Por Jesusa Cervantes(proceso.com.mx).- Paula María murió a los 10 años… por hambre. Pesaba 10 kilos, tenía 10 años y parecía una niña de año y medio debido a sus altos niveles de desnutrición; su pequeño ser no aguantó más años de marginación.
Días después una historia aún más estremecedora: Sol se
suicidó, llevándose con ella a sus dos hijos, Alberto, de 14 años de
edad, y Oscar, de siete. Ella tenía 35 años y nada para darles de comer;
la pobreza la agobiaba.
La realidad estruja el corazón.
También indigna conocer esta otra parte de la realidad mexicana:
El padre de Paula María gana 73 pesos diarios, al mes 2 mil
190, es ayudante de albañil y vive en la extrema pobreza mientras que el
encargado de aplicar programas para abatirla, se lleva 196 mil por mes.
A partir del 1 de enero “y para ajustar los salarios con la
inflación”, el gobierno concederá un incremento poco mayor al 4%, así
que Luis Miranda, titular de Sedesol y responsable de bajas los altos
niveles de pobreza, se embolsará 199 mil pesos en tanto que el padre de
Paula logrará llegar a los 78 pesos por día, es decir, 2 mil 340 pesos
por mes.
“La vida es insoportable cuando la pobreza es tan fuerte que
asfixia”, escribió el reportero Oscar Balderas del portal informativo
Vice México y quien dio a conocer la noticia del suicidio de Sol y
asesinato de sus hijos en un amplio y extraordinario reportaje.
En Noruega, Dinamarca u otro lugar, esta noticia ya sería
motivo de discusión política. Aquí, en cambio, la indolencia de la clase
política no para, comentó alguien que leía indignado ambas tragedias.
Y mientras unos no tienen para dar de comer a sus hijos y
otros prefieren abrir la llave del gas para evitarles más sufrimiento
por hambre, en México se suceden las irracionales sumas que cobran mes a
mes –o se roban cada vez que pueden–, los encargados de impartir
justicia, de aplicar las leyes, de abatir la pobreza, de “gobernar” el
país, por ejemplo:
Un ministro gana 358 mil pesos más una cantidad similar por
aguinaldo; el Presidente Enrique Peña Nieto 280 mil; un consejero
electoral, otros 350 mil; un miembro del Ifetel, 270 mil; un diputado
federal, quien la mayoría de las veces no sabe ni lo que aprueba, 162
mil pesos.
Y el colmo, un director de la Comisión Federal de
Electricidad, 196 mil pesos al mes, pero si tan solo trabaja un año
cinco meses se puede llevar una liquidación de un millón 200 mil pesos,
como fue el caso del ex director y hoy dirigente nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza.
Estas dos historias de muerte y pobreza que están empezando a
surgir, conmocionan e indignan mientras que la otra, la de los altos
sueldos de la clase política o las revelaciones de las insolentes
vestimentas que presumen frívolas primeras damas, como Angélica Rivera,
con sus vestidos de diseñador de 120 mil pesos; o las súbitas fortunas
que alcanzan para financiarse inmuebles como la Casa Blanca de siete
millones de dólares de Peña Nieto y La Gaviota; o las cuentas de banco
de ocho millones de dólares que Estados Unidos abrió del ex gobernador
panista de Sonora, Guillermo Padrés; o la casa en el exclusivo club de
Woodlands en Houston del aún gobernador priista Javier Duarte… y la
lista es interminable. Son parte de nuestra realidad.
Pero lo más trágico de todo parece ser el alto grado de
tolerancia que tiene la ciudadanía, quien así como a partir de 2008 pasó
de la conmoción al saber de la aparición de 24 cuerpos de albañiles
ejecutados en La Marquesa, a la normalidad de saber diariamente sobre
levantados, ejecutados, torturados, descabezados o enfrentamientos
militares.
Esperemos que la escena narrada por Oscar Balderas, donde
aparece “el cuerpo de Sol tendido en el piso a los pies de las dos camas
que había en la recámara. En una estaba Alberto, tan hinchado que su
cuerpo parecía el de un adulto; en la otra, Óscar, acostado de lado,
acompañado por un alebrije de peluche” –muertos por los efectos del gas y
la pobreza–, no se acepten ni se toleren más por todos nosotros… De lo
contrario, el abuso, asesinato y desvergüenza de quienes están en el
poder seguirá.
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