Eduardo Ibarra Aguirre
La Suprema Corte de Justicia de la Nación –conocida también como Suprema Corta gracias a sus críticos acérrimos–, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen un "guardadito" de 9 mil 270 millones de pesos en fideicomisos para las pensiones adicionales y la atención médica de ministros, magistrados y consejeros, así como de otros altos funcionarios del Poder Judicial. Lo anterior revela el reporte del periodista Enrique Méndez, formulado en base a los datos y juicios disponibles en el informe de abril-junio de 2016.
Los fideicomisos del Poder Judicial, así como de los órganos autónomos y del Poder Legislativo, fueron constituidos con remanentes o ahorros anuales de sus presupuestos asignados, es decir, de subejercicios en el gasto que no son devueltos a la Tesorería de la Federación, tal y como lo hacen los órganos que no son autónomos, pero aquéllos usan y abusan de su condición constitucional para poner y disponer sobre recursos del Estado.
Legisladores de la oposición criticaron que los órganos autónomos tengan sus "guardaditos" multimillonarios, mismos con los también cuenta la Cámara de Senadores, con la finalidad de garantizar pensiones adicionales a ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal. Estimaron que el tema debe revisarse en San Lázaro a fin de reducir sus presupuestos para el próximo año, ya que ésta es la única manera legal de frenar las prácticas elitistas de una voraz cúpula judicial, donde de por sí los ministros tienen los salarios burocráticos más altos del país –más de 6 millones de pesos anuales–, muy por encima de lo que nominalmente percibe Enrique Peña Nieto.
Pero no es así en lo que se refiere a jubilaciones y prestaciones, donde Luis Echeverría, las viudas de José López Portillo y de Miguel de la Madrid, además de los muy vivos Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón gozan de cabal salud económica y material a costa del erario, mientras el común de los pensionados reciben alrededor de tres mil pesos mensuales, como sucede con este redactor.
Los fideicomisos de los órganos autónomos, así como los que mantienen las secretarías y dependencias, no están regulados legalmente y, por lo tanto, no pueden ser quitados por el Congreso de la Unión. Aquéllos proliferaron durante el la gestión del presidente de "Las manos limpias", pero los que fueron creados por Francisco Gil Díaz, ahora empleado de una trasnacional telefónica de España, bajo "el gobierno del cambio" de Fox Quedada, manejaron volúmenes económicos sin precedente y sin ningún control institucional, como lo documentó al detalle Miguel Badillo en el libro ISOSA: Fraude transexenal a la nación.
Lo que hacen los ministros de la Suprema Corte, entre otros súper privilegiados de la burocracia, es bajo el certero supuesto expresado por ellos mismos de "¿Y quién se mete con la Corte?" Pero reconocieron que los fidecomisos creados por el Poder Judicial federal para apoyar a sus juzgadores son ilegales, porque provienen de recursos que no son ejercidos al término del año fiscal (La Jornada, 4-X).
A ver quiénes van a ser los "reformadores" que frenen, eliminarlos sería acaso utópico, los despropósitos de los que fijaron en 10 salarios mínimos el límite para las jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero los ministros y magistrados se sirven con la cuchara grande, ilimitada.
Utopía
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