Rafael Landerreche*
La Jornada
Hace unas semanas, al salir de una reunión en la Secretaría de Gobernación los sobrevivientes de la masacre de Nochixtlán, declararon a la prensa:
nos ofrecieron todo, menos justicia.
Esas cinco concisas palabras, de manera admirable expresan todo el
dramatismo de un pueblo que busca una sola cosa y esa obstinadamente se
le niega. Al mismo tiempo esas palabras son el más certero y contundente
diagnóstico de un régimen político que, efectivamente, está dispuesto a
dar a quienes le reclaman todo menos justicia. Acteal, Ayotzinapa, los
maestros, pueden avalar lo dicho por Nochixtlán. Las autoridades
peticionarias pueden ofrecer a los peticionarios todo, desde dinero,
prebendas, concesiones… hasta represión, cárcel y muerte. Pero siempre
al margen de, e ignorando la verdadera justicia. Pueden incluso utilizar
el aparato de procuración y administración de justicia, pero como un
instrumento más para ofrecer chivos expiatorios o para chantajear y
golpear a sus opositores, mas nunca para hacer lo que se debe hacer
según la justicia y el derecho. Y ahora parece que dentro de esa gama de
opciones que las autoridades mexicanas están dispuestas a ofrecer con
tal de no brindar justicia han venido a añadirse las bien o mal llamadas
reivindicaciones de género. Esto viene al cuento entre otras razones por una noticia que acaba de aparecer en el portal Chiapas Paralelo (27/9), donde se puede leer:
“La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, denunció que
a un mes de la resolución de ese organismo jurisdiccional, las
autoridades locales chiapanecas no han acatado el fallo de restituir en
sus cargos a las mujeres indígenas alcaldesas de Chenalhó y Oxchuc, por
lo que podrían incurrir en alguna responsabilidad legal. En el marco del
Foro Democracia Paritaria organizado por el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), Alanís Figueroa ofreció la conferencia
sobre Mujeres indígenas y violencia política de género, donde
habló de los casos ocurridos en Chiapas, donde alcaldesas fueron
removidas de los cargos que ganaron por la vía del voto directo en las
urnas el domingo 19 de julio de 2015”.
Hay que recordar que las dos alcaldesas mencionadas fueron obligadas a
renunciar a sus cargos por sendas movilizaciones en el marco de las
protestas poselectorales desatadas por el choque de intereses del PRI y
el Partido Verde. Pero habría que cuestionar si esos problemas políticos
pueden y deben ser resueltos en función exclusiva o principalmente de
consideraciones de género.
No me detendré mayormente en el caso de Oxchuc, donde la alcaldesa depuesta de facto y
reinstalada legalmente constituye una especie de Hillary autóctona
elevada a la cuarta potencia: ella y su esposo se habían estado turnando
la presidencia municipal por cuatro periodos consecutivos hasta que el
pueblo dijo basta. Pero me interesa en particular el caso de Chenalhó,
que tiene otro componente de género mucho más grave que la supuesta
violación del derecho de una mujer a gobernar un municipio: el profundo
insulto, más que a la víctima directa, el líder del Congreso estatal
Óscar Eduardo Ramírez, a todas las mujeres y específicamente a las de
Chenalhó por el hecho de que el funcionario retenido por los priístas
haya sido vestido de mujer como una manera denigrante de decirle que no
sabe hacer su trabajo. De este verdadero agravio, hasta donde yo sé, ni
el TEPJF ni el Foro Democracia Paritaria hicieron mención alguna. Pero a
pesar de eso es altamente cuestionable que el asunto de género se tome
de eje central para abordar los problemas de este municipio.
Chenalhó tiene una historia, que ya va para 20 años, de
accionar de grupos paramilitares cuya más conocida y abominable hazaña
fue la masacre de Acteal. Gracias a la complicidad de diversas
autoridades, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus
crímenes siguen prácticamente impunes. Hay una comunidad, el Ejido
Puebla, que fue y sigue siendo uno de los bastiones paramilitares, donde
éstos nunca fueron a dar a la cárcel, ni siquiera para ser amnistiados
por la SCJN. Por esta campante impunidad los paramilitares han seguido
actuando tranquilamente: Puebla es la única comunidad del municipio
donde se ha repetido dos veces el desplazamiento forzado de la
población, como se dio en numerosas comunidades en el tiempo de la
masacre de Acteal: en 2013 y ahora con el conflicto poselectoral. En las
dos ocasiones anteriores habían sido básicamente los miembros de Las
Abejas las víctimas del desplazamiento. En esta ocasión, de nuevo
tuvieron que salir desplazadas Las Abejas, pero ahora los priístas
corrieron con la misma suerte. La razón de esta inusitada convergencia
es que, dada la brillante estrategia del gobernador estatal de sustituir
el apoyo clientelar del PRI por el del Partido Verde, los paramilitares
de Puebla se dividieron entre los que apoyan a la depuesta alcaldesa
Rosa Pérez Pérez (los verdes) y los priístas que votaron y se
movilizaron contra ella. En la tarde del día de la movilización que
secuestró, vistió de mujer y obligó al líder estatal del Congreso (y del
Partido Verde) a aceptar la renuncia de la alcaldesa, los priístas
fueron recibidos por los enfurecidos verdes con piedras, palos,
machetes y armas de fuego. El resultado: dos muertos de las familias
priístas, otra, una muchacha de 12 años, como resultado de una bala
perdida, y un adulto asesinado a quemarropa. La respuesta de las
autoridades fue… encarcelar a dos priístas.
El Ejido Puebla se ha convertido en el principal bastión de la
alcaldesa depuesta, quien el pasado 15 de septiembre acudió al lugar a
dar el tradicional Grito, impedida, como está por la oposición priísta,
de hacerlo en la cabecera. Una demanda evidente de justicia sería la
exigencia de indagar la relación entre la maestra Rosa Pérez y los
paramilitares de Puebla, en particular Agustín Pérez, que funge
simultáneamente como su líder, líder de los verdes y pastor de
la iglesia presbiteriana de su comunidad. Pero ahora las autoridades han
tenido la brillante idea de cubrir todo eso con el expediente de la
supuesta reivindicación de los derechos de las mujeres. Y no faltan
quienes muerden el anzuelo y aplauden con entusiasmo.
Una sospecha: ¿no será que Peña Nieto aplicó una receta similar con
la iniciativa de los matrimonios gays para darse un respiro ante las
abrumadoras denuncias contra su gobierno?
*Asesor de proyectos de educación alterntiva en Chenalhó (laudatosi.blogspot.es)
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