REFORMA
La PGR tardó casi dos años en investigar y pedir la captura de un
juez federal que presuntamente otorgó suspensiones ilegales a los
negocios de Juan José Rojas Cardona, “El Zar de los Casinos”... y ahora
ningún juzgado de distrito acepta la consignación.La Procuraduría solicitó la captura de Ricardo Hiram Barbosa Alanís,
quien fuera juez tercero de distrito en materia administrativa en Nuevo
León, por delitos contra la administración de la justicia.Esto, derivado de resoluciones dictadas en favor de los casinos de Rojas Cardona.Funcionarios federales informaron que el expediente ha estado en
manos de tres jueces federales de la Ciudad de México y Monterrey, pero
todos han justificado diversos motivos para declararse incompetentes y
no resolver la solicitud de captura.Una vez que el pliego recorrió tres juzgados y dos entidades, hace
unos días se turnó a un tribunal de alzada para que resuelva el
conflicto competencial y defina cuál de los órganos jurisdiccionales se
hará cargo del caso.
EL UNIVERSAL
EL FINANCIERO
China será el país que registre los mayores flujos negativos de capital, estima el Instituto Internacional de Finanzas.Por tercer año consecutivo, los mercados de países emergentes mostrarán cifras negativas en cuanto flujo de capitales en
2016, pues registrarán una salida neta de 501 mil millones de dólares,
de acuerdo con estimaciones del Instituto Internacional de Finanzas
(IIF).Los flujos de salida para este año serían menores que los
750 mil millones de dólares asentados el año anterior, sin embargo, son
superiores a los 450 mil millones que la institución calculó en su
reporte de enero.“La reciente recuperación (a finales de marzo)
después de seis miserables meses refleja un alza global en el apetito
por el riesgo a medida que han disminuido las preocupaciones sobre la
economía mundial, además de valuaciones atractivas en mercados
emergentes y posiciones subvaluadas”, comentó Charles Collyns, director y
economista en jefe del IIF.“Sin embargo, a pesar de que la recuperación de estos países puede
continuar, el ritmo se irá moderando ante señales continuas de malos
fundamentales en estas economías”.Una salida de capital, explica
el instituto, es la venta de un activo registrado en un país emergente
por parte de un inversionista extranjero o la compra de un inversionista
residente de un activo que esté registrado fuera de estas economías.
EXCÉLSIOR
Los grupos parlamentarios en el Senado
decidieron que los municipios coludidos con el crimen organizado, como
los casos de Iguala y Cocula, sean atendidos por las tres instancias del
gobierno y no sólo por la Federación, como lo había propuesto el
Ejecutivo.Luego de 16 meses de negociación, los grupos políticos consideraron
que los municipios en esta condición no deben ser intervenidos por la
Federación, sino atendidos de manera especial por el Estado.Uno de los argumentos es que la seguridad pública no es una función
exclusiva que corre a cargo de la Federación y consideraron que debe
evitarse la dinámica de “echarse la bolita” entre los niveles de
gobierno.Parte de los acuerdos logrados la semana pasada entre los líderes
parlamentarios junto con el gobierno federal, y que se prevé que esta
semana se conviertan en un proyecto de dictamen, fueron adelantados en
la parte referente al Mando Único por Excélsior en la columna Bitácora del director, el pasado 8 de abril.Los coordinadores Emilio Gamboa (PRI), Fernando Herrera (PAN) y Luis
Miguel Barbosa (PRD) establecieron que las acciones en materia de
seguridad corresponden a los tres niveles de gobierno.Le entrarán todos a seguridad municipal. Ante la colusión con el crimen, la respuesta ya no será exclusiva de la Federación, sino de todos los niveles de gobierno.Después de 16 meses de negociación, los grupos políticos en el Senado
decidieron que los municipios coludidos con el crimen, como en los
casos comprobados de Iguala y Cocula, en Guerrero, no serán
responsabilidad sólo de la Federación, pues consideraron que no deben
ser intervenidos, sino atendidos de manera especial por los otros dos
niveles de gobierno.
Tres investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de
la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa han polarizado a la
población respecto a lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27
de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.Las versiones de la
Procuraduría General de la República (PGR), el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) y el Grupo Colegiado de Expertos en
Materia de Fuego han chocado en sus investigaciones de los hechos que
llevaron a la desaparición de los estudiantes.La principal
diferencia entre estos organismos radica en el incendio de Cocula, donde
supuestamente fueron incinerados los normalistas después de haber sido
entregados a la organización criminal Guerreros Unidos.Ha pasado
más de un año y medio de que los jóvenes desaparecieron y las dudas
sobre lo que les pasó aún persisten, pues cada vez se dan a conocer
detalles, como el pasado viernes, cuando expertos de Innsburck,
Alemania, confirmaron que no encontraron coincidencias genéticas entre las evidencias que la PGR encontró en el basurero y el Río San Juan y los 43 jóvenes.A
continuación te presentamos las claves de lo que se ha dicho sobre este
caso, que se ha calificado como la peor crisis en derechos humanos del
país.‘La verdad histórica’. En
noviembre de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dio a
conocer, con base a sus investigaciones, que el 26 de septiembre de ese
año estudiantes de la normal de Ayotzinapa se enfrentaron con la policía
municipal de Iguala al ser confundidos por miembros del grupo criminal Los Rojos y posteriormente fueron entregados a la banda contraria Guerreros Unidos, cuyos integrantes incineraron a los estudiantes en un basurero en el muncipio aledaño de Cocula.
Los senadores modificaron radicalmente la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y de proponer un mando único policial ahora habría un modelo mixto.De esta forma, seguirían existiendo las corporaciones policiacas en
las grandes ciudades del país y se abriría la posibilidad para que la
Federación interviniera directamente en municipios que no tengan o no
quieran tener la facultad de asumir la seguridad pública.Entre senadores se sociabiliza un “documento de trabajo” de la
reformas constitucional de seguridad pública que ya tiene el consenso
inicial de las principales bancadas de la Cámara Alta.El documento, de ocho cuartillas, cambia toda la lógica de la
propuesta presidencial en materia de seguridad propuesta a finales de
2014, luego de la tragedia en Iguala, donde desaparecieron 43
estudiantes normalistas.En ese momento, el presidente Peña Nieto propuso una nueva
conformación policiaca a través de 32 grandes instancias de seguridad
pública, quitándole esta potestad a los municipios.A esta idea se le conoce como mando único policial, sin embargo la
oposición y diversos especialistas en materia de seguridad rechazaron
esta propuesta, pues aseguran que viola el Pacto Federal y la soberanía
de los estados.En ese momento, los grupos parlamentarios del PAN y PRD en el
Congreso adelantaron que no iban a acompañar esta propuesta y explicaron
que solamente entrarían al debate legislativo modificando
sustancialmente la propuesta presidencial.
ANIMAL POLÍTICO
Familiares de Uriel, Luis Humberto y Jesús Alán, desaparecidos el pasado
19 de marzo en el municipio de Papantla, al norte del estado de
Veracruz, temen que el caso se quede en el olvido y en la impunidad cuando restan apenas seis días para que se cumpla un mes del suceso sin que, hasta ahora, haya ninguna pista del paradero de los jóvenes. A pesar de que van ocho policías municipales presos,
incluyendo el comandante de seguridad pública de Papantla, acusados por
la Fiscalía veracruzana de haber desaparecido forzadamente a los jóvenes
y de entregarlos al crimen organizado, Blanca Ninfa Cruz, madre de
Uriel Pérez, denunció que las investigaciones para encontrar a su hijo “van muy lentas”.“Queremos que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le entre a este caso y que apoye en la búsqueda de nuestros muchachos, porque tememos que la investigación se están quedando estancadas en Papantla”, dijo en entrevista con Animal Político
Blanca Ninfa, quien informó que este lunes 11 de abril se trasladará a
la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales que atraigan
el caso luego de que, a 24 días, la Fiscalía de Veracruz no haya
informado de ninguna pista del paradero de los tres jóvenes.Humberto Morales, padre de Luis Humberto, también viajará a la capital mexicana para demandar el apoyo del Gobierno de la República.“Ya han pasado muchos días y no hay nada de nada en nuestro caso. No nos han informado ni de una pista”,
lamentó en entrevista el padre del joven de 18 años de edad, y amigo
“de toda la vida” de Uriel Pérez, joven de 19 años que ocasionalmente
trabajaba como ‘moto-tortillero’ y taxista en Papantla.“Le
pedimos al Gobierno Federal que busquen a nuestros hijos, que los
encuentren, y que quienes hayan hecho esto lo paguen –insistió por su
parte Blanca Ninfa Cruz-. No queremos que el caso se quede en el olvido.
Porque, independientemente de que los muchachos aparezcan muertos, seguiremos luchando hasta que todos los culpables paguen por el daño que nos han hecho”.
Lo que revelan los #PanamaPapers es algo mucho más complejo –y
turbio– que evasión tributaria. De acuerdo con el exprocurador fiscal
Gabriel Reyes Orona, la investigación periodística evidencia la
estructura que los grupos criminales han construido desde 2005 para
blanquear y mover dinero. Este enmarañado método, que consiste de cuatro
pasos, protege a la agrupación criminal y a sus líderes incluso si son
capturados varios de los integrantes de la trama. Pero las autoridades
mexicanas no están investigando esto, sino que siguen pensando en
términos de lo que ocurría hace una década…Las operaciones del despacho panameño
Mossack Fonseca no revelan la existencia de paraísos fiscales para
evadir impuestos, sino que muestran “estructuras financieras con el
ánimo de ocultar el origen del dinero, el verdadero dueño del dinero y
el destino de ese dinero”. En suma, evidencian las complejas estructuras
financieras del crimen organizado.La revelación internacional llamada #PanamaPapers –que el pasado
domingo 3 hicieron más de cien medios en diversos países del mundo,
coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (www.icij.org) y en la que participó Proceso–
puso de relieve la práctica que desde 2005 emprendieron integrantes del
crimen organizado para evitar ser detectados y detenidos: la creación
de un sistema financiero informal impulsado por “los grandes consorcios
de la economía informal”, según el exprocurador fiscal de la federación,
Gabriel Reyes Orona.En entrevista, Reyes, quien indago las entrañas de los delitos
fiscales en este país, aclara que los #PanamaPapers hacen la distinción
entre paraísos fiscales y la creación de estructuras financieras que
tienen cuatro etapas, cuyo fin último es blanquear dinero.
REPORTE ÍNDIGO
Los candidatos independientes a gobernador llevarán a cabo su campaña
política en condiciones de escandalosa desigualdad a los abanderados de
los partidos políticos.Los nueve independientes que participarán en la elección en ocho
estados del país –en Zacatecas hay dos candidatos sin partido-
enfrentarán con un financiamiento público mínimo a sus pares de partido.
Es una lucha de David contra Goliat.En el caso de Aguascalientes, por ejemplo, el candidato independiente
recibió 500 veces menos dinero que los partidos que apoyan a la
candidata de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza-PT.Y aunque los independientes tienen la posibilidad de conseguir
financiamiento privado, los recursos no se comparan con los de los
partidos políticos. Esto, aseguran los candidatos ciudadanos, solo
profundiza más la inconformidad social contra los partidos políticos.Los independientes que buscan la gubernatura son Gabriel Arellano
(Aguascalientes); José Luis Barraza (Chihuahua); Alejandro Campa
(Durango); Francisco Frías (Sinaloa); Francisco Chavira (Tamaulipas);
Jacob Hernández (Tlaxcala); Juan Bueno Torio (Veracruz); Alma Rosa
Ollervides y Rogelio Soto (Zacatecas).El abismo de la desigualdad. Mientras los candidatos de los partidos políticos recibirán millones
de pesos para sus campañas por la gubernatura, los independientes apenas
tendrán que conformarse con algunos pesos.En Aguascalientes, por ejemplo, el independiente Gabriel Arellano
recibió apenas 64 mil 731 pesos para su campaña política. En cambio, el
financiamiento público al que tendrán acceso los partidos políticos es
exponencialmente mayor.En el caso de los partidos que conforman la coalición del PRI, Nueva
Alianza, PVEM y PT, juntos tienen recursos por 32 millones 480 mil pesos
para sus gastos en el 2016. La candidata de estos partidos es Lorena
Martínez, exalcaldesa de la capital de Aguascalientes.Respecto a los partidos que arropan a Martínez, Arellano recibirá 501 veces menos dinero de financiamiento público.
ARISTEGUI NOTICIAS
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, denunció que
existen “indicios de que las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) del gobierno federal en todos los estados donde habrá
elecciones, están operando a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional”. En un video enviado por el partido a los medios de comunicación, la
líder perredista señaló: “En una revisión del presupuesto vemos cómo han
aumentado misteriosamente los recursos para estos estados en las
cuestiones del campo y desarrollo social, y estamos trabajando en las
denuncias correspondientes”.Por ello, acordó con diputados federales del PRD realizar “brigadas”
en 12 estados del país donde habrá elecciones, para que observen la
actuación de los delegados, con el objetivo de inhibir o denunciarlos ante un posible desvío de recursos.Cada legislador contará con un equipo de abogados especialistas en el
tema electoral, quienes integrarán un cuerpo legal que será
determinante para las denuncias que se presentarán ante la autoridad
correspondiente, precisó.En las elecciones de 2013 en Veracruz, se confirmó una red electoral del PRI operada desde la Secretaría de Desarrollo Social.
La Ley Estatal de Educación fue aprobada el fin de semana por el Congreso de Oaxaca, con 26 votos en lo general y 28 en lo particular.Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción
Nacional, apoyados por el Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento
Ciudadano (MC) y el local Unidad Popular (UP), avalaron la legislación
que tiene tres años de retraso, desde que en 2013 se aprobó la reforma educativa, por lo que se deberían homologar las leyes locales.Lo anterior ocurrió pese al rechazo de la sección 22 de la CNTE, que ya amagó con nuevas protestas.La ley aprobada contempla la evaluación para los docentes de Oaxaca e
impide que comisionados sindicales sigan cobrando sueldos como
maestros.
Desde 2014, la CNTE planteó -en lugar de dicha legislación- su propia
propuesta educativa, con el fin de que fuera aprobada; sin embargo no
prosperó.Los legisladores locales sesionaron el sábado por la noche, desde las
11:40 hasta las primeras horas del domingo, a puerta cerrada, para
impedir protestas que frenaran la votación de la ley.“Después de 20 años volvemos a tener una nueva ley. Ya era tiempo,
hay que reconocer que esta era la última semana y el Congreso lo hizo
dentro de este periodo que mandató la Suprema Corte de Justicia. Siempre
lo dijimos, no podíamos estar cruzados de brazos, el tema educativo
tiene muchos retos por delante, venimos aplicando la legislación
federal, pero necesitábamos la norma a nivel local”, dijo el director
del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Moisés
Robles, en entrevista para medios locales.
En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, es el más reciente libro de Andreas Schedler,
doctor en ciencia política por la Universidad de Viena, quien explicó
de inicio que en la portada se observa una pequeña subcomandancia, la
cual es “un poco indirecta e irónica. El libro es sobre la violencia
criminal que nos ha azotado en las últimas décadas, y la relación de los
ciudadanos ante la violencia. Es un libro sobre opinión pública,
básicamente”.“Uno de los actores centrales es el Estado”, y la
imagen de la portada “es casi simpática del Estado, porque está
chiquito, perdido en el desierto, un Estado evidentemente incapaz de
protegernos, no es exactamente el Estado”, sino “una parte del Estado”, recalcó en entrevista para Aristegui CNN.El interés del autor surgió de “una irritación moral,
la idea de que ya llevamos mucho tiempo en esta violencia, llevamos
cifras de muertes que sobrepasan el promedio de las dictaduras del siglo
XX y XXI, el promedio de las guerras civiles del siglo XX y XXI, y no
pasa mucho”.De parte “de los ciudadanos, la política, la élite, de casi todos, lo que hemos visto es una capacidad asombrosa para normalizar la violencia, silenciar la violencia, negar la violencia. Entonces hemos visto dos olas grandes de movilización”.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
La desaparición forzada en
México ha alcanzado niveles muy parecidos al de países con guerra civil
como Siria y Paquistán, informa un estudio realizado por el Instituto
Belisario Domínguez, del Senado de la República.Con base a cifras del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de Personas de la Organización de las Naciones Unidas, se
detalla que del año 2008 a 2015 ocurrieron 136 casos de desaparición forzada en México y la República Árabe de Siria, en Paquistán se registraron 144 y en Sri Lanka 282.“Paquistán ha protagonizado una gran violencia política y Sri Lanka
tiene el antecedente de la guerra civil”, recalcó el Instituto Belisario
Domínguez.En el reporte realizado por el Instituto se habla de 3 momentos
claves en la historia nacional donde hubo un aumento en las
desapariciones forzadas, los cuales son la Guerra Sucia en 1994, al
igual que el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en
Chiapas, y en 2007 la guerra contra las drogas, hechos que tuvieron en
común “la participación justificada del Ejército en tareas de orden
público y seguridad”.Por otra parte en datos oficiales de la Procuraduría General de la
República (PGR) en “Información Estadística sobre Desaparición de
Personas”, se registró que de enero de 2014 a junio de 2015 hubieron
106 desapariciones forzadas de 95 hombres y 11 mujeres, donde Veracruz
(39) aparece como la entidad donde ocurren el mayor número de casos, le
sigue Coahuila (16), Nayarit (7); aunque cabe recalcar que no se
incluyó a Guerrero con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa; por lo que el Senado advirtió que es necesario tener un
registro más exhaustivo y confiable.
La Primera brigada nacional de búsqueda
de familiares desaparecidos en Veracruz, convocó a la sociedad a
entregar información -de manera anónima- que facilite la localización de
fosas clandestinas en la entidad.Durante una conferencia de prensa que se
realizó en la iglesia del centro de Amatlán de los Reyes, la fundadora
del grupo Familias Desaparecidas Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo, madre
de la joven Fernanda Rubí, quien desapareció hace tres años en Orizaba,
expresó: “estamos cansados de buscar a nuestros hijos detrás de un
escritorio, por eso le pedimos a la gente que tenga información, que nos
la haga llegar de manera anónima a través de nuestra página de Facebook
Brigada Búsqueda, a nuestro número de celular… o durante las misas.
Pueden dejar un papel en el canasto de las limosnas, nosotros
analizaremos esa información”. Araceli Salcedo agregó que aún no hay
“fecha ni hora para realizar la primera búsqueda masiva de campo, pero
desde la llegada de la Brigada hemos recibido mucha información; además,
han llegado varias madres de desaparecidos para solicitarnos el
acompañamiento en sus casos”.La Brigada nacional está integrada por
representantes de siete colectivos con experiencia en localización de
fosas clandestinas en estados como Coahuila, Chihuahua, Guerrero,
Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California, quienes brindan
capacitación y asesoría para que los activistas veracruzanos repliquen
las técnicas de ubicación de restos inhumados de forma ilegal.
Angélica
de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado
consideró que el proyecto de dictamen de ley general para prevenir y
sancionar delitos en materia de desaparición forzada debe incluir las
recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), como la de que sea una norma eficaz y centrada en la búsqueda de
los ausentes.De la misma manera señaló que dicho
proyecto del ejecutivo elaborado por la Comisión de Justicia no refleja
esa prioridad y deja fuera la creación de un registro nacional de datos
de personas detenidas.Dijo que como los el acuerdo de
confidencialidad, los órganos que han investigado son los que deben
revisar dicho proyecto sumando a las familias de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, toda vez que se trata de los afectados, quienes deben ser
amparados por la nueva ley. “Testimonios de los familiares de
víctimas de ese delito coinciden en que la policía los detiene, son
torturados y nunca llegan a una barandilla (del juez), porque antes los
desaparecen. Con el registro obligatorio será más fácil saber qué pasó y
cómo actuaron los agentes del Estado”.
SIN EMBARGO
La corrupción de autoridades azuza el clima hostil contra las mujeres en México, acusan ONGs
Los actos de violencia contra las mujeres en México se mantienen sin
castigo por la falta de voluntad de las autoridades de cumplir con sus
responsabilidades. ¿Qué rol juega la corrupción y la impunidad?. La indiferencia del Estado mexicano ante la violencia que sufren
las mujeres ha intensificado el clima de agresiones en días recientes,
aseveraron organizaciones no gubernamentales.“Hay una crisis muy profunda en México. El tema del feminicidio nos
evidencia la podredumbre, la normalización de la violencia y los ríos de
sangre que están corriendo actualmente”, dijo Rodolfo Manuel Domínguez
Márquez , investigador del Observatorio Nacional del Feminicidio (ONCF).Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
apuntan que el año pasado mil 432 mujeres fueron asesinadas. Parte del
letargo en las acciones del Estado provienen de lo extendido de la
impunidad ,detalló Domínguez Márquez. “No veo un Estado que esté
actuando a la altura de lo que se requiere, con el objetivo de
garantizar un Estado de derecho”.La falta de acceso a la justicia es una de las formas en las que la corrupción afecta a las víctimas de violencia de género.De acuerdo con el Índice de Impunidad México 2016, elaborado por la
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), las 32 entidades federativas
reportan niveles reprobatorios en materia de seguridad, procuración y
administración de justicia y el funcionamiento del sistema
penitenciario.Esta situación se hizo más esta semana más evidente en Puebla. Esta
semana la cifra de feminicidios ascendió a 26, un alza que ha puesto a
las organizaciones civiles que trabajan la defensa de los derechos de la
mujer en alerta; el año pasado la cifra fue de 50 casos, de los cuales
sólo uno tiene sentencia, denunciaron.
Activistas de Guerrero, Coahuila, Sinaloa,
Chihuahua y Baja California están en Veracruz para ayudar a familias de
desaparecidos a encontrar a sus seres queridos. De acuerdo con algunos
reportes, en el estado hay unas diez en la zona centro donde rastrearán la pista de más de 70 desaparecidos.Organizaciones no gubernamentales, nacionales y locales, inician este
lunes la búsqueda de cementerios clandestinos en Veracruz, como parte de
la Primera Brigada Nacional de Personas Desaparecidas. Aracely Salcedo,
líder del Colectivo Córdoba-Orizaba, dijo a Blog Expediente que existe información de al menos 10 sectores en la zona centro del estado, donde buscarán a más de 70 ausentes.Este evento es inédito para Veracruz. Nunca antes grupos civiles se
habían organizado en torno a la tragedia de los desaparecidos en la
guerra y, por tanto, es la mayor búsqueda en la historia de la entidad.“Los compañeros de la Red de Enlaces vinieron a capacitarnos para que
así surjan nuevos grupos locales de búsqueda en Veracruz. Son personas
de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, quienes
luego de haber perdido a un hijo, han aprendido a sobrellevar el miedo.
Ahora nos ayudarán a encontrar corazones que ya dejaron de latir”,
dijo Salcedo Jiménez durante el recibimiento a 50 buscadores en la
parroquia de Amatlán de los Reyes Magos.El trabajo de los recién llegados, tan sólo en el estadio de
Guerrero, ha tenido como resultado el hallazgo de restos óseos de más de
150 personas.En los siguientes 15 días; del 10 al 23 de abril probarán suerte en
Veracruz, el cementerio más extenso de México, tal cual lo bautizara el
padre Alejandro Solalinde Guerra, también defensor de los Derechos
Humanos.
LA JORNADA
Reciben $7 millones mensuales para "trabajos" del gremio
Los recursos son para transporte y viáticos, revela copia del acuerdo
También se destinan a "gastos de administración y mantenimiento"
La mayoría de los beneficiados están vinculados a estratos cupulares
Patricia Muñoz Ríos
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