WASHINGTON (apro).- El gobierno estadunidense denunció la violación
de los derechos humanos cometidos en México por militares y fuerzas de
seguridad, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, tortura y
desapariciones.
En su informe anual sobre la “Situación de los derechos humanos en el
mundo en 2015”, el Departamento de Estado en el capítulo de México
insiste en que como parte del deterioro de las garantías individuales,
“la impunidad y la corrupción en las agencias de la aplicación de la ley
y el sistema judicial se mantienen como problemas serios”.
En
el mismo casillero donde coloca a las violaciones a los derechos
humanos que en México cometen las fuerzas militares y de seguridad, el
gobierno del presidente Barack Obama ubica los cometidos por los grupos
criminales.
“Secuestros, intimidación a los ciudadanos, a los migrantes, a los
periodistas y a los defensores de los derechos humanos” son algunas de
las violaciones a las garantías individuales que le achaca el
Departamento de Estado al crimen organizado mexicano.
Como añadido al deterioro de la situación de los derechos humanos en
México en el año pasado, el reporte del gobierno estadunidense enlista a
la decadente situación de las prisiones, los arrestos y detenciones
arbitrarias, amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos y
a periodistas, a migrantes, la violencia contra la mujer, el abuso
doméstico, a las personas con discapacidades físicas y amenazas y
violencia contra los indígenas, además del abuso y explotación de
menores de edad.
“La impunidad para los que abusan de los derechos humanos sigue
siendo un problema por todo el país”, destaca el reporte anual del
Departamento de Estado.
En casos notables de violación a los derechos humanos, como el de los
43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Estados Unidos se reserva
el derecho de hacer un juicio.
En este caso el Departamento de Estado se limita a explicar que el 6
de septiembre del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), hizo un reporte “crítico” de las conclusiones que ya había
emitido al respecto el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Acordaron reiniciar la investigación e incorporar al expediente las
recomendaciones del GIEI” para esclarecer el caso, indica el informe que
cada año entrega el Departamento de Estado al Congreso federal
estadunidense para que, con base en la situación de los derechos humanos
en cada país, se determine la ayuda exterior, que de ser el caso,
proporcione Washington.
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