Así ocurrió en Sinaloa el pasado viernes, cuando murieron cinco soldados acribillados por un grupo de sicarios que los masacró en las calles de Culiacán.
Sectores de la opinión pública han manifestado su malestar porque la ciudadanía no ha protestado contra estos asesinatos como sí lo han hecho contra la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pero el reclamo no debería ser contra la sociedad, sino contra quien los mandó a esta guerra: el presidente de la República, Felipe Calderón, en su momento, y ahora Enrique Peña Nieto.
Como jefe de las Fuerzas Armadas, el panista en el 2006 y ahora el priista, son los responsables directos de exponer al Ejército, Marina y Fuerza Aérea al riesgo de ser acribillados en las calles, montañas, sierra y en el mar donde opera el crimen organizado.
Pero Calderón Hinojosa y Peña Nieto no solo expusieron a las tropas militares a los ataques de ejércitos irregulares de sicarios con capacidad de derribar aeronaves, sino también a la infiltración y corrupción institucional, ocasionando un daño más severo que es la pérdida de la confianza y la credibilidad que se les tenía en amplios sectores de la sociedad.

Poco antes de terminar su mandato, Felipe Calderón quiso resarcir ese daño al mandar a hacer un memorial en el Campo Marte dedicado a los soldados caídos en la guerra contra el narcotráfico.
Esta acción fue porque el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad exigió levantar un memorial por las miles de víctimas civiles que han muerto o desaparecido, precisamente en medio de esta declaración de guerra contra el narcotráfico.

Hoy que las Fuerzas Armadas siguen sufriendo bajas –76 en los últimos cuatro años y mil 45 ataques, según un reportaje publicado en Milenio–, Peña Nieto mantiene la misma estrategia militar y policiaca de lucha contra el crimen organizado, sin tocar lo que más les duele: el bolsillo.
Mientras siga esta estrategia dictada desde la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas seguirán siendo el objetivo de los ejércitos irregulares conformados por sicarios bien armados con fusiles de asalto, granadas, lanzacohetes y otras armas de alto poder.
Pero sobre todo, serán el blanco de los jefes del crimen organizado que tiene un arma más poderosa: el dinero suficiente para corromper a los altos mandos militares.
Así que el reclamo de defender a los militares caídos en esta guerra no debe ser a la sociedad, sino al jefe máximo de las Fuerzas Armadas, al Presidente de la República, quien es el responsable directo de mandarlos labores policiacas para las cuales no están preparados, a combatir a fuerzas criminales que actúan como guerrilla urbana, a ser acribillados en emboscadas y, sobre todo, a luchar contra un poder que ha crecido de manera impune dentro del propio gobierno.