Miguel Concha
La Jornada
Como hace más de tres
años, hoy nuevamente está en proceso una reforma a la Ley General de
Víctimas, y por ello me surgen otra vez algunas preguntas al respecto.
Nuestras legisladoras y legisladores, ¿han escuchado lo que realmente
necesitan las víctimas? ¿Cómo se acercan las y los políticos al
sufrimiento de una joven secuestrada y mutilada? ¿Desde cuándo sufren la
pena de ver a un hijo acribillado? ¿Cuándo han abrazado a una madre en
el momento exacto en que le avisan que su hija fue asesinada el mismo
día que dejó de verla? ¿Cómo aprenden el lenguaje del dolor? Los
colectivos de víctimas y las organizaciones que las acompañamos
empezamos desde hace meses a trabajar un conjunto de reformas a varias
leyes de aplicación nacional, con el fin de no dejar al arbitrio del
Congreso federal o de los congresos locales la regulación de todas y
cada una de las acciones institucionales que una víctima de secuestro,
desaparición, tortura, lesiones, desplazamiento, feminicidio, violencia
sexual, trata, homicidio doloso o ejecución arbitraria requiere al
llegar a una dependencia federal o estatal, más allá de las fracasadas
comisiones de víctimas, las cuales, por cierto, no son sólo aquellas
personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus
derechos, como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición de un
familiar o allegado, sino desde luego la persona directamente afectada.
A medida que se ha ido avanzando en la procuración para la protección
de sus derechos, aparecía y tenía que tomarse en cuenta la aplicación
de una nueva ley, como se puso de relieve en el conversatorio sobre los
derechos de las víctimas realizado el 24 de agosto pasado, cuando se
elaboraron las medidas para que la ley de víctimas y la que
eventualmente se apruebe contra la desaparición de personas tengan
correlatos normativos para hacerlas efectivas y exigibles. Queremos
entonces garantizar que todas las víctimas tengan todos los derechos, y
sobre todo que los puedan ejercer. La propuesta, presentada a nombre
propio y de un grupo plural de senadores y senadoras de la República por
la legisladora michoacana Iris Vianey Mendoza, incluye 23 nuevos
ordenamientos, entre ellos la reforma a la legislación de las
instituciones nacionales de salud, del Seguro Social, del Issste y de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de proteger los
derechos a la salud y a la seguridad social de las víctimas. Se
incluyen también reformas a las leyes de Educación, de Desarrollo
Social, Vivienda y Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, con el fin
de generar una política pública en el ámbito social y proveer las bases
para recuperar condiciones de vida dignas, para que las y los hijos de
las víctimas puedan mantener su actividad escolar o acceder a programas
de vivienda y a oportunidades de desarrollo económico y social.
Se precisa igualmente que el actual registro administrativo de
detenciones debe ser un instrumento generado en tiempo real, para que se
evite la tortura y la desaparición; por eso se propone la reforma a la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es también
urgente que se reconozca la personalidad jurídica de las víctimas de
desaparición, a través de una declaración especial de ausencia, y por
ello se propone la reforma a los códigos Penal Federal, Nacional de
Procedimientos Penales, Civil Federal y Federal de Procedimientos
Civiles, así como a las leyes de Amparo, Federal contra la Delincuencia
Organizada, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que
faculta a los jueces para conocer del procedimiento. Teniendo en cuenta
las bárbaras situaciones y los hallazgos macabros de los que hemos sido
testigos en varios estados de la República, se incluyó en la Ley
General de Salud y en el Código Federal Penal regulación para combatir
inhumaciones oficiales irregulares o clandestinas; para penalizar a
quienes exterminen a las personas, y procedimientos dignos para
identificar a las personas fallecidas.
Se incluyeron igualmente regulaciones a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el
propósito de poder acreditar responsabilidad a quien no cumpla con los
derechos victimales, y para aliviar la carga crediticia cuando se
asesina o se le priva ilegalmente de la libertad a un ser querido se
propone igualmente reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se modifican además la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales, con el objetivo de operar un mecanismo de
búsqueda urgente con información sobre tarjetas bancarias, teléfonos
móviles y huellas dactilares, aunque estableciendo como excepcional la
obtención de esta información, con el único fin de buscar personas
desaparecidas. Esta iniciativa, que, como se ha dicho, propone reformar
23 leyes, es la primera miscelánea legislativa que se presenta para
proteger los derechos y la dignidad de las personas, en este caso las
víctimas. Esperamos que haya sensibilidad en las y los legisladores para
analizarla y aprobarla. Queremos pensar que han aprendido a escuchar el
lenguaje del dolor, y que saben que el fin de la violencia y la
recuperación de la paz en nuestro país sólo puede construirse con las
víctimas. Queda pendiente, desde luego, la aprobación, de conformidad
con los estándares internacionales, de una ley general contra la
desaparición forzada y la desaparición de personas cometida por
particulares, apremiada reiteradamente al país desde hace algún tiempo
por distintos mecanismos internacionales de protección a los derechos
humanos.
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