Previamente al anuncio
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para aumentar el presupuesto
destinado a la “capacitación” de los docentes, se abandonaron y
desmantelaron en todo el país las instituciones públicas responsables de
llevar a cabo esta tarea. Las que se crearon recientemente, a
consecuencia de la Reforma Educativa de 2013, tal es el caso de la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), nunca se
consolidaron, se perdieron en su propias incapacidades, sin propuestas
siquiera visibles, mucho menos de algún impacto real.
Los Centros de
Maestros que surgieron en 1994 para atender la actualización del
magisterio, primordialmente la que demandaba el extinto programa de
Carrera Magisterial, habían mal funcionado en los últimos años con
graves carencias de personal y de infraestructura mínima; pero ahora son
un cascarón sin proyecto, sin recursos económicos que en lugares de
excepción, todavía se sostienen por la inercia de algunos comisionados
que permanecen en la incertidumbre.
En la misma lógica se echó a
andar desde 2015, el pilotaje del más reciente plan estatal para el
desmantelamiento de las escuelas normales y las universidades
pedagógicas (UPN). En él, se propone desaparecer todas las licenciaturas
y crear únicamente dos: Docencia e Inclusión, que no representan ningún
perfil específico o especialidad para que los egresados se desempeñen
en alguno de los niveles de educación básica: primaria, preescolar,
educación especial, secundaria o telesecundaria.
La consecuencia
de esta medida es la aberración que ya fue dada a conocer por Aurelio
Nuño: abrir la carrera docente a todas las universidades y a cualquier
profesión, incluso, sin importar que no tengan relación alguna con el
ámbito educativo; el único requisito para adentrarse al servicio será
participar en el examen nacional de ingreso y salir seleccionado acorde
con los parámetros de “idoneidad” que estableció la Reforma Educativa.
De
este modo, la tendencia a la desaparición de las escuelas normales, así
como de la Universidad Pedagógica Nacional, allana su camino. Ahora, la
formación inicial de los docentes no tendrá la menor importancia;
cuando los no docentes se incorporen al sistema educativo nacional,
habrá que prepararlos de forma emergente para lo que no fueron formados
en las universidades, es decir y aunque parezca extraño, hay que
enmendar el error que ya se sabe que se va a cometer, con medidas
anticipadas por la SEP a través de programas de entrenamiento, o bien,
para utilizar su propio lenguaje, de “capacitación” para que sí puedan
desempeñarse en la docencia.
De suerte que el aumento al
presupuesto para la capacitación docente que pasó de 200 a 1.809
millones de pesos y que representa un incremento de 800 por ciento, no
sólo hará estragos en la pertinencia de las escuelas normales y las UPN,
tampoco servirá para fortalecer los Centros de Maestros que son
públicos y que ya cuentan con una cierta estructura organizativa para la
formación continua dentro del sistema educativo nacional; de hecho,
rescatar estos espacios es la recomendación que hace el propio INEE en
“Modelos de formación continua de maestros en servicio de educación
primaria: criterios e indicadores para su evaluación”, documento emitido
en 2016.
Aurelio Nuño prefirió ser congruente a sus intereses
de clase e hizo efectivo el llamado a que los empresarios emitieran
propuestas en materia educativa, así que decidió atender de manera
prioritaria las orientaciones hechas por Mexicanos Primero en “Prof.
Recomendaciones sobre formación inicial y continua de los maestros en
México”, documento publicado en febrero del presente año, un mes antes
de que se presentara la propuesta oficial de la SEP.
En “Prof.”,
el grupo de empresarios autoproclamados como altruistas y sus
mercenarios de pluma fuente, dicen textualmente lo que después
replicarán los altos funcionarios de la SEP: “Proponemos que se
favorezca a la brevedad un Consorcio de universidades para que trabajen
de inmediato en una propuesta de plataforma común en estrecha
colaboración con el INEE y la DGPDF”.
Y más adelante fortalecen
la idea para asegurar que sus intereses no sean desviados a cualquier
improvisado en la economía del conocimiento: “Así, el Estado mexicano
puede atraer lo mejor del talento universitario en apoyo de los maestros
de educación básica, cubrir la dispersión en el país con tutores serios
y enfocados, transparentar el manejo de recursos para este fin, y
acotar los riesgos de contratar oportunistas, depredadores y sin
compromiso”.
Entonces, el “monopolio” estatal de las normales
como semillero de maestros, por demás lógico para dar cobertura a la
escuela pública, no sólo será sustituido por otro, el cual está
encabezado por los grandes corporativos, dueños de cadenas y alianzas
entre universidades de capital privado, sino que además el “incremento
histórico” de los recursos destinados para capacitación docente, les
será entregado en forma directa, en una primera etapa por invitación de
la SEP, o mejor dicho, por favoritismo, compadrazgo y hasta pago de
facturas políticas.
Claro está, para salvaguardar alguna
sobriedad que haga parecer a esta medida como una política de beneficio
social, se mencionan a las universidades públicas; pero, en el caso de
las normales, la SEP no tuvo ningún rubor en ponerles candados y
hacerlas a un lado: “de manera complementaria, participarán algunas de
las mejores escuelas normales”, por lo que ya podemos sospechar, a saber
del estigma que se les ha impuesto, que serán excluidas.
En
cualquier lenguaje o sentido común, esta medida puede ser claramente
vista como privatización, se trata de recursos públicos que serán
utilizados para capitalizar empresas privadas que hacen de la educación
un negocio; finalmente, la preocupación central no es la
profesionalización de los maestros ni los aprendizajes de los alumnos,
sino la mercantilización de la formación docente.
En “Prof.”,
como buenos empresarios que son, Mexicanos Primero hace sus estimaciones
del negocio que pueden realizar ofertando cursos de poca inversión que
ya están en el portal de la SEP: “debe considerarse como una modalidad
con alto impacto potencial los programas de desarrollo profesional en
línea; se hace vital, por su flexibilidad y bajo costo, generar una
regulación adecuada para juzgar su calidad y observar su desarrollo”. El
“altruismo” del empresariado nacional estima que por cada docente
regularizado se pueden destinar unos 10 mil pesos para cursos modulares y
tutorías.
De la “Estrategia Nacional de Formación Continua de
Profesores de Educación Básica y Media Superior” que se presentó de
manera oficial hace unas semanas, podemos concluir que efectivamente es
un traje hecho a la medida, pero de los grandes empresarios. La calidad
educativa, los aprendizajes de los alumnos, la profesionalización
docente y la escuela al centro, tan sólo son panfletos que se muestran
ante la sociedad civil, pero que ocultan quiénes toman realmente las
decisiones en este país para favorecer un reducido círculo de oligarcas
en detrimento de los intereses de la nación.
Lev Moujahid Velázquez Barriga, Dr. en Pedagogía Crítica y Educación Popular, miembro de la CNTE en Michoacán.
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