By Claudia Villegas
Primero
fueron los vales de despensa y ahora todas las prestaciones de Ley.
Año con año, las empresas dedicadas a la emisión de estos instrumentos
buscan que los legisladores mejoren su visión y acciones parlamentarias
para incrementar la tasa de deducibilidad fiscal. Ahora, sin embargo, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que no existía el
sustento legal para llevar al ciento por ciento la deducibilidad de los
vales de despensa. Mala noticia porque sienta, además, un precedente
muy negativo para otra batalla de los organismos cúpula del sector
privada que buscan también la deducibilidad total para todas las
prestaciones de ley.
El
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, dijo en una entrevista radiofónica que defenderá la
deducibilidad de las prestaciones de ley porque de otra manera el sector
empresarial se estaría dando por vencido en su decisión de demostrar
que sus ganancias son menores si se toma en cuenta los recursos que se
invierten en este rubro.
En México, sólo 7 millones de mexicanos
reciben vales de despensa ante la falta de incentivos para que un mayor
número de empresas se decidan a ofrecer esta prestación a sus
trabajadores. Los vales de despensa resuelven, por cierto, uno de los
rubros más importantes de los hogares, dejando libres otros recursos
para el consumo de las familias.
El CCE y otros organismos como la
Coparmex han prometido que enarbolarán una iniciativa tan agresiva y
contundente como la de la Ley 3de3 que comenzó con la convocatoria a la
población civil para reunir firmas y llegar una propuesta de cambio de
legislación para modificar y aprobar normar para exigir a políticos y
funcionarios públicos la revelación de sus propiedades.
Pasivos de Nuevo León
En
el estado de Nuevo León, en donde en 2014 el gobierno del estado del
entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, reconoció pasivos por 34
mil millones de pesos de deuda directa, se estima que sumando los
pasivos de organismos descentralizados y el pago de intereses por cupón
cero el total de la deuda superaría los 42 mil millones de pesos. La
realidad es que Rodrigo Medina, de acuerdo con el analista, Rafael
Olivares, terminó su gestión con una deuda de 106 mil 77 millones de
pesos, esto es 45 mil millones de pesos de adeudos a proveedores y
contratistas, recursos que no estaban declarados ante la SHCP, lo cual
implica un crecimiento de la deuda a corto plazo del 391 por ciento
durante el sexenio. El riesgo de inestabilidad financiera afectará la
inversión pública en el estado y sus repercusiones impactarán a cientos
de empresas proveedoras, pues las obligaciones de pago de Nuevo León
representan el 229 por ciento del total de sus participaciones
federales. En situación más complicada se encuentran los gobiernos
estatales de Quintana Roo, Coahuila y Chihuahua, con obligaciones de
pago que representan el 280 por ciento, 250 por ciento y 240 por ciento
de sus participaciones.
Nueva licitación en Tijuana
El
organismo de agua potable de Tijuana tendrá una nueva licitación. Ya le
habíamos contado que en este organismo ya se habían registrado algunas
irregularidades vinculadas con la compra de medidores. Una empresa
brasileña se había visto beneficiada y su nombre podría volver a figurar
entre los ganadores. El problema es que ha tenido un historial de sobre
precios y poca calidad en sus productos. Le tendremos más información
de las nuevas licitaciones. Fue hace un año cuando reporté que en las
licitaciones de los sistemas de agua de gobiernos como Tijuana,
Guadalajara y Chihuahua para la adquisición de equipos para el sector
hidráulico, la empresa de origen brasileño Itron, a través de sus
representantes en México, estaba ganando concursos a pesar de que los
medidores de agua presentaban sobre precios hasta de un ciento por
ciento respecto a los que se fabrican en nuestro país. No sobraba decir
que durante muchos años la proveeduría de medidores de agua – un sector
cuyo crecimiento está ligado al de la industria de la vivienda durante
los últimos 15 años – estuvo en manos de empresas mexicanas que lograron
capitalizarse y modernizar sus productos. Itron busca, desde hace un
par de años, cambiar la historia.
El tema nos pareció relevante en
un momento crítico para las finanzas públicas y cuando muchos gobiernos
estatales y municipales enfrentarán problemas para cubrir sus
presupuestos en 2017.
Recibimos varios correos electrónicos
ampliando y refrendado la extraña situación que rodea a esta compañía
extranjera que comienza a ganar mercado en México. La brasileña Itron
tiene una gran racha de “buena suerte”; en licitaciones estatales y
municipales está resultando ganadora con un medidor tipo “C” que promete
enviar información digital para conocer el consumo de agua y, por lo
tanto, los cobros para evitar estimaciones. Esa sola condición debería
permitir que Itron y sus productos pudieran ser adjudicados de manera
directa. Sin embargo, resulta que han decidido participar en
licitaciones y ganar sin problema los concursos convocados por
autoridades locales por ofrecer productos únicos. De esta forma,
mantenían alejada la fiscalización de las sospechosas adjudicaciones
directas y dejan claro que ganan en licitaciones abiertas y
transparentes. El problema con Itron, según nos confirman algunos
lectores de este espacio, es que empresas mexicanas ya lograron
presentar el multicitado medidor de agua clase “C”, con precios menores
que los de Itron, y nada ha cambiado; la brasileña sigue ganando
licitaciones y con mayores precios.
En la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) tendrían que revisar este tema porque si bien es cierto
que se trata de recursos que son ejecutados y administrados por la
entidades estatales y municipales, esta comisión es la responsable del
desarrollo de los programas sectoriales.
Claudia Villegas
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