La situación de la libertad de expresión preocupa a los organismos internacionales de derechos humanos
lasillarota.com
Las condiciones para la libertad de expresión y el derecho a la
información en México dibujan un panorama que compromete su ejercicio a
través de vías directas e indirectas, más allá del incremento de
agresiones en contra de comunicadores y medios. En la actualidad, los
mecanismos de censura pasan por el uso discrecional de la publicidad
oficial, por un déficit de diversidad y pluralismo producto de la
indebida concentración de los medios de comunicación que inhibe una
deliberación pública, plural y abierta, así como por la falta de
garantías y mecanismos legales para la debida protección de los derechos
en un nuevo entorno digital.
Así comienza el extenso informe que entregaron organizaciones
promotoras y defensoras de la libertad de expresión en México a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su pasado periodo
de sesiones el pasado 7 de abril en Washington. Las organizaciones que
presentaron dicho informe son Artículo 19, la Red en Defensa de los
Derechos Digitales (RED3D), el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), el Colectivo Transparencia, la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), FUNDAR Centro de Análisis e
Investigación y la periodista Carmen Aristegui, que de manera sucinta
presentó su caso como un botón de muestra de las formas en cómo se
suelen acallar a periodistas independientes.
En el reconocimiento que uno de los principales obstáculos para
ejercer este derecho en nuestro país están los permanentes ataques
contra periodistas y medios de comunicación, si a eso le agregamos las
diversas formas de restricción indirecta para su desenvolvimiento, nos
encontramos con un grave déficit en la materia, que pone en riesgo la
deliberación pública y por lo tanto la calidad democrática y el
ejercicio de otras libertades.
En materia de publicidad oficial, las organizaciones han documentado a
detalle el excesivo gasto del erario público, especialmente hacia las
televisoras comerciales del país, que ha fomentado una
instrumentalización de mecanismos que generan la concentración y
discriminación de medios alternativos, así como prácticas de censura
indirecta , irrumpiendo la libertad de expresión y el derecho de acceso
a la información pública.
Por su parte, la propiedad de medios, el acceso a contenidos e
información plural e independiente y la concesión del espectro
radioeléctrico de uso social y comercial se han convertido en aspectos
centrales para el ejercicio de la libertad de expresión, y aunque la
actual legislación ha avanzado en los temas de concentración, no tanto
como quisiéramos pero algo hay, en la práctica tenemos una mayor
concentración en el sector audiovisual como puede observarse en la
televisión de paga, y aunque existen las declaratorias de preponderancia
para los agentes económicos preponderantes en radiodifusión y
telecomunicaciones, así como los indicadores para la medición de
concentración en los mercados, aún son inexistentes los indicadores de
pluralismo por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
para hacer cumplir lo que establece el 6º constitucional.
De igual manera esta ausencia de pluralismo se ve agravada por la
dilación administrativa del IFT para otorgar concesiones a medios
comunitarios e indígenas, aunque ya están reconocidas legalmente y
existen los lineamientos para facilitar su acceso a las frecuencias a
casi dos años de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
el IFT apenas ha otorgado una sola concesión de servicio social
comunitario. Ante los cuestionamientos de los comisionados y del Relator
de Libertad de Expresión de la CIDH para conocer de los obstáculos para
que se otorguen las concesiones a este tipo de medios, así como de
otras medidas afirmativas de política pública los representantes del
Estado mexicano en la audiencia simplemente no supieron que responder,
como tampoco a los cuestionamientos entorno a la actual campaña que
tiene en contra de emisoras ilegales que acusa de “robo” del espectro.
Si bien el IFT tiene la facultad legal y legítima para perseguir el
uso ilegal e ilícito de frecuencias, y debe de hacerlo, convendría que
hiciera públicos los criterios para aplicar sanciones para evitar el
cierre de emisoras y persecución de proyectos que si tienen una vocación
comunitaria e indígena, pero que desconocen los procedimientos
administrativos para obtener su respectiva concesión. Aplicar a tabla
rasa cierre de emisoras con su respectivo proceso penal puede dar lugar a
una política persecutoria que nada tiene que ver con los derechos que
el IFT está obligado a tutelar por mandato constitucional.
Las organizaciones también denunciaron que el marco normativo
mexicano, en específico la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR), también ha facilitado y habilitado al Estado para
ejercer acciones arbitrarias de intervención telefónica, vigilancia
masiva, invasión a la privacidad de las personas en el entorno digital y
adquirir software malicioso de espionaje.
Todos estos elementos generan una censura indirecta o sutil para el
ejercicio de la libertad de expresión en México, entendiendo ésta como
un conjunto de prácticas oficiales destinadas a influir en la producción
de medios; excluyendo las prohibiciones legales o extralegales; la
censura directa de contenido específico ya sea a través de la publicidad
oficial, mediante restricciones al acceso a la información pública, al
acceso a las frecuencias para los actores tradicionalmente excluidos del
proceso comunicativo, permitiendo la indebida concentración de medios
que inhibe el pluralismo o bien mediante presiones administrativas.
Las organizaciones solicitaron al Estado mexicano aceptar la asesoría
y cooperación técnica para que las regulaciones y políticas públicas,
especialmente del IFT tengan como marco los estándares interamericano de
libertad de expresión, ya que hasta el momento ha permeado una visión
esencialmente técnica y económica, cuando por mandato constitucional
debe ser el garante de la libertad de expresión y derecho a la
información en la radiodifusión.
La situación de la libertad de expresión preocupa a los organismos
internacionales de derechos humanos, tan es así, que en la misma
audiencia se anunció la intención de los Relatores de la ONU y la CIDH
en la materia para hacer una visita oficial conjunta a México, veremos
si el gobierno la acepta y facilita.
La audiencia completa puede verse aquí.
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