Ricardo A. Lagunes Gasca*
La Jornada
El 1º de septiembre de
2014 Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un megaproyecto de
infraestructura transexenal denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAICM). Precisó que la obra se llevaría a cabo en
un polígono perteneciente a la Federación, ubicado en el ex vaso del
lago de Texcoco, y que no se afectarían tierras ejidales de las
poblaciones ubicadas en los municipios de Atenco y Texcoco, como
hicieran los decretos expropiatorios emitidos por Vicente Fox en 2001.
El 20 de septiembre de 2014 el ex vaso del lago de Texcoco pasó de la
custodia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –cuyo resguardo
tenía como finalidad la regulación hidráulica y ecológica– a la de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La cesión se hizo
pensando en la edificación del megaproyecto aeroportuario y otros planes
alternos de desarrollo inmobiliario.
La aclaración inicial de que el aeropuerto no afectaría terrenos
ejidales de los pueblos originarios vecinos es una mentira que se ha
repetido constantemente. Los decretos de 1971 y 1982 que delimitan el ex
vaso del lago de Texcoco indudablemente afectan tierras ejidales de San
Salvador Atenco, Nexquipayac y Tocuila, entre otros núcleos agrarios.
Esto ha sido verificado con peritajes en topografía realizados en uno de
los juicios de amparo interpuesto por ejidatarios de San Salvador
Atenco, así como por la reciente incursión de militares y el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en terrenos de Atenco, para
el levantamiento de la barda perimetral del NAICM.
Antes del anuncio presidencial, en los pueblos aledaños a la zona del
megaproyecto se aceleró la compra ilegal de tierras ejidales. Los
opositores a la venta ilícita de predios han sido amenazados con que sus
parcelas quedarán encerradas y que en caso de cambiar de opinión
no recibirán ni un peso a cambio de sus tierras. En los pueblos, los principales operadores del megaproyecto han sido los comisariados ejidales, quienes han negociado su ascenso político y económico para generar las condiciones que faciliten el despojo, en un ambiente de violencia y división comunitaria.
Un ejemplo de lo anterior es la asamblea ejidal del 1º de junio de
2014, convocada por Andrés Ruiz Méndez, presidente del comisariado
ejidal de San Salvador Atenco, quien además funge de presidente
municipal de Atenco, cargo recientemente obtenido por medio del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Dicha asamblea se realizó a efecto
de adoptar el dominio pleno (privatización) de más de 500 hectáreas
contiguas a la zona de construcción del proyecto aeroportuario. Esa
asamblea aprobó ilegalmente, en menos de tres horas, la adopción del
dominio pleno, aunque esa decisión no ha quedado firme al haber sido
impugnada ante el Tribunal Unitario Agrario del distrito 23 en Texcoco,
con el número de juicio agrario 400/2014.
Similares métodos ilegales de apropiación de la tierra se han
puesto en práctica en los pueblos de Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac,
Tocuila y Acuexcomac, entre otros. La imposición del megaproyecto
representa graves violaciones a los derechos de los pueblos originarios
de la región, ubicados principalmente en los municipios de Texcoco y
Atenco, ya que nunca fueron consultados, y tampoco informados, sobre los
impactos significativos en los ámbitos social y ambiental.
Los daños trascenderán los municipios de Atenco y Texcoco,
vulnerándose los derechos a un ambiente sano, a la salud y el acceso al
agua de la población que se beneficia por la existencia del vaso del
lago de Texcoco, al ser una zona de regulación hidráulica e hidrológica,
que evita inundaciones a mayor escala y suministra el vital líquido,
además de ser un sitio de gran importancia internacional en diversidad
de flora y fauna. Especialistas en biología como el doctor Luis Zambrano
y Fernando Córdova, miembros de la Unión de Científicos Comprometidos
con la Sociedad (UCCS), así como el equipo de expertos en materia de
antropología, coordinado por el maestro Itzam Pineda Rebolledo,
catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, han dado
cuenta de lo anterior en diversos foros públicos en los que han
participado y en los peritajes presentados en diversos juicios.
Hasta el momento, las acciones legales emprendidas por los pobladores
y ejidatarios de las comunidades afectadas directamente por el
megaproyecto no han logrado detener los trabajos de construcción del
NAICM y sus proyectos complementarios. Ejidatarios de Tocuila obtuvieron
una suspensión definitiva para la construcción de la autopista
Pirámides-Texcoco, la cual no ha sido respetada por la empresa
constructora y las autoridades incluso han agredido físicamente a los
ejidatarios que tenían un campamento para resguardar sus tierras.
En este contexto, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no ha sido
una institución eficaz para contener el abuso de poder y la corrupción
que está moviendo los hilos del proyecto del NAICM. En los casos de alto
impacto y trascendencia social, los órganos jurisdiccionales no
protegen los derechos de la población y se constituyen como un muro de
contención de la inconformidad social.
Para detener este gran despojo y ecocidio se requiere la convergencia
eficaz y contundente de un amplio sector de la sociedad, así como de
las fuerzas sociales y políticas que busquen un respeto real a los
derechos humanos y un bienestar general del país.
*Abogado litigante y defensor de derechos humanos
Twitter: @defensalegalsur
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