Sin voluntad, Estado mexicano para hacer justicia a mujeres de Atenco
Por
los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una
década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un
agente del Ministerio Público y 17 médicos | En la imagen, Edith Rosales
observa el collage fotográfico que inauguró el Centro Prodh en 2013
Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(Cejil) coincidieron en que el caso de las 11 sobrevivientes de tortura
sexual de Atenco pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) porque el Estado mexicano no cumplió las recomendaciones de la
Comisión Interamericana (CIDH), además de su falta de voluntad por hacer
justicia.
Durante la conferencia de prensa para hablar sobre el proceso en la
CoIDH, Araceli Olivos Portugal, Stephanie Erin Brewer y Santiago Aguirre
Espinosa, del Centro Prodh; y Marcía Aguiluz, directora del Cejil,
refirieron que no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a
las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron
omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los
hechos ocurridos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en
Atenco, Estado de México y Texcoco.
De acuerdo con información de las y el abogado, en diciembre de 2015 la
CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso
y que le da la razón a las denunciantes al encontrar que fueron
detenidas de manera ilegal y arbitraria, que se acreditaron diversos
actos de tortura física, psicológica y sexual, y que hubo una falta del
debido proceso y denegación de la justicia.
Aunque el 17 de septiembre las Secretarías de Relaciones Exteriores, de
Gobernación y la Procuraduría General dela República anunciaron que el
caso pasó al alto tribunal del sistema regional de Derechos Humanos “a
petición de las autoridades mexicanas”, tanto el Centro Prodh como Cejil
dijeron que el caso pasó a la CoIDH por falta de cumplimiento de las
recomendaciones.
Según la defensa de las mujeres el Estado reconoció parcialmente los
hechos desde 2013, pero en los nueve meses siguientes a la notificación
del Informe de Fondo –que próximamente se hará público– no hubo voluntad
de hacer justicia, en particular no se sancionó a los responsables por
cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que
cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y
sanción de los hechos.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, explicó que al no
cumplirse las recomendaciones del Informe de Fondo el caso fue remitido a
la Corte Interamericana, lo que eventualmente podría significar la
séptima condena contra el Estado mexicano desde que fue reconocida la
competencia contenciosa del alto tribunal en 1999.
La CoIDH ha emitido tres sentencias por violaciones a los derechos de
las mujeres. En noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por su
responsabilidad en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en octubre de 2010 dictó dos sentencias más por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas por elementos del Ejército mexicano en Guerrero, en 2001.
Además la primera sentencia fue en 2008 en materia de derechos políticos
en el caso de Jorge Castañeda Gutman; en noviembre de 2009 el organismo
emitió otra por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; y
en noviembre de 2010 un fallo más por la tortura y detención arbitraria
de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso
de la tortura sexual y dictar medidas de no repetición vinculantes para
el Estado mexicano, contribuyendo al reconocimiento y erradicación de
este fenómeno.
A decir del abogado Aguirre, este litigo a nivel internacional es una
oportunidad para revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública en
contra de las expresiones de protesta y de la tortura sexual, dos
problemas estructurales que están detrás de las violaciones a Derechos
Humanos cometidas en 2006 y que hoy siguen vigentes.
Sobre este tema la directora del Cejil Marcía Aguiluz, aseguró que hay
esperanza en que el organismo internacional entienda la importancia de
este caso y dicte medidas de prevención de la tortura sexual contra las
mujeres.
La activista explicó que el Estado mexicano tuvo un plazo para cumplir
las recomendaciones y no lo hizo pero destacó que hoy tiene la
oportunidad de investigar lo que ocurrió a las mujeres porque si bien
hay una indagación abierta en ésta no se ha señalado a ningún agente
federal ni se ha imputado el delito de tortura sexual, lo que significa
que no hay ninguna sanción efectiva.
Aguiluz dijo que la investigación es imprescindible para romper el
círculo de impunidad y así lo demuestran las tres condenas
internacionales por violencia contra las mujeres. En ese sentido
consideró que Atenco será un caso relevante para el continente, para
profundizar estándares y jurisprudencia que protejan a las mujeres
víctimas de tortura sexual, así como investigar estos hechos.
La coordinadora del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer expuso que en
esta nueva etapa del proceso internacional la CoIDH revisará la
responsabilidad del Estado mexicano en la detención ilegal y arbitraria
de las mujeres, el hecho de que no contaron con defensa técnica
adecuada, vivieron procesos penales injustos y violaciones al debido
proceso o falta de investigación adecuada.
Por eso las violaciones se analizarán a la luz de la Convención
Americana de Derechos Humanos; de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura; y de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor
conocida como Convención De Belém do Pará.
De acuerdo con la coordinadora del Área de Defensa del Centro Prodh,
Araceli Olivos Portugal, por los hechos derivados de los operativos
policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías
estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17
médicos, mientras que otros cinco profesionales de la salud fueron
absueltos por falta de pruebas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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