Al
menos dos o tres veces por semana algún miembro de la familia Salinas
de Gortari visita el edificio corporativo de Petróleos Mexicanos
(Pemex). Ésa es la versión que dan algunos funcionarios de la petrolera
que observan con recelo el cambio y los reacomodos políticos que tienen
una connotación preocupante: la presencia de contratistas beneficiados
con obras de mantenimiento y nuevos proyectos. ¿Le suena conocida la
historia? Al parecer ahora en Pemex se reconfiguran empresas proveedoras
para presentar otras razones sociales (desconocidas hasta hoy) y
escapar del escrutinio público.
Para
el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, la cercanía
con la familia del ex presidente Carlos Salinas de Gortari es un tema
delicado. Tiene dos flancos que cuidar para garantizar su transparencia
al frente de la petrolera: es originario de Coatzacoalcos, la región en
donde la extracción y procesamiento del hidrocarburo se ha convertido en
la principal actividad que no sólo ha financiado a la economía local
sino la actividad política. Los puestos de decisión popular y, por
supuesto, las decisiones de gobierno y las políticas públicas se
entrelazan con el petróleo. Para González Anaya no ha sido fácil llegar a
Pemex pero desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando
estuvo a cargo de la administración del pacto federal y de las partidas
presupuestales para cada región, con los gobiernos de los estados
demostró capacidad para administrar intereses económicos y políticos.
Sin
embargo, ahora enfrenta nuevos desafíos. El Grupo GIA de Hipólito
Gerard ganó uno de los contratos más importantes para el nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México. Éste parece ser el momento de GIA
frente a otras alicaídas empresas como ICA que se encuentran en una de
las fases más complicadas de su negocio, sin recursos y con deudas.
Gerard,
como usted sabe, es hermano de Ana Paula Gerard, cónyuge del
expresidente Salinas. José Antonio González Anaya está casado con
Gabriela Gerard. Así, no deberemos ver, por lo tanto, a la empresa de
Hipólito Gerard cerca de Pemex ni a los hijos de Carlos Salinas.
Mientras
tanto, el expresidente busca reescribir su historia. Un documental en
televisión abierta y varios reportajes en los que se comparan los
beneficios económicos que dejó su administración son algunos de las
señales que observamos de cómo el exmandatario busca recuperar un lugar
en la escena política del país. Queda constancia, sin embargo, de que
Carlos Salinas de Gortari y su familia protagonizaron una época de
corrupción y enriquecimiento. Raúl Salinas de Gortari es, cierto, fue
exonerado después de muchos años y de, incluso, permanecer en prisión.
Sin embargo, la sociedad mexicana –después de 2 décadas– no puede ni
debe olvidar que esta familia –talentosos para el poder– hicieron del
poder político un negocio personal.
La banca y su “lucha” contra el lavado de dinero
Fue
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime
González Aguadé, la instancia responsable de aplicar los exámenes a
directivos de todo el sistema bancario interesados en obtener una
certificación como expertos en detección de blanqueo de capitales en los circuitos financieros.
Para
muchas instituciones (reguladas o no), el examen se convirtió en un
verdadero problema dada la dinámica y la premura con la cual la CNBV
realizó la evaluación. Fueron el ITAM y la Universidad del Valle de
México, cuyo rector es el experto en banca Bernardo González Aréchiga,
las instancias académica que apoyaron a la CNBV en el diseño del examen
que, por cierto, será tomado en cuenta como parte de los esfuerzos que
realiza México en el seno de organismos multilaterales dedicados a la
lucha contra el blanqueo de capitales, como el Grupo Egmont.
La CNBV aplica ya el quinto examen para la certificación de expertos contra el lavado de dinero
de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. La
próxima evaluación tendrá lugar el 29 de octubre. La CNBV, además, ha
dado a conocer un lista de expertos que en el sector financiero ya
recibieron la certificación que se ha convertido en un requisito para la
operación de sus intermediarios.
Así, el gobierno mexicano busca
garantizar que en cada banco, Sofom o intermediarios no regulados se
cuente con la presencia de un experto que detenga cualquier amenaza de
capitales producto de actividades ilícitas.
Sigue la crisis de Oceanografía
Definitivamente
para Oceanografía el concurso mercantil no fue la mejor opción. En
proceso de quiebra, muchos acreedores de la naviera enfrentan el
aseguramiento de sus bienes, de los barcos que fueron rentados a Amado
Yáñez.
Éste es el caso de la naviera Candies que ha solicitado a
la Procuraduría General de la República (PGR) que levante el
aseguramiento de los barcos que había rentado a Amado Yáñez para darle
servicio de transporte a Pemex.
La respuesta no se ha presentado
porque la PGR, sin bases, sigue considerando que esos barcos son
propiedad de Oceanografía. El problema es que muchos trabajadores se
encuentran en la incertidumbre porque quienes administran el proceso
concursal no reconocen una relación laboral y, evidentemente, los
arrendadores tampoco. El peor de los escenarios tras el desmantelamiento
de una compañía que obtuvo sus grandes contratos durante los gobiernos
panistas.
Claudia Villegas
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