Los sindicatos cercanos al poder respingaron por una propuesta de reforma de justicia laboral planteada por el gobierno federal. Envueltos en la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores, los corporativistas en realidad abogan por la opacidad y por mantener los privilegios que les da el actual sistema. En contraparte, expertos y sindicalistas independientes consideran que el planteamiento puede traer beneficios a la fuerza productiva…
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Por primera vez en lo que va del sexenio, el sindicalismo “charro” –es decir, el sometido al poder en turno– se manifestó en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto que, por presiones internacionales derivadas de la adhesión de México al Acuerdo Transpacífico, propuso una nueva reforma de justicia laboral.
Sin embargo, su protesta no es para apoyar los derechos de los trabajadores, sino para no perder sus privilegios, particularmente los llamados “contratos de protección” (negociados a espaldas de los trabajadores), el “tripartismo” en los juicios laborales (que da mucho poder a los “sindicatos blancos” en las pugnas contractuales) y la existencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red de corrupción.
En contraparte, líderes de gremios no alineados y abogados de lo laboral celebran la iniciativa peñista –presentada la semana antepasada– porque implica ventajas para los trabajadores. Sólo lamentaron que se hiciera realidad por la presión de Estados Unidos y no por la larga exigencia de justicia de los trabajadores mexicanos.
El año pasado, Washington presionó al gobierno de México para que acabara con la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal (Proceso 2050). Así, durante 12 meses, la administración peñanietista preparó sigilosamente una nueva reforma laboral, como parte de la “iniciativa de justicia cotidiana”.
Estas modificaciones son necesarias para que México se ajuste a los criterios del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (conocido como TPP y recientemente firmado) y pueda ser parte de la zona de libre comercio más amplia del mundo, junto a otras 11 naciones.
El abogado laboralista Arturo Alcalde confirmó que contar con un sistema de justicia laboral sustentado en un árbitro imparcial, como se propone en la iniciativa que actualmente debate el Congreso, es un reclamo de la izquierda y de la sociedad civil desde hace muchos años.
Benjamín Davis, de la AFL-CIO, explica que la reforma puede paliar la diferencia salarial entre Estados Unidos y México: “Porque si uno ve las cifras, la brecha salarial no se ha cerrado. Si uno hace un comparativo, en 1974, en la industria manufacturera, un trabajador mexicano ganaba 15% de lo que obtenía un estadunidense, y en 2015, 16%”. Considera positiva esta propuesta, además, porque combate la contratación de protección.

Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y del sindicato de telefonistas, se dijo sorprendido “gratamente” por la propuesta de justicia laboral, porque retoma banderas enarboladas por la izquierda desde hace años: “La propuesta hace un nuevo diseño de la aplicación de la justicia laboral. Primero desaparece las Juntas de Conciliación y abre el espacio en el ámbito judicial para que sea ahí donde se diriman los conflictos laborales, lo que hace posible la aplicación del estado de derecho”.

La postura divergente
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso del Trabajo (CT) expresó su rechazo a la propuesta de justicia cotidiana.
La misiva, firmada por Abel Domínguez Rivero, presidente de la Comisión Ejecutiva del CT, solicitó el archivo de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Ahí defiende el tripartismo: “La parte tripartita, surgida entre trabajadores, organismos sindicales y cámaras empresariales, ha llevado a cabo una marcada paz laboral”.
Para el CT, el planteamiento de justicia laboral no mejora las condiciones de empleo de los trabajadores discapacitados ni protege los derechos de los niños o ancianos trabajadores: “Es totalmente falso (…) ya que aunque se indique que existe el desarrollo de su trabajo sin acto peligroso y seguro, es una gran mentira”. Critica también que en la propuesta se hable del diálogo entre los factores de producción.
Los cambios que se introdujeron en la justicia laboral, se asienta en el texto, son una falacia porque no han mejorado la estabilidad laboral de los empleados ni de los patrones “por las cargas impositivas que el propio gobierno está imponiendo”.
Los corporativistas afirman que con la propuesta peñista los trabajadores no tendrán acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores (ISSSTE), al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ni a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Cuestionan, finalmente, si el mandatario también pretende desaparecer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Por los privilegios
La propuesta trastoca muchos intereses creados por el sindicalismo “charro”, que sustenta su negocio en la red de influencias que tiene con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, afirma en entrevista Arturo Alcalde, abogado de lo laboral.
“Efectivamente, la propuesta trastoca muchos intereses creados. En primer lugar el charrismo tradicional, que controla la inmensa o casi la totalidad de las representaciones obreras que no son producto de la votación auténtica de los trabajadores. Y es lo mismo con el sector empresarial: los abogados dedicados a los contratos de protección se están movilizando para impedir este cambio”, agrega.
El especialista, paralelamente, reprocha la carta del CT, donde también se critica la corrupción del Poder Judicial. “¿Quién es más corrupto? O sea, ¿quién tira la primera piedra?”.
“Lo que el CT está planteando es que las juntas dependan del Poder Ejecutivo en un esquema de falso tripartismo, que tiene su origen en el corporativismo, en el fascismo italiano del control de los factores de la producción. Esto no sólo perjudica a los trabajadores, sino también a las empresas”, abunda.
Alcalde lamenta que se haya propuesto que la Constitución de la Ciudad de México mantenga las Juntas de Conciliación con el esquema tripartita, y que sean “órganos autónomos constitucionales, lo cual significaría fortalecer el corporativismo”.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, “me alegaba problemas de presupuesto. No niego que pueda haber problemas de presupuesto, pero eso es otro asunto. Al final, que él entienda que para aplicar el estado de derecho las juntas deben desaparecer”.
La cuestión laboral en la Ciudad de México, agrega, debe revisarse porque es preocupante que todos los sindicatos del gobierno central están afiliados a la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), que es priista.
El abogado laboral Alfonso Bouzas está de acuerdo con lo anterior: “Las juntas son un lastre para los trabajadores, pues crean jueces de lo laboral, crean una nueva carrera profesional y un instituto de registro de sindicatos, entre otros puntos.
“Cuando menos se abre la posibilidad de darle un golpe al corporativismo sindical, a los sindicatos de a mentiritas, entre otros puntos”, indicó en entrevista.
Las propuestas
La iniciativa peñanietista propone evitar los mecanismos dilatorios tan frecuentes en las querellas laborales, incorporarlas a un sistema de juicios orales y modificar los requerimientos y plazos de cumplimiento de los amparos indirectos.
Los emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo, además, sólo tendrán validez “si se constata la voluntad de los trabajadores de pertenecer a un sindicato y suscribir un contrato colectivo”. También busca “prever mecanismos de consulta previa a los trabajadores en emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo (y) establecer la noción de legitimidad y representatividad para contar con sindicatos auténticos en las empresas”.
Otro punto se refiere a cambiar el estatus de los servidores de las juntas para que sean considerados trabajadores de confianza, así como que se incluya un Fondo para la Mejora de Justicia Cotidiana Laboral Federal en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y un órgano auditor para mejorar la administración de las juntas.