Retratos de los 43 normalistas en la cancillería de Alemania. Foto: AI
Así lo dijeron la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en
México e integrantes de Initiative Mexiko en un comunicado en el que le
hicieron saber al presidente Joachim Gauck y a la canciller federal
alemana Angela Merkel que el caso Ayotzinapa es “sólo la punta del
iceberg sobre las graves violaciones a los derechos humanos”.
Desde
ayer y hoy, agregaron, la sombra de los normalistas y las masacres de
Apatzingán y Tlatlaya persiguieron a Peña Nieto en su visita de Estado.
El colectivo de organizaciones alemanas resaltó que, de acuerdo con
cifras oficiales, se desconoce el paradero de casi 27 mil personas
desaparecidas en México y las autoridades “casi no han adoptado medidas
para aclarar estos crímenes”.
Como ejemplo de esta inacción, citó el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, que desde septiembre del 2014 desaparecieron y que “ha
desatado un gran desconcierto en México y a nivel internacional, pues ha
revelado la colaboración entre las autoridades estatales con el crimen
organizado”.
Según los activistas, las autoridades mexicanas comenzaron la
investigación, tras la fuerte presión internacional. Sin embargo,
dijeron, los resultados fueron refutados por el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) y el destino de los estudiantes
“permanece sin ser aclarado”.
Para ellos, “no únicamente el crimen organizado sino también las
fuerzas estatales de seguridad son responsables de graves violaciones de
derechos humanos en México… La impunidad es de un 98% y la corrupción
alcanza hasta los niveles más altos de la política nacional. Por eso no
parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de
derechos humanos”.
Agregaron que las detenciones arbitrarias así como la tortura
ejercida por la policía y el Ejército Mexicano “se cometen a la orden
del día, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Los activistas reiteraron la situación que se vive en el sistema de
justicia mexicano: “El objetivo es que a través de la tortura se
consigan las confesiones sobre delitos y así se logren rápidamente las
averiguaciones. Los policías y militares que torturan no tienen que
temer por un procesamiento penal, mientras en la mayoría de los casos la
víctima permanece en la cárcel a pesar de falta de evidencias del
delito”.
Según su punto de vista, después de la presión internacional el
gobierno mexicano ha presentado “un bosquejo” de leyes contra la tortura
y la desaparición forzada de personas. Sin embargo, éstas “no
corresponden con los estándares internacionales”.
Por el contrario, añadieron, el gobierno mexicano ha rechazado las
recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones
internacionales de derechos humanos y comités de las Naciones Unidas.
De hecho, recordaron que expertos como el relator especial sobre la
Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez y los integrantes del GIEI
han sido atacados y difamados públicamente.
En tanto, aseguraron, el gobierno de Peña Nieto “trata de promocionar
la inversión de mercados internacionales y presentar a México como un
lugar interesante para la economía con nuevas leyes aprobadas en las
áreas de energía, minería, extracción de gas y petróleo, aunque tienen
repercusiones considerables hacia las casi 32 mil comunidades agrícolas
en México y a los casi 28 millones de personas que viven en zonas
rurales”.
Enseguida denunciaron que los ejidos de comunidades indígenas
–garantizados en la Constitución–, han sido excavados. “El derecho al
consentimiento libre, informado y previo es violado con la realización
de numerosos megaproyectos”, afirmaron.
En la lista de críticas al gobierno mexicano, la Coordinación Alemana
por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko
aseguraron que defensores de derechos humanos y periodistas, “quienes
denuncian y critican estas irregularidades y quienes exigen reformas,
son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso
asesinato”.
Por último, los activistas aseguraron que el mecanismo de protección
para defensores de derechos humanos y periodistas amenazados establecido
en el 2012, así como la Ley de Protección para las Víctimas “han sido
medidas insuficientes de protección, de acuerdo con los recientes y
numerosos asesinatos de periodistas críticos”.
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