Miles de mujeres vestidas de
luto salieron ayer a las calles en diversas ciudades de Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y otros
países en protesta por el feminicidio de Lucía Pérez, una adolescente
que fue violada, torturada y asesinada hace unos días en Mar del Plata.
Bajo el lema
Miércoles negroy con las consignas
ni una menosy
vivas nos queremos, decenas de organizaciones sociales y políticas secundaron el llamado internacional y la exigencia de alto a los feminicidios, las agresiones sexuales y la violencia machista.
En Argentina, el paro de una hora de mujeres fue acatado por miles;
en otros países tuvo un carácter más reducido, incluso simbólico, y las
marchas y actos callejeros fueron muy disímiles en número. Sin embargo,
esta primera jornada de lucha contra el feminicidio y la violencia de
género puede considerarse un éxito por la resonancia que ha logrado en
los medios y por el impacto conseguido en la conciencia social.
Es de esperar que las sociedades y las instituciones entiendan la
urgencia del llamado y empiecen de inmediato a desactivar la compleja
combinación de factores que inciden en el incremento de los delitos en
contra de las mujeres, de los cuales el feminicidio es el más visible,
extremo y agraviante, pero no el único.
Como han señalado reiteradamente los activismos y las reflexiones
feministas, el asesinato constituye la culminación de agresiones
físicas, sicológicas, laborales y verbales surgidas del desprecio a las
mujeres en el contexto de distorsiones culturales machistas de vieja
tradición. Tales actitudes se han combinado en la actualidad con la
cosificación impulsada por el mercantilismo y el modelo económico y con
una falta de entendimiento del problema por las autoridades e
instituciones que adoptan en automático actitudes y procedimientos
discriminatorios y sexistas.
En el caso de México, la situación se agrava por la impunidad
generalizada que impera en el país, por la inoperancia de los organismos
encargados de prevenir, esclarecer y perseguir los crímenes y por el
quiebre de la confianza en ellos por la población en general. Es por
ello que, a diferencia de naciones azotadas por los feminicidios como
España y Argentina, en la nuestra este delito adquiere dimensiones de
epidemia. Por poner un ejemplo, sólo en el estado de México el promedio
anual de asesinatos de mujeres (344) es superior al de Argentina (275).
Por eso, en nuestro país, las acciones más urgentes e impostergables
deben ser en contra de la impunidad para los victimarios y de la
indolencia de autoridades que, como las de Chihuahua, han sido
exasperantemente omisas durante dos décadas ante los feminicidios que se
cometen en Ciudad Juárez y en otros puntos de la entidad. Aunque
también es necesario, desde luego, elevar a rango de políticas públicas y
de Estado el combate a la discriminación en todas sus formas, la
educación para la equidad y las campañas de prevención de violencia de
género y de apoyo a sus víctimas.
La doble consigna de las movilizaciones de ayer debe ser retomada por
las sociedades a fin de convertir en práctica cotidiana la tolerancia
cero hacia la violencia de género en todas sus expresiones. Sólo así
será posible construir un mundo en el que las mujeres puedan vivir sin
temor a ser discriminadas, agredidas, denigradas, violadas y asesinadas.
Ni una más.
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