicas no pueden sostener el incremento de la deuda observada en los
últimos tres años. El elevado costo financiero de la deuda ya es un
factor que reduce el margen de maniobra de las finanzas públicas”.
En efecto, a lo largo de 2016 el costo financiero será de 462 mil
millones de pesos y para 2017 representará 551 mil millones, una
diferencia cercana a 20 por ciento. En suma, detalla el IDIC, un monto
superior a 5 puntos del producto interno bruto.
Evidentemente que la razón de lo anterior radica en el incremento de la deuda y del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público: en 2012 tal saldo representó el 37.7 por ciento como proporción del PIB. Para 2016 el estimado es de 48.6 por ciento y de 48.3 en 2017. El gobierno tiene planificada una reducción en el monto de dicho saldo (como proporción del PIB); sin embargo hasta el año 2021 el mismo seguirá siendo 9 puntos superior al del 2012. Todo ello reduce la posibilidad de que el gobierno siga elevando su gasto e inversión.
La deuda, pues, se come a las finanzas públicas. De acuerdo con el
IDIC, a corto plazo el sector externo tampoco impulsará la actividad
productiva de México, al menos durante el primer semestre del año. Las
exportaciones retrocedieron 4.8 por ciento en el primer bimestre de
2016. Esto es atribuible al retroceso de las ventas petroleras (-47.4
por ciento) y manufactureras (-1.4). Además, el déficit comercial sigue
al alza, a pesar de la depreciación del tipo de cambio, lo cual señala
que el menor dinamismo de las exportaciones se encuentra relacionado con
la desaceleración industrial de Estados Unidos, Canadá, China y la
Unión Europea, los principales socios comerciales de México.
Bajo dicho contexto, apunta el citado instituto,
la reactivación de la economía mexicana dependerá de la inversión privada productiva de las empresas establecidas en el país. Para fortalecerla se debe propiciar un entorno favorable a la inversión privada productiva. El consumo privado no será suficiente para mantener un ritmo de crecimiento económico superior a 2 por ciento si la desaceleración económica se mantiene en la actividad industrial y en los componentes más relevantes del sector servicios. Se deben establecer medidas de política económica contingentes, alineadas para fortalecer la confianza de los empresarios, de aquellos que pueden incrementar la inversión productiva y con ello contribuir a la reactivación económica de México.
El 81 por ciento del valor agregado generado en México se
obtiene gracias a la actividad productiva del sector privado. Sin las
inversiones y confianza de los empresarios la economía no crece en la
magnitud que el país requiere para alcanzar mayores niveles de bienestar
social, productividad y competitividad. El punto de partida de la
actividad empresarial es que se confía en que el entorno macroeconómico,
social, político, fiscal y de seguridad pública será propicio para el
riesgo que asumen al invertir.
Si la confianza empresarial disminuye se pierde uno de los elementos
básicos para impulsar el crecimiento económico de México; por eso es
delicado que los indicadores relativos a este tema que reporta el Inegi
hayan retrocedido durante el primer trimestre del año, advierte el
instituto. De hecho, desde hace tres años la tendencia es
poco favorable. Lo anterior ha configurado que el Índice de Confianza Empresarial (ICE) exhiba una tendencia a la baja en los tres sectores productivos (construcción, manufactura y comercio) y que todos se encuentren por debajo de los 50 puntos, el umbral que en esencia divide al crecimiento de la desaceleración.
La representación
política en México pasa por una grave crisis. El sistema de partidos
debería reflejar la pluralidad de intereses e ideológica de la sociedad;
sin embargo, su blanqueamiento (pérdida de color ideológico) ha
provocado que dejen de representar a sectores específicos para pasar a
la increíble situación de representarse a sí mismos. Un sistema de
partidos autorreferido es un sistema sin representación social. La
consecuencia es la creciente desconfianza hacia diputados, senadores y
regidores, que se dividen en dos tipos: los electos en votación directa
por los ciudadanos de un territorio y aquellos propuestos por los
partidos políticos. Estos últimos, llamados plurinominales o de
representación proporcional, ¿a quién o qué representan?
La intención que dio origen a estos representantes de partido se basó
en dos motivos: dar lugar a las minorías en las cámaras y dotar a éstas
de pluralidad ideológica. El mecanismo es una lista jerarquizada que
hacen los partidos, que se reparten la integración de acuerdo con el
porcentaje de votos recibidos.
El gobierno federal anunció ayer que emprenderá un
rescatefinanciero de Petróleos Mexicanos (Pemex) a fin de solucionar el déficit de liquidez de esa empresa. Según palabras del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher, las arcas públicas aportarán 26 mil 500 millones de pesos y posteriormente otorgarán una
facilidadpor otros 47 mil millones para el pago de pensiones y jubilaciones. En total, las
medidas de apoyototalizarán 123 mil 500 millones de pesos.
Piden un recuento verdaderamente libre en la mina Hércules
Este 14 de abril tendrá lugar
el recuento entre el Sindicato Minero y el sindicato de protección del
patrón Alonso Ancira en la mina Hércules, del estado de Coahuila. Las
prácticas de este empresario y su sindicato pro patronal hacen temer que
puedan alterar el recuento incluso de manera violenta.
En Perú no hubo
elecciones durante los gobiernos militares de Juan Velasco Alvarado y
Francisco Morales Bermúdez, salvo la de la Asamblea Constituyente de
1978 que produjo una nueva constitución más democrática que la anterior.
Ambos militares, y sobre todo el primero, quisieron asumir una suerte
de bonapartismo antimperialista, contrario a la oligarquía empresarial
y, por lo mismo, estatista. Empero, el saldo de sus políticas no fue el
esperado y sectores importantes de la población exigieron cambios en
favor de la democracia y de mejores condiciones de vida. Las primeras
elecciones presidenciales posdictadura fueron en 1980 y el nuevo
presidente fue precisamente quien había sido derrocado por los militares
en 1968: Fernando Belaúnde Terry. Su partido fue Acción Popular que,
por cierto, no participó en la Asamblea Constituyente en la que el APRA
era hegemónico, pero la muerte (agosto de 1979) del indiscutible líder
de este partido (Víctor Raúl Haya de la Torre) favoreció al de Belaúnde
sólo en la coyuntura, porque para la sucesión de éste los apristas
recuperaron su mayoría llevando a la presidencia a Alan García
(1985-1990).
Sin argumentos frente al
éxito de los modelos económicos y sociales de los gobiernos
progresistas latinoamericanos, la derecha de esos países se dedica al
ataque a la imagen personal de los líderes de la izquierda de la región.
Una de las leyendas
urbanas que escuché en Monterrey –hace ya cuatro décadas– se refería a
la existencia de 2 mil pozos clandestinos explotados por la Cervecería
Cuauhtémoc.
Ninguna conversación
pasa de tres minutos en San Salvador sin que vaya a dar al tema de las
pandillas, y nadie, al final de las múltiples vueltas y revueltas que se
le dan al tema, se atreve a decir que la paz llegará a corto plazo.
Porque esta es una guerra, distinta en su naturaleza a la que el país
vivió en los años ochenta, pero una guerra al fin y al cabo, con miles
de muertos, y que si tiene por teatro los barrios de la capital, amenaza
con extenderse a las áreas rurales: una guerra singular, porque los
estados mayores de las bandas en conflicto dirigen las operaciones desde
las cárceles, en guerra entre ellas, y en guerra con el Estado.
Aunque nunca mencionaron la existencia de lo que Karl Marx teorizó como una
ruptura metabólica(RM) entre la sociedad capitalista y la Tierra (ver John Bellamy Foster, AJS, Sept 1999 y La ecología de Marx: Materialismo y Naturaleza, 2004), en 2015 líderes de la política, la ciencia y la economía insistieron, en tono urgente, en que para evitar una catástrofe climática de orden mayor,
tres cuartas partes de las reservas de combustibles fósiles deben permanecer bajo tierra, todo en medio de la sordera/sabotaje de las grandes petroleras/gaseras/automovilísticas, en pos de la ganancia, del tesorito en el subsuelo valorado entre 19 y 25 billones (trillions) de dólares y del irrefrenable aumento de la RM manifiesta en un inmenso desequilibrio energético por la acumulación de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI).
Caracas. Venezuela es el
país más atacado, sin tregua, por la ofensiva desestabilizadora de
Estados Unidos y las derechas locales contra los gobiernos populares y
revolucionarios de América Latina y el Caribe. Pero el chavismo
militante y la dirección de la revolución bolivariana están muy lejos de
haber sido derrotados, pese a las penurias y al agobio que esa
arremetida ocasiona en importantes sectores de la población, sumada a
los errores inherentes a los procesos revolucionarios, y al duro revés
del oficialismo en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de
2015.
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