Orlando Delgado Selley
La Jornada
Existe un acuerdo
general de que la desigualdad está afectando negativamente el
funcionamiento de las economías. No hay crecimiento económico, mucho
menos desarrollo. Lo que existe es una aguda concentración del ingreso y
miles de millones de personas en condiciones de pobreza. Por eso los
Objetivos de Desarrollo Sustentable han planteado que la meta 10 sea
justamente atacar la desigualdad.
La tesis de que se requiere crecimiento para poder distribuir ha sido
refutada por la experiencia en muchos países, incluido México. En
realidad, lo que se ha probado es que las reformas orientadas al mercado
aplicadas a partir de los años 80 del siglo pasado, han producido en
todos los países mayor concentración. En nuestro caso, el estancamiento
económico interactúa con la desigualdad.
Los mecanismos importantes de esta interacción se localizan en que la
tendencia a la concentración del ingreso y la riqueza limita la
expansión del mercado interno y conduce a un menor crecimiento, al
tiempo que la desigualdad, junto con el estancamiento, fomenta la
criminalidad y la violencia. Hay evidencia sólida que relaciona la
concentración del ingreso con homicidios vinculados con el tráfico de
drogas para los años 2006-2010. Además, el estancamiento promueve la
desigualdad a través del estímulo a la informalidad, que reduce la
productividad y los ingresos de los ocupados informales. Este efecto
reduce el crecimiento de los salarios reales formales, disminuyendo la
participación de los salarios en el ingreso nacional.
En la discusión presupuestal actual es claro que las decisiones del
gobierno Federal, privilegiando los llamados equilibrios fundamentales
respecto de las necesidades del país, agudizarán la concentración del
ingreso y frenarán el crecimiento. Poner en el centro el equilibrio
fiscal y el control de la deuda pública, cuando estamos en presencia de
reducciones significativas de los ingresos por exportaciones, con
impactos mayores en los ingresos públicos, implica que la población con
mayores dificultades en el país, que depende de los programas públicos
para superar la pobreza, verá deteriorarse su difícil situación.
Salir de la trampa del lento crecimiento demanda acciones que
modifiquen sustancialmente el funcionamiento de variables claves. La
desigualdad y la pobreza siguen presentes. Es necesario emprender
políticas públicas, que contengan una visión de largo plazo y aseguren
los derechos humanos y sociales establecidos en la Constitución.
Una posibilidad es la aplicación del ingreso ciudadano universal
(ICU) o la renta básica. El tema ha adquirido relevancia reciente,
impulsado por la Cepal, que ha planteado que el mundo requiere un nuevo
estilo de desarrollo que coloque a la igualdad y a la sostenibilidad en
el centro. Se requiere modificar profundamente las políticas sociales
que se han creado; reconsiderar las políticas sociales, reconociendo las
limitaciones de los enfoques residualistas que han constreñido la
política social a la igualdad de oportunidades y la corrección de fallas
de mercado.
El ICU difiere de los programas asistenciales por sus características
universales y generales. Es independiente de la posición económica de
los individuos, pretendiendo reducir la pobreza extrema. Se propone
resolver la pobreza, incluso antes de que ocurra. Es un ingreso
incondicional que resuelve el carácter paternalista y el manejo
clientelar tan conocido en nuestros países. Puede resolver la trampa de
la pobreza, ya que no constituye el techo, sino el piso a partir del que
cualquier persona considera su ingreso posible.
Aplicarlo en México es posible. De acuerdo con estudios recientes los
pobres en México son entre 60.6 y 63.8 millones de personas, aplicar el
ICU obliga a hacerlo por etapas: primero, con quienes se encuentran en
situación de pobreza alimentaria (24.6 millones), en el primer año
financiado con recursos provenientes de los programas públicos
etiquetados para el combate a la pobreza que ascendieron en 2015 a 400
mil millones. Las etapas
subsecuentes requerirían incrementar la recaudación tributaria. Se trata
de un cambio de rumbo que saque al país de su mediocridad, poniendo en
el centro lo verdaderamente central: resolver la pobreza y disminuir la
desigualdad.
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