John M. Ackerman
La Jornada
El colapso de la
institucionalidad democrática en México es tan completo que ya nadie
espera acción alguna de las autoridades gubernamentales en favor de la
justicia o la honestidad. Todos sabemos que quedarán perfectamente
impunes las recientes revelaciones periodísticas sobre delitos
electorales cometidos por el hacker colombiano Andrés
Sepúlveda, las triangulaciones financieras del compadre de Enrique Peña
Nieto, Juan Armando Hinojosa, y las millonarias contribuciones de la
empresa del operador financiero del cártel de Juárez, Rodolfo Dávila, a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Y los recientes ataques en contra tanto de los normalistas de
Ayotzinapa como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
confirman que este emblemático caso jamás se resolverá, mientras los
mismos responsables por el crimen del 26 de septiembre de 2014 siguen
despachando desde Los Pinos.
México no solamente es un paraíso fiscal en que nadie paga lo que le
corresponde, sino que también se ha convertido en un paraíso de la
impunidad en que cualquier cosa se vale con tal de mantenerse en el
poder y enriquecerse a expensas del erario y los recursos nacionales.
Ningún fraude es demasiado grande, ningún cinismo demasiado descarado, y
ninguna agresión demasiado violenta para llamar la atención de la
autoridad y obligar a las instituciones del Estado a tomar acción para
defender los intereses públicos. Ya no existe límite alguno al ejercicio
del poder.
La principal función de las instituciones públicas en el México
contemporáneo no es la rendición de cuentas, sino el control social. Los
organismos del Estado solamente se activan cuando se trata de reprimir,
censurar o emitir castigos ejemplares contra quienes se atreven a
resistir los embates del poder.
Nadie podrá devolver a Nestora Salgado los 30 meses que purgó en la
cárcel por un crimen que jamás cometió y en venganza por su valiente
defensa del pueblo de Guerrero. Los cientos de presos políticos todavía
encerrados, incluyendo a Gonzalo Molina y José Manuel Mireles, todos los
días reclaman justicia.
El Instituto Nacional Electoral ha mantenido un silencio sepulcral sobre los escándalos del NarcoMonex de Dávila y el HackerGate
de Sepúlveda, que confirman la comisión de un fraude monumental durante
las elecciones presidenciales de 2012. Sin embargo, la semana pasada
los consejeros electorales actuaron con una velocidad inédita para
frenar el paso a Andrés Manuel López Obrador con la cancelación de
manera injustificada del registro de los candidatos del partido Morena a
las gubernaturas de los estados de Zacatecas y Durango.
De acuerdo con Los papeles de Panamá, los 100
millones de dólares de Hinojosa, canalizados desde un paraíso fiscal en
las Bahamas a otros paraísos en Nueva Zelanda y Holanda, constituyen
apenas una pequeña parte del portafolio del cliente. Un correo electrónico de los gestores del contratista favorito de Peña Nieto aclara que su cliente posee múltiples cuentas en bancos como Credit Suisse, JP Morgan y USB Hamburg, con una cantidad insospechada de recursos.
Carmen Aristegui ha documentado contratos para Hinojosa de parte de
los gobiernos de Peña Nieto, en el estado de México y a escala federal,
por un valor de por lo menos 750 millones de dólares. Seguramente la
cantidad es en realidad mucho mayor. Es imposible imaginar que Hinojosa
haya pagado todos los impuestos correspondientes. Sin embargo, el asunto
central no es el asunto fiscal, sino las implicaciones electorales.
Es crucial ir atando los cabos de los escándalos. Sepúlveda, el hacker colombiano,
ha señalado que sus servicios de espionaje, manipulación y fraude
electoral costaron millones de dólares. Los servicios del
consultor electoral, J. J. Rendón, quien habría convocado a Sepúlveda para que apoyara a Peña Nieto, igualmente se cotizan en millones de dólares.
¿Quién pagó por estos servicios? ¿Se financiaron de la misma manera
que las tarjetas Monex, por medio de empresas fantasmas fondeadas desde
fuentes oscuras? ¿O fue el mismo Hinojosa quien pagó por el fraude de
2012 en agradecimiento por los contratos otorgados por su compadre y
ex-gobernador del estado de México?
Los grandes fraudes en México no se cometen solamente con el fin de
enriquecerse personalmente, sino también con el propósito de mantenerse
en control de las instituciones gubernamentales para poder garantizar la
impunidad. Queda perfectamente claro que Peña Nieto y el régimen
corrupto preparan de nuevo un enorme fraude en 2018. Sin embargo, cada
día también se aumenta la indignación ciudadana y el repudio
generalizado a la impunidad y el saqueo.
En 2018 tendrá lugar, sin duda, una de las grandes batallas en toda
la historia de México. ¿El pueblo mexicano podrá derrotar al monstruo de
la impunidad? ¿Lograremos sacudir el miedo, la mezquindad y el
sectarismo para poder construir un amplio movimiento político con un
fuerte arraigo social, capaz de poner las instituciones gubernamentales
al servicio de los intereses públicos?
Twitter: @JohnMAckerman
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