10/06/2016

Los periodistas pal café. . . .



Casi siempre beneficiada política y administrativamente de las coyunturas que con frecuencia le han sido adversas, aunque esos beneficios hayan sido menores en relación con el objetivo originalmente buscado, Josefina Vázquez Mota ha sido pillada en una maniobra poco decorosa: desde mayo de 2015, la panista ha visto fluir alrededor de 900 millones de pesos del erario federal hacia agrupaciones dedicadas a diversas formas de ayuda a migrantes mexicanos en Estados Unidos, de las que ella es la estrella política y la gestora eficaz.
Vázquez Mota es la presidenta honoraria del programa denominado Juntos Podemos y, con ese carácter y con esa estructura, ha potenciado la vocación de apoyo a los paisanos en el vecino país del norte, vocación que sería altamente plausible si se financiara con dinero que no proviniera de arreglos opacos con presuntos adversarios políticos anteriores. En estricto sentido legal, el dinero aportado por el gobierno de Peña Nieto ha llegado a las cuentas de AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc. Según lo publicado por Salvador Camarena en su columna de El Financiero, atrás de ambos está la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), que opera en Estados Unidos desde hace décadas. Ellos son quienes tienen registrada la marca de Juntos Podemos (https://goo.gl/JHJmpX).
El peculiar apoyo de la Hacienda federal (dirigida entonces por Luis Videgaray Caso) hacia quien fue candidata panista en 2012 contra el priísta Enrique Peña Nieto contrasta con las restricciones a los órganos específicos de la administración federal que deberían cumplir de manera natural con los mismos propósitos ejercidos por la antes opositora y ahora aliada, Vázquez Mota. En 2015, según la indagación realizada por Camarena y Dulce González para la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió la quinta parte de dinero que las agrupaciones josefinistas (https://goo.gl/ysllJD). El caso recuerda las cesiones económicas de gobiernos federal y estatales a los centros privados denominados Teletón, que así han ejercido fondos públicos que han sido sustraídos al volumen de recursos que esos gobiernos deberían aplicar a sus propias instituciones de salud, todo en el contexto de procesos de politiquería en que gobernantes que saludan con dinero ajeno buscan quedar bien con directivos televisivos que luego retribuyen en pantalla los favores recibidos.
Los entendimientos entre Peña Nieto y Vázquez Mota tienen especial relevancia porque apuntalan la extendida percepción de que en 2012 hubo maniobras concertadas para que el PAN cediera el paso al PRI en la búsqueda de Los Pinos. Vicente Fox Quesada negó apoyo a Vázquez Mota y lo hizo explícito en favor del mexiquense, y Felipe Calderón Hinojosa fue constantemente acusado de maniobrar para que la campaña de la panista fuese irrelevante, a tal grado que el reportero de Proceso Álvaro Delgado recogió testimonios e indicios que publicó en un libro titulado El amasiato, en el que se habla de los presuntos arreglos secretos para que triunfara el priísta mexiquense en 2012, a cambio de facilitar el retorno del calderonismo en 2018 por la vía conyugal.
La revelación de las triangulaciones con Vázquez Mota como punto de referencia (https://goo.gl/3cLiwe) se han producido cuando el Partido Acción Nacional avanza en la definición de la candidatura al gobierno del estado de México. A la ex candidata presidencial se le ha mencionado como la carta más conocida y probable, en un proceso que pretende agregar al Partido de la Revolución Democrática a una alianza electoral que pondría en peligro la hegemonía del PRI en la entidad natal del actual ocupante de Los Pinos. La confirmación de las versiones sobre el apoyo económico de la administración peñista a Vázquez Mota poco le ayudarán a consolidar esa eventual candidatura. Debilitar la opción josefinista podría permitir a Peña Nieto maniobrar con menos presión e incluso explorar las posibilidades de una postulación priísta con cercanía familiar.
El trabajo periodístico presentado por Camarena y González tiene como marco de referencia la asociación civil antes mencionada, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presidida por Claudio X González Guajardo, quien también es cofundador y presidente de Mexicanos Primero, la agrupación que ha tenido un papel relevante en favor de la reforma educativa y en contra de los profesores que se oponen a ella. Hijo del muy influyente empresario de los mismos nombres y primer apellido, González Guajardo fue presidente de la Fundación Televisa.
En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que se define como asociación exenta de ánimo de lucro, está como presidenta ejecutiva y al mismo tiempo directora ejecutiva de investigación aplicada, la politóloga y comentarista Amparo Casar. En el área de investigación periodística está como director general el columnista Salvador Camarena y como jefe de información Daniel Lizárraga, coautor de la investigación de la Casa Blanca para el equipo encabezado por Carmen Aristegui. El director general de comunicación es Darío Ramírez, quien fue durante 10 años director de la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, la organización independiente que busca promover y proteger el derecho a la libertad de expresión (https://goo.gl/TrjG0e).
En el país de las inauguraciones al vapor y las obras de relumbrón, ayer mismo, en su primer día de actividades ya sin autoridades a bordo, el Mexicable, o Teleférico Eruviel, tuvo sus primeros problemas técnicos, que fueron resueltos a la mexicana, como puede verse en el video puesto en Twitter por @ellenreina: https://goo.gl/bRtdHR . Y, mientras Peña Nieto visita, para ser equitativo, a los familiares de otros mexicanos caídos en agresiones del crimen organizado, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx



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Tiene algunas cosillas que explicar Josefina Vázquez Mota, la panista que aspiró a la Presidencia de la República en las elecciones pasadas y ahora es mencionada como probable candidata al gobierno del estado de México. Apenas el pasado 23 de septiembre, en una entrevista con nuestra compañera Georgina Saldierna, ante las acusaciones relacionadas con manejos poco transparentes de recursos públicos que llegan a la iniciativa Juntos Podemos, que preside de manera honoraria, aseguró que ni ella ni esa organización reciben dinero del erario, y atribuyó tales señalamientos a que hay una confusión o se carece de información sobre lo que realmente sucede. Sin embargo, un reporte de la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que Juntos Podemos ha recibido del gobierno federal alrededor de 900 millones de pesos. El director ejecutivo, Jorge Santibáñez, admitió, según el reporte, que recibieron 25 millones de dólares en 2015 y la Secretaría de Relaciones Exteriores habría transferido 468 millones a lo largo de este año. No solamente será necesario que Josefina demuestre que no ha recibido un centavo; también será preciso que Juntos Podemos informe cómo ha invertido 900 millones de pesos. Un dato no superfluo: Josefina fue la primera candidata en avalar el triunfo electoral de Enrique Peña Nieto, a pesar de las irregularidades que se denunciaron antes y después del proceso. El mismo 2 de julio de 2012, en la sede del PAN de la colonia Del Valle, ante su equipo de campaña, Josefina dijo que respetaba los resultados del entonces IFE y afirmó: ‘‘Reconozco que las tendencias no me favorecen’’. La gente la vitoreó ‘‘Josefina, Josefina… tu historia no termina’’. En efecto, no ha terminado, hay una historia de 900 millones de pesos que amerita ser contada.
La fábrica de ninis
El resultado del despilfarro de los recursos públicos son las lacerantes necesidades insatisfechas. México ocupa el quinto lugar mundial en el número de ninis (jóvenes entre 15 y 29 años de edad que ni trabajan ni estudian). ¿Cuántos pudieron ser rescatados abriéndoles oportunidades de llevar una vida productiva con 900 millones de pesos? De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debido a la crisis económica ha crecido su número. ¿De cuántos estamos hablando? En 2015 el número total de ninis en los países miembros de la OCDE llegó a 40 millones. La pobreza ha convertido a México en una gigantesca fábrica de ninis. Según el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), hay 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años; 22.1 por ciento de éstos serían 6.8 millones de ninis, de los cuales 50.3 por ciento son mujeres y 49.7 hombres.
Murakami, a ver si ahora sí
Desde 1901, el Nobel de Literatura es entregado por la Svenska Akademien (Academia Sueca). Sus 18 miembros se reúnen en Estocolmo para reconocer al escritor ‘‘que haya producido la obra literaria más notable en el sentido del idealismo’’, voluntad de Alfred Nobel redactada en su testamento. Este 13 de octubre se anunciará al ganador y las quinielas en torno a quién tomará el relevo de la más reciente galardonada, la ucraniana Svetlana Aleksiévich, han sido desplegadas por la empresa de apuestas Ladbrokes, la cual perfila una supuesta lista de posibles favoritos al premio Nobel de Literatura 2016: Haruki Murakami (paga 5 a 1), escritor japonés muy conocido en México, ya tiene varios años en la lista de los ‘‘probables’’. El keniata Ngugi wa Thiong’o (10 a 1). El estadunidense Philip Roth (8 a 1), escritor cuya obra explora la adaptación de los judíos en Estados Unidos. No figura ningún mexicano entre los favoritos. La academia sueca nos quedó a deber un Nobel para Carlos Fuentes.


Nunca pierden la sonrisa ni la compostura, pero los good fellows del Fondo Monetario Internacional se muestran nerviosos ante el cada día más delicado problema de la deuda del gobierno mexicano, el cual se desarrolla entre nuevos cuan voluminosos créditos, devaluación del peso, alza en las tasas de interés y el zarandeo de los mercados internacionales que sería pasajero (Videgaray dixit).
Que en materia de deuda pública todo está bajo control, repiten en la Secretaría de Hacienda, pero todo indica que nadie les cree, comenzando por sus nerviosos amigos fondomonetaristas que de tiempo atrás encendieron los focos amarillos (es preocupante el aumento observado en el endeudamiento de México, advirtieron desde comienzos del año) y que con el correr de las semanas han adquirido tonalidades color naranja.

Desde la presentación del paquete económico para 2015 (hecho registrado en septiembre de 2014), cuando menos, Luis Videgaray prometió y prometió que no endeudaría más al país, pero más tardó en decirlo que el débito en mantener su camino a las nubes, con el resultado por todos conocido y padecido. Sin lugar a dudas, el ministro del (d) año heredó una bomba de tiempo a José Antonio Meade, personaje que sólo atina a decir que todo está bajo control.
Sin embargo, ya se escucha el aleteo de los zopilotes fondomonetaristas y sus recomendaciones para que México reduzca su elevado nivel de endeudamiento y, para ello, apremia a la creación de un consejo fiscal independiente que certifique que va en serio la promesa gubernamental de reducir la deuda y evite contratar más para pagar… deuda.
Ayer, el siempre políticamente correcto director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Víctor Gaspar, celebró que el gobierno peñanietista está tomando las medidas necesarias para reducir la deuda, pero al mismo tiempo recomendó la urgente creación del citado consejo, porque a través de él podría beneficiarse al tener un vínculo más estrecho entre las metas de deuda y los objetivos planteados. En pocas palabras, se trata de que sea real la reducción gradual del déficit fiscal y el control del endeudamiento.
Para el vertiginoso avance de la deuda pública mexicana (3.4 billones de pesos más en apenas cuatro años) Luis Videgaray contó con la complicidad del Congreso, y esa es la apuesta de José Antonio Meade, aunque éste, a diferencia de su antecesor en Hacienda, ahora tiene encima a los zopilotes del FMI y de las calificadoras internacionales.
Como en este espacio se ha comentado, tanto Enrique Peña Nieto como, en su momento, Luis Videgaray, prometieron que en 2016 no se endeudará más al país. Lo prometieron desde el comienzo de 2015, lo reiteraron tanto en el tercer Informe de gobierno como en la presentación del respectivo paquete económico… y en los hechos el saldo del débito no dejó de crecer.
Las cifras más recientes del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) dan cuenta de lo anterior: de enero a agosto de 2016 (es decir, el año en el que Peña Nieto y Videgaray prometieron no endeudar más al país) el saldo de la deuda interna neta del sector público federal creció en 593 mil 643 millones de pesos, equivalentes a un aumento de 3.1 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).
La información utilizada por el CEFP se basa en la estadística de la propia Secretaría de Hacienda, misma que da cuenta de que entre enero y agosto de 2016 la deuda externa se incrementó en alrededor de 15 mil millones de dólares, todos ellos pagaderos con devaluados pesos.
Nada mal para quienes prometieron no endeudar más al país. Lástima que a partir del 7 de septiembre Videgaray se fue a su casa de Malinalco, en cuyo muro principal colocó un enorme cuan colorido poster de Donald Trump como símbolo de sus aciertos, pero a los mexicanos dejó un saldo de deuda pública cercano a 9 billones de pesos.



En los próximos meses se debatirán en la Legislatura local las reformas constitucionales y legales necesarias para el aterrizaje local del Sistema Nacional Anticorrupción. La primera observación necesaria es que sería muy lamentable que las comisiones legislativas trabajen en las penumbras de sus oficinas sin reconocer que el tema exige la máxima publicidad. La segunda es la obviedad de que ninguna ley para combatir la corrupción sirve si no se aplica. El problema se llama impunidad, que en México es de 99 por ciento de los delitos que se cometen. Para iniciar el proceso se requiere un compromiso expreso y renovado de todas las autoridades que aplicarán la ley.
Por otra parte, los representantes populares locales deben asumir en serio que las medidas punitivas para combatir la corrupción funcionarán siempre que tengan en cuenta el contexto institucional en que se aplican.



Bueno, nos siguen matando. Cinco muertos –dos de ellos, estudiantes normalistas de Ayotzinapa–, durante un asalto a un transporte colectivo en la carretera que va de Chilpancingo a Tixtla, en una región en la que, todo mundo sabe, las organizaciones delictivas están alineadas con los partidos políticos que detentan el poder en ambos municipios. Una muchachita desaparecida en el estado de México y hallada unos días después, muerta. Un sacerdote de Michoacán. Cinco soldados del Ejército Mexicano emboscados en plena capital de Sinaloa. Una trabajadora sexual que se ganaba el pan en Puente de Alvarado, atacada a balazos por un cliente a bordo de un vehículo, a la vista de todo mundo, un agente del Ministerio Público que hizo su trabajo sabrá Dios cómo, un juez que dejó libre por falta de pruebas a un asesino capturado in flagranti y la sospecha indeclinable de que los mecanismos de justicia están tan manchados de transfobia como el propio criminal. Una ejecutiva española secuestrada y asesinada en el trayecto de Santa Fe a Polanco y una fotógrafa canadiense que viajaba por Yucatán. Cuatro migrantes centroamericanos asfixiados en un camión de carga.



Al asistir a la firma de unas bases de colaboración para reforzar la supervisión del autotransporte de carga entre las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes (SCT), el titular de la primera, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que están sucediendo hechos que lastiman a las familias mexicanas en la pérdida de vidas, en referencia al alto número de accidentes carreteros, muchos de ellos mortales, en los que se ven involucrados transportes de carga. Y en efecto, casi no hay semana en la que no ocurran uno o más sucesos desastrosos en los caminos de todas las categorías del territorio nacional –volcaduras, alcances entre vehículos, carambolas y derrames de sustancias peligrosas–, que no sólo se cobran una exasperante cuota de muerte, sino que provocan afectaciones económicas de consideración, tanto por la destrucción material de automotores y de cargamentos como por las interrupciones en el tránsito carretero.

El Correo Ilustrado
Duele la inseguridad en Guerrero
Deploramos la muerte de los pasajeros de una unidad de transporte público en Guerrero, en la cual viajaban dos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

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El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Mineros, en el segundo congreso de IndustriALL Global Union, que se realiza en Río de Janeiro

A diario la prensa publica opiniones de observadores y comentaristas de la política que proponen alguna reforma para superar el aparente estancamiento de nuestra democracia, o resolver los problemas que plantea la competencia entre fuerzas políticas diversas, partidos y organizaciones prepartidistas. Unos proponen eliminar la representación proporcional, otros promueven la segunda vuelta electoral; hay quien habla de limitar el número de partidos o el de diputados y senadores. En fin, que cuando la imaginación se suelta no hay límites a la creatividad de políticos relajados. Sin embargo, hasta ahora nadie ha propuesto la creación de la vicepresidencia; al menos ninguna he visto.

El perfeccionamiento del sistema de justicia electoral ha incorporado reglas para que las y los jueces contribuyan con sus sentencias a la construcción de la democracia, la legalidad y la legitimidad que la sociedad reclama.

Los cuatro meses de paro nacional de labores que encabezó la CNTE pusieron en jaque al gobierno mexicano, al sistema educativo y al proceso vertebral de su reforma: la evaluación. No obstante, no hay un termómetro que se haya hecho público para medir el descontento magisterial. Sin embargo, que no se haya hecho público no significa que no exista; por supuesto, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) guarda para sus propias reservas cifras que alertaron al Estado mexicano de un levantamiento popular de amplias dimensiones alentado por la coordinadora, que contó con el consenso de la sociedad.

Si, como buen número de analistas del mercado petrolero internacional, se piensa que la última ratio del cártel es el control de la oferta, como herramienta para manejar la formación de los precios, habría que convenir que la OPEP, si no ya fenecida, apenas hibernaba. Desde 2008 –año que parece tan distante en el tiempo como extendido, casi interminable, ha parecido el lapso de estancamiento secular en que desembocó la crisis financiera de aquel año– no se atrevía a convenir en una acción colectiva para limitar el volumen de crudo lanzado a los mercados, a pesar de la evidencia de que esa oferta era excesiva y contribuyó, primero, al deterioro imparable de las cotizaciones y, tras año y medio angustioso, a un remedo de recuperación inestable, reticente, débil e insuficiente, a lo largo de 2016. Ahora, tras más de dos años de estrategia saudita, la OPEP vuelve por sus fueros o anuncia estar dispuesta a hacerlo antes de fin de año. El anuncio de Argel se recibió con los fastos y las inquietudes que suelen acompañar las resurrecciones.

El nuevo secretario de Hacienda ha tranquilizado a la nación. Declaró que tiene la convicción de que vamos bien. No hace falta argumentar mucho para demostrar que vamos mal. Cada vez que los especialistas opinan sobre la marcha de la economía corrigen a la baja su previsión anterior. El FMI apenas ayer redujo su previsión de crecimiento para este año a 2.1 por ciento. El gobierno argumenta que todo se debe al desfavorable entorno externo que, además, se sigue deteriorando. Para ellos su responsabilidad es responderle al mercado, actuando precisamente como los grupos empresariales, porque eso es el mercado, esperaban.

Hace años no lloraba yo, digo, con lágrimas de verdad. Y la noticia del no me las arrancó, con la carga que conlleva de angustia, de incertidumbre, y también de furia, ante la comprobación del arrastre que siguen teniendo en el país personajes tan burdos y violentos como Álvaro Uribe, con su incitación al odio y su cantinela revenida del anticomunismo y el antichavismo.

Contra todo pronóstico, el no se impuso en el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia. Pero fue por un pelo y con 63 por ciento de abstención. La diferencia entre las dos opciones no llega a 54 mil votos. Estadísticamente, un empate técnico. De modo que no es rigurosa la afirmación de que Colombia votó por la guerra. No caigamos en las trampas del sentido común democrático impuesto por las clases dominantes y su maquinaria propagandística.

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