Por Federico Larsen
Chile reintrodujo la prohibición total del aborto con la reforma
constitucional de 1989, antes permitía el aborto terapéutico en el
Código de Salud desde 1931. Nicaragua permitía el aborto desde 1893,
pero a partir de la presión de la Iglesia Católica, en 2007 el gobierno
aprobó la Ley N° 641 que modifica el Código Penal.
América Latina es el territorio en el
que las confrontaciones sociales con respecto a cambios legislativos
sobre la interrupción del embarazo son más fuertes. Y no es para menos.
La región concentra la mayor cantidad de legislaciones punitivas del
mundo.
Sólo el 1% de la población mundial vive
en países en los cuales el aborto está prohibido en todas las
circunstancias y todos, salvo Malta y la Santa Sede, están en América
Latina. Se trata de República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Chile. Este último se encuentra en pleno debate para la
aprobación de una ley que permita la realización del aborto por tres
causales: inviabilidad del feto, riesgo para la vida de la madre y
violación. El anteproyecto, aprobado ya en el Senado y en comisión
legislativa, espera ser debatido por los diputados, aunque los partidos
conservadores intentan dilatar el debate para evitar la sanción
definitiva.
Chile reintrodujo la prohibición total
del aborto con la reforma constitucional de 1989, en la postrimería de
la dictadura pinochetista por iniciativa del almirante José Toribio
Merino. El Estado chileno permitía en realidad el aborto terapéutico en
el Código de Salud desde 1931.
No fue el único país latinoamericano
que, en lugar de avanzar progresivamente hacia la legalización, como han
hecho otros sistemas jurídicos en el mundo, retrocedió hasta la
prohibición total en los últimos años. De hecho, parece ser una
constante en las legislaciones de la región.
Nicaragua permitía el aborto desde 1893,
pero a partir de la presión de la Iglesia Católica, en 2007 el gobierno
aprobó la Ley N° 641 que modifica el Código Penal y prevé penas de
hasta dos años de prisión para la mujer que se practique un aborto y de
hasta diez para el personal de la salud que la realice. El Salvador
también modificó en 2007 su legislación y República Dominicana en 2009,
para prohibir el aborto en todas las circunstancias. En 1999, una
campaña masiva liderada por la Iglesia Católica salvadoreña, logró la
aprobación de una reforma constitucional en la que se reconoce como
persona al óvulo fecundado desde el momento de la concepción e introdujo
la tipificación penal de “lesiones en el no nacido”.
Los casos de El Salvador y Nicaragua son
particularmente llamativos al tratarse de países con gobiernos de
izquierda, surgidos de la lucha insurgente de los años 80 y 90. No sólo
estos gobiernos no han incorporado el aborto legal, sino que adoptaron
en su corpus jurídico preceptos ligados a la doctrina católica para
cercenar los derechos de las mujeres.
La influencia de la Iglesia en la
elaboración de la legislación sobre el aborto en América Latina es
innegable. Hasta se convirtió en un enorme problema en Chile, donde la
institución jugó un papel muy importante en la defensa de los derechos
humanos en los últimos años del pinochetismo, poniendo a los movimientos
feministas en apuros a la hora de denunciar su intromisión en temas
reproductivos y de salud. Durante la IV Cumbre Iberoamericana de
Cartagena en 1994, el ex presidente argentino, Carlos Menem, propuso a
sus pares latinoamericanos firmar una condena al aborto bajo propuesta
de la Iglesia. Al no lograr su objetivo, Menem instauró el Día del No
Nacido, el 25 de diciembre, reconocido oficialmente por Argentina, Costa
Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.
El resultado de esta política
restrictiva en nuestro continente es una tasa de muertes por abortos
inseguros de las más elevadas del mundo. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en América Latina se producen 4,4 millones de abortos
al año, de los cuales el 95% son inseguros. El riesgo de muerte por
abortos clandestinos en Latinoamérica es de 370 por cada 100 mil casos,
mientras que en el resto de los países en desarrollo es de 220.
En esto la OMS es muy clara: el
principal obstáculo para reducir las muertes de mujeres por abortos
inseguros son las leyes punitivas. Actualmente, el 60% de la población
mundial no tiene acceso al aborto por la sola decisión de la mujer.
Según la organización, donde se
concentra la mayor cantidad de países que permiten el aborto en todas
las circunstancias (Europa Occidental), se produce la menor cantidad de
interrupciones voluntarias del embarazo. El 58% de los abortos
registrados en el mundo en 2008, se produjeron en países donde éste no
está totalmente permitido. Los casos de Holanda y Uruguay son
particularmente llamativos en este sentido. En los Países Bajos el
aborto se puede practicar desde la concepción hasta la viabilidad del
feto (aproximadamente, hasta las 24 semanas, de los periodos más
extensos del mundo) y exhibe la tasa de abortos más baja de la Unión
Europea. En Uruguay, tras la aprobación de la despenalización, los
abortos registrados bajaron de 33 mil al año a poco más de 8 mil según
datos del Ministerio de Salud Pública de ese país. Sin embargo, las
mujeres deben someterse a sendos exámenes psicológicos y tres días de
reflexión obligatoria antes de acceder al derecho a abortar.
La enorme mayoría de los países del
continente, permiten el aborto sólo en casos especiales. La mayoría,
sólo si la vida de la madre corre riesgo (Costa Rica, Perú, Venezuela,
Paraguay, Haití, Guatemala, Granada, Dominica, Bahamas, Antigua y
Barbuda y Suriname). Otros incluyen la viabilidad del feto y/o en caso
de violación y/o la salud física y mental de la mujer. Pero sólo Cuba
(desde 1965), Guyana (desde 1995) y Uruguay (desde 2012) lo permiten por
la simple voluntad expresa de la mujer. Un caso excepcional es el de la
Ciudad de México, donde desde 2007 el aborto es permitido en cualquier
supuesto, dentro de las primeras doce semanas del embarazo; mientras que
en todos los demás estados mexicanos está regulado, de forma
heterogénea, en base a sus causales.
Sin siquiera ahondar en cuestiones
culturales, y remitiéndonos exclusivamente a los datos estadísticos
elaborados por gobiernos y organizaciones internacionales, es muy fácil
sostener que América Latina está claramente atrasada en sus
legislaciones sobre el aborto con respecto al resto del mundo. Los
cuerpos jurídicos no son otra cosa que representaciones que, luchas
mediante, cristalizan una visión de los géneros y los roles socialmente
construidos en una estructura normativa. Leyes que hoy hasta contradicen
claramente el estándar internacional condenando a millones de mujeres
-en su mayoría jóvenes y pobres- a la maternidad obligatoria o a los
riesgos de un aborto clandestino.
Federico Larsen – @larsenfede
