En 24 estados del país hay militares movilizados en tareas de seguridad pública; desde 2013 la Sedena pidió un marco jurídico que delimite la función del Ejército, pero la reforma sigue siendo una tarea pendiente.
Militares
Esto sucede a pesar de que no existe un marco jurídico que regule la
actuación del Ejército en tareas de prevención e investigación de los
delitos, como lo reconoce la propia Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
“No nos gusta, no estamos cómodos y no estudiamos para ello”, dijo el secretario
de la Defensa nacional Salvador Cienfuegos a finales del 2015, cuando
ratificó que el Ejército seguiría apoyando a las policías en las calles,
pese a la falta de un marco jurídico.
El
despliegue militar en tareas de seguridad pública fue una medida
temporal implementada por la administración de Felipe Calderón, en el
marco de la “guerra” contra el narco, que a su vez fue heredada por el
presidente Enrique Peña Nieto quien determinó mantener al Ejército en
las calles mientras se fortalecían a las policías estatales.
Las diferencias entre Calderón y Peña
En
2012, último año del sexenio de Felipe Calderón, la Sedena reportó que
tenía desplegadas 75 bases de operaciones mixtas en el país.
Se
trata de bases fijas o móviles en donde se destina a soldados
específicamente en tareas de seguridad pública en coordinación con
policías locales; en ese año eran mil 680 los militares asignados de
fijo en estas tareas, con el apoyo de 160 vehículos.
En el actual sexenio esa cantidad ha ido creciendo casi de forma sostenida. En 2016 ya suman 142 las bases mixtas con tres mil 386 soldados asignados de fijo en tareas de combate a la delincuencia, con el apoyo de 368 vehículos; es un crecimiento del 100 % del despliegue militar permanente.
A
esto hay que sumar los operativos específicos que el Ejército Mexicano
despliega por situaciones coyunturales en zonas violentas del país y que
de acuerdo con datos del Informe de Labores 2016 de Sedena fueron 14;
en este caso la Sedena no informa el número de elementos desplegados por
razones de seguridad.
En 24 estados hay militares patrullando
En
el arranque del presente sexenio el Ejército tenía desplegadas bases de
operaciones para apoyar las tareas de seguridad pública en 19 estados;
para 2016 esta presencia militar se ha extendido a 24 entidades, el
equivalente al 75 %de cobertura en el país.
Guerrero es la entidad
con el mayor número de bases de operaciones mixtas con 28 en total, y
le sigue el estado de México con 24; estos dos estados concentran el 36 %
de todas las bases militares desplegadas.
Luego se ubica Oaxaca
con 12 bases operativas; Puebla con 11; Tabasco con 8; Sonora con 7;
Veracruz y Colima con 5 bases cada uno; Michoacán, Quintana Roo, Chiapas
y Yucatán con 4 respectivamente; Hidalgo, Coahuila y Baja California
con 3.
En la Ciudad de México y en San Luis Potosí la Sedena
reporta la operación de dos bases mixtas; Tamaulipas, Tlaxcala, Jalisco,
Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas están en la lista con una base
operativa cada una.
De acuerdo con la Sedena, el despliegue de
estas Bases de Operaciones Mixtas es “atender la problemática delictiva
en zonas de alto riesgo, las cuales presentan problemática de
inseguridad pública, mediante las cuales se realizan operaciones de
vigilancia móvil y/o estacionaria”.
Resultados a la baja
El incremento de los militares en las calles del país no ha significado una mejoría de la seguridad, según muestran los resultados de la Sedena en este último año de operaciones.
Entre
septiembre de 2011 y agosto de 2012, los militares adscritos a las
bases operativas consiguieron la detención de 426 presuntos
delincuentes; cumplieron seis órdenes de aprehensión; aseguraron 381
vehículos, y se logró el decomiso de 631 armas de fuego y 20 granadas.
Entre
septiembre de 2015 y agosto de 2016, estos resultados descendieron poco
más del 50 %: los detenidos sumaron 175; se cumplimentaron tres órdenes
de aprehensión; los vehículos asegurados bajaron a 162, las armas
decomisadas cayeron a solo 109, y el número de granadas descubiertas fue
de 6.
Marco legal inexistente
Los
militares intervienen en tareas de vigilancia en las calles, acciones
preventivas y de disuasión. Incluso cumplen órdenes de cateos y de
aprehensión; todo esto sin que haya una ley que regule los alcances de su intervención.
Desde
el 2013 el secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador
Cienfuegos insistió al poder legislativo en la necesidad de contar con
reformas que permitan la construcción de un marco jurídico
que brinde atribuciones de investigación y combate al delito a los
militares, además de delimitar su actuación; tres años después esto no
se ha materializado.
En octubre de 2015, la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso reconoció que el Poder Legislativo ha sido “omiso”
en construir este sistema jurídico para el Ejército y prometió trabajar
con asesores y especialistas en el tema. Nada de eso se ha concretado.
A finales del año pasado, el General Cienfuegos subrayó que el Ejército continuaría en las calles realizando tareas de seguridad pública ya que si bien era una medida temporal desde años atrás, no “se había alcanzado la reconfiguración” necesaria en los cuerpos policiales.
En
junio del 2010, el entonces presidente Felipe Calderón propuso la
reforma para la creación de 32 policías únicas como una alternativa para
fortalecer los cuerpos de policías; en 2014 el presidente Peña Nieto
volvió a proponer una reforma en este sentido con el objetivo de tener
cuerpos policiales capaces de enfrentar a la delincuencia; en seis años
tampoco se ha concretado este tema.
Abusos y ataques
La presencia del Ejército Mexicano en labores de seguridad ha derivado en diversos incidentes durante los últimos años.
Se
han registrado situaciones de abusos de derechos humanos como por
ejemplo el caos Tlatlaya, donde según la Recomendación 51/2014 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos hubo 15 civiles ejecutados extrajudicialmente por militares que hacían un patrullaje de vigilancia.
Pero también los militares han padecido los golpes de la delincuencia. Apenas el pasado 30 de septiembre cuatro soldados murieron y diez más resultaron heridos
tras ser atacados por un comando armado cuando apoyaban en el traslado
de una persona herida; el 1 de mayo de 2015 un helicóptero de la Fuerza
Aérea fue derribado por el Cártel de Jalisco dejando una decena de muertos, entre ellos cinco militares.
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